Giorgia Meloni esperó hasta la víspera del 8 de marzo para anunciar la introducción de un nuevo delito: el feminicidio. Quienes lo cometan serán castigados con la pena máxima: cadena perpetua.
El feminicidio no es solo el asesinato de una mujer, sino un crimen motivado por la dominación, el control o la posesión, resultado de una relación de subordinación frente a los hombres.
Por ahora, la medida es solo un proyecto de ley y deberá seguir un largo recorrido legislativo, por lo que, en este momento, se percibe principalmente como una propuesta de alto valor simbólico. Sin embargo, las cifras son alarmantes: en Italia, en 2024, cada tres días un hombre ha asesinado a una mujer.
En Italia, el homicidio ya está tipificado como delito, y en los últimos años se han aprobado varias leyes para combatir la violencia de género, tanto con medidas preventivas como con penas más severas
Para Meloni, tipificar el feminicidio como un delito autónomo representa “otro paso adelante” dentro de la estrategia que el gobierno ha estado implementando “desde su toma de posesión” para combatir la violencia contra las mujeres.
El proyecto de ley prevé agravantes y aumentos de penas para delitos como maltrato, acoso, violencia sexual y difusión no consentida de material íntimo (revenge porn). También endurece las sanciones por la práctica de mutilaciones genitales femeninas, que afectan a muchas mujeres migrantes en Italia.
Asimismo, establece penas más severas para quienes causen lesiones permanentes en el rostro, como las provocadas por ataques con ácido, que han dejado numerosas víctimas. También endurece las sanciones para el homicidio preterintencional, la interrupción forzada del embarazo, el acoso reiterado y la coerción de una mujer para cometer o sufrir abusos sexuales.
La reforma también afecta a los magistrados: los fiscales deberán interrogar directamente a las víctimas, sin delegar en la policía judicial. Además, recibirán una formación obligatoria más amplia.
Por otro lado, el proyecto de ley limita el acceso a beneficios penitenciarios para quienes cometan delitos bajo el “Código Rojo” e introduce el derecho de las víctimas a ser notificadas cuando el agresor condenado sea liberado por la concesión de medidas de reducción de pena.