Las sanciones de Donald Trump sobre la Corte Penal Internacional (CPI) han generado una ola de indignación en gran parte de la comunidad internacional. Mientras el alto tribunal, con sede en La Haya, ha condenado las medidas de la Casa Blanca y ha prometido seguir desempeñando su labor para defender los derechos humanos, casi ochenta países han declarado su apoyo “inquebrantable” hacia la corte, en un comunicado que sin embargo, no han firmado líderes de aliados de Trump en Europa como Italia o Hungría.
“Reafirmamos nuestro apoyo continuo e inquebrantable a la independencia, imparcialidad e integridad de la CPI”, reza la declaración. Este grupo de países también advierten que las sanciones “aumentan el riesgo de impunidad para los crímenes más graves” y “amenazan con erosionar el estado de derecho internacional, que es crucial para promover el orden y la seguridad mundiales”. Además, avisan que ponen en riesgo la confidencialidad de información delicada y la seguridad de los implicados, incluidas víctimas, testigos y funcionarios.
Reacciones
El alto tribunal defiende a su personal y su “labor judicial independiente e imparcial”
Entre los 79 firmantes de esta declaración se encuentran dos tercios, provenientes de todo el mundo, de los 125 estados miembros del tribunal establecido para la persecución de los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de agresión. Entre ellos se encuentran España, Francia o Alemania. La CPI comenzó a trabajar en el 2002, después de que se aprobara el Estatuto de Roma, pero ni EE.UU., ni Rusia, China o Israel le dan apoyo porque temen que pueda perseguir, por motivos políticos, a sus ciudadanos.
Además de Italia e Hungría, tampoco han firmado su apoyo otros países como República Checa o Argentina. Mientras Viktor Orbán ya ha declarado públicamente su apoyo a Trump en estas sanciones, el movimiento italiano llega después de que la justicia italiana esté investigando a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por la gestión de la repatriación del general libio Osama Almasri, liberado y devuelto a su país en un avión del Estado a pesar de una orden de arresto de la CPI.
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Las condenas mundiales responden a una orden ejecutiva de Trump con la que impone sanciones a la CPI por “atacar indebidamente” a EE.UU. e Israel. El decreto incluye sanciones financieras y restricciones de visado contra empleados del tribunal de La Haya que hayan trabajado en investigaciones sobre ciudadanos o aliados de EE.UU.. El texto también criticaba la decisión tomada por la CPI el pasado noviembre, cuando emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Beniamin Netanyahu, su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, y altos mandos de Hamas. Según Trump, se trata de una “equivalencia moral vergonzosa”.
En un breve comunicado, la CPI ha levantado la voz este viernes las sanciones impuestas por el presidente de EE.UU. e hizo un llamamiento a sus estados miembros, a la sociedad civil y a todas las naciones del mundo “para que permanezcan unidos en favor de la justicia y los derechos humanos fundamentales”. “La CPI condena la emisión por parte de EE.UU. de una orden ejecutiva que pretende imponer sanciones a sus funcionarios y perjudicar su labor judicial independiente e imparcial”, ha lamentado el tribunal. La entidad también subraya que “apoya firmemente a su personal” y también “se compromete a seguir proporcionando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo, en todas las situaciones que se le presenten”.
La UE ha cerrado filas con el tribunal de la mano de las máximas autoridades europeas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dejado claro que “debe poder proseguir libremente la lucha contra la impunidad mundial”. “Sancionar a la CPI amenaza la independencia de la corte y socava el sistema de justicia penal internacional en su conjunto”, ha advertido el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que el jueves se reunió con el presidente del organismo, Tomoko Akane.
La UE cierra filas
Von der Leyen avisa que “debe poder proseguir libremente la lucha contra la impunidad mundial”
El ministro de Exteriores holandés, Caspar Veldkamp, se ha sumado a las críticas ha lamentado las sanciones. “La labor del tribunal es esencial en la lucha contra la impunidad. Nuestro país tiene una gran reputación y responsabilidad como país anfitrión de importantes instituciones jurídicas internacionales”, ha dicho.
El Reino Unido también señaló que apoya la independencia del alto tribunal y no tiene intención de sancionar a sus funcionarios, según un portavoz de Downing Street. El canciller alemán, Olaf Scholz, asegura que las sanciones pueden poner en riesgo una institución “que se supone que debe garantizar que los dictadores de este mundo no puedan simplemente perseguir a la gente y comenzar guerras”. Ucrania, por su parte, ha quedado preocupada: deseó que el movimiento de Washington no impida a la corte castigar los crímenes rusos.
