El próximo 20 de febrero, el G20 se reunirá en Sudáfrica. Pero el miembro más importante del grupo, Estados Unidos, no acudirá. ¿El motivo? Que el país anfitrión “está haciendo cosas muy malas”, según dijo este miércoles el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
Esas palabras son una vuelta de tuerca más en una crisis diplomática que se inició el pasado domingo, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que cortará toda ayuda económica a Sudáfrica, donde “están pasando cosas terribles”. En un mensaje difundido a través de su plataforma Truth Social, Trump aseguró que el país africano “está confiscando tierras” y tratando “muy mal a cierta clase de personas”.
La ley de expropiación de tierras sudafricana, la diana de las críticas
Aunque no lo mencionó explícitamente en su mensaje, Trump se estaba refiriendo a la nueva ley de expropiación de tierras sudafricana, aprobada por el presidente Cyril Ramaphosa el pasado 23 de enero. Esta norma, que ha sido objeto de un intenso debate parlamentario durante cinco años y que deroga una ley anterior de la época del apartheid, permite la expropiación de tierras por parte del Estado sin que haya compensación en casos en que sea “justo y equitativo y de interés público” hacerlo. Hasta ahora, la ley obligaba al Estado a indemnizar siempre a los terratenientes expropiados, ya que se regía por el principio “vendedor dispuesto, comprador dispuesto”.
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La nueva normativa surgió para corregir las desigualdades que durante décadas propició el régimen del apartheid. El 72% de las tierras de Sudáfrica pertenecen a la minoría blanca, que integra cerca del 7% de la población. Los promotores de la ley creen que las expropiaciones pueden facilitar el acceso de la población negra a tierras que llevan tiempo en desuso, y para cuyos propietarios no tienen planes de futuro. Los detractores, entre los que se encuentra la segunda fuerza del país, que forma parte del Gobierno de coalición presidido por Ramaphosa, consideran que la norma es anticonstitucional y pone en riesgo los derechos de los terratenientes, exponiéndolos a confiscaciones arbitrarias.
La postura de Sudáfrica en Ucrania y Gaza, contraria a los intereses de EE.UU.
Sudáfrica es el principal socio comercial de Estados Unidos en el continente africano, aunque en los últimos tiempos la relación entre los dos países se ha tensado por asuntos geopolíticos. Sudáfrica ha mantenido hasta ahora una posición neutral ante la guerra en Ucrania, y además es el país que inició el proceso contra Israel en la Corte Internacional de Justicia por el supuesto “genocidio” cometido en Gaza. Dos posturas que chocan de lleno con los intereses estadounidenses.
El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, en Ciudad del Cabo, este jueves.
Estas diferencias —sumadas a la presencia de Sudáfrica en los BRICS, un bloque en el punto de mira del nuevo inquilino de la Casa Blanca— podrían explicar el súbito interés de Trump por debilitar al país. Aunque quizás la razón de este ataque haya que buscarla en una figura que hoy parece ejercer un poder omnímodo sobre la Administración estadounidense, a pesar de que oficialmente no forma parte de ella: Elon Musk.
El interés de Musk por desplegar Starlink en Sudáfrica, posible origen del conflicto
El hombre más rico del mundo es de origen sudafricano —su infancia y adolescencia transcurrió entre Pretoria y Durban—, y en 2023 ya se pronunció contra el Gobierno de Ramaphosa, acusándolo de tibieza ante el supuesto llamamiento del líder izquierdista Julius Malema al “genocidio” de granjeros blancos. Y el pasado lunes se sumó a los ataques de Trump, cargando en un mensaje en X contra las “racistas leyes de propiedad” sudafricanas.
Precisamente, en esas leyes de propiedad podría estar el origen de la crisis diplomática abierta por Trump en alianza con Musk. El propietario de Tesla y X hace tiempo que negocia con el Gobierno sudafricano el despliegue de su servicio de internet por satélite, Starlink. Pero Musk ha topado con un escollo aparentemente insalvable: la legislación sudafricana impide otorgar licencias a empresas de telecomunicaciones que no tengan al menos un 30% de propiedad negra.
Musk se reunió con Ramaphosa en septiembre del año pasado en Nueva York para intentar forzar un cambio legislativo que le permita operar en Sudáfrica, pero todavía no se ha encontrado la fórmula para esquivar unas exigencias que vienen marcadas por la Constitución del país. Este lunes, después de que Trump amenazara con cortar los fondos destinados a Sudáfrica, Ramaphosa llamó por teléfono a Musk, aunque no ha trascendido el contenido de su conversación.
De momento, la crisis sigue abierta. El jueves, un día después de que Marcos Rubio anunciara su ausencia en el G20, Ramaphosa dijo que su país “no se dejará intimidar”, pero que seguirá apostando por la cooperación.
Para Sudáfrica, la ruptura de relaciones sería una catástrofe. El país recibe de su socio alrededor de 500 millones de dólares al año en asistencia, la gran mayoría para su programa de VIH. El más grande del mundo.
