Primero purgó al ejecutivo e instaló a sus fieles. Después invadió la autoridad del legislativo gobernando a base de decretos. Ahora ha lanzado un asalto frontal contra la rama del poder judicial, el único contrapoder que está siendo capaz de bloquear sus medidas más radicales. Donald Trump cumple hoy tan solo dos meses en el poder, pero sus acciones podrían estar transformando el orden constitucional estadounidense para siempre.
Durante el fin de semana, la Casa Blanca ignoró la orden de un juez federal que había mandado devolver a EE.UU. dos aviones cargados con inmigrantes venezolanos a El Salvador. Trump los expulsó invocando la ancestral ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, que permite la deportación sumaria de personas que hayan participado en una “incursión depredadora” o una “invasión”, y que tan solo se había usado hasta el momento en tiempos de guerra.
El juez James Boasberg determinó que la Administración se había extralimitado en sus funciones al aplicar la ley y que causó un “daño irreparable” a los afectados, por lo que ordenó el regreso de los deportados y bloqueó su uso en el futuro. La Casa Blanca desobedeció y ha desafiado repetidamente la orden al asegurar que el juez no tiene potestad para bloquear la medida. El presidente alega que tiene la autoridad para aplicar la ley del siglo XVIII, pues los deportados son, según afirma, integrantes de la banda criminal del Tren de Aragua, pandilla que ya calificó oficialmente como organización terrorista.
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Cuando una Administración no está de acuerdo con una decisión judicial, tiene la posibilidad de recurrir el fallo. Pero Trump ha ido más allá y pide destituir al juez, al que considera un “activista”, un “agitador” y un “lunático de izquierda radical”. “Este juez, como muchos de los ‘jueces corruptos’ ante los que me veo obligado a comparecer, ¡¡¡debería recibir un IMPEACHMENT!!!”, publicó el martes en su plataforma, Truth Social, en un largo mensaje en sus habituales mayúsculas, en el que desafió la legitimidad del poder judicial frente al ejecutivo. “No fue elegido Presidente ¡NO GANÓ el VOTO popular (por mucho!), no GANÓ TODOS LOS SIETE ESTADOS CLAVE, no GANÓ 2.750 a 525 Condados, NO GANÓ NADA!”, dijo, comparándolo con su victoria en las elecciones, con un 49% de los votos.
El mensaje desató una inusual reprimenda por parte del presidente del Tribunal Supremo, el conservador John Roberts, nominado por George W. Bush. “Durante más de dos siglos, se ha establecido que el juicio político no es una respuesta apropiada al desacuerdo sobre una decisión judicial. Existe un proceso normal de apelación para ese propósito”, dijo Roberts en un comunicado.
Pero ni siquiera el reproche del jefe de la máxima instancia judicial ha frenado sus ataques a la separación y el control mutuo entre las tres ramas del poder federal, un pilar fundamental de la democracia estadounidense, consagrado en los tres primeros artículos de la Constitución.
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La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, definió ayer la orden judicial como un “atroz abuso de poder” e insistió en que la justicia “no tiene la autoridad” para frenar las medidas ilegales del presidente, cuando esa es precisamente una de sus principales funciones. Leavitt señaló que “tenemos jueces que actúan como activistas partidistas desde el banquillo. Están tratando de dictar la política del presidente. Están intentando ralentizar la agenda de esta administración”.
La Casa Blanca denuncia un “atroz abuso de poder” por parte de “jueces que actúan como activistas”
“No permitiremos que eso ocurra. No sólo están usurpando la voluntad del presidente y del jefe ejecutivo, sino que están socavando la voluntad del pueblo, de decenas de millones de estadounidenses que eligieron a este presidente para aplicar las políticas que salen de esta Casa Blanca”, añadió la secretaria de prensa.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que ya ha encerrado a los 250 venezolanos deportados en su Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), respondió a la orden del juez con un emoticono de burla, acompañado de un “ups... Demasiado tarde”. Ayer, publicó otro tuit, que superó los 80 millones de visualizaciones, en el que afirmaba que “EE.UU. está sufriendo un golpe de Estado judicial”. El propietario de la red social X y mano derecha de Trump, Elon Musk, reiteró con insistencia en la plataforma el mensaje oficial de la Casa Blanca: “En más de dos siglos nunca se había producido un abuso tan extremo del sistema judicial por parte de activistas que se hacen pasar por jueces. Destituidlos”.
John Michael Luttig, un influyente jurista conservador, afirma que “EE.UU. se encuentra en una crisis constitucional”
Mientras la Casa Blanca recurre el caso, que tiene visos de terminar en el Tribunal Supremo, afirma que no retrocederá y seguirá expulsando a inmigrantes en base a la ley de Enemigos Extranjeros. Este desprecio a la justicia ha indignado al Partido Demócrata, pero también a influyentes representantes de la derecha en EE.UU. Entre ellos, el ex juez John Michael Luttig, uno de los juristas más prominentes del conservadurismo en el país.
En una entrevista en MSNBC, Luttig señaló ayer que el EE.UU. “se encuentra en una crisis constitucional”. “El presidente ha declarado la guerra al Estado de Derecho en América. Ha dirigido un ataque frontal contra la Constitución, el Estado de Derecho, el poder judicial federal, el sistema judicial estadounidense y la profesión jurídica del país”, afirmó.
“El papel constitucional del presidente es ejecutar fielmente las leyes. No hace falta decir que está haciendo cualquier cosa menos eso. La mayoría de los constitucionalistas están de acuerdo desde hace tiempo en que existe una crisis constitucional cuando el presidente desafía una orden judicial. Eso es lo que Trump está haciendo hoy y lo que parece que pretende hacer en el futuro”.