Donald Trump quiere incidir en su segundo mandato en la guerra comercial con Pekín que ya caracterizó su primera administración. Ha prometido unos aranceles del 60% al 100% para las importaciones chinas, y del 200% para algunos productos, como los vehículos eléctricos. El elegido para llevar a cabo este plan es el banquero Howard Lutnick, director ejecutivo de la empresa financiera Cantor Fitzgerald, a quien el presidente electo nombró como secretario de Comercio de su futuro gabinete. Desde su designación, que debe ser aprobada por el Senado, varios legisladores han señalado un conflicto de intereses por sus negocios con China.
Una de sus empresas, BGC Group, tiene una participación del 33%, valorada en 28 millones de dólares, en una sociedad conjunta en Pekín con China Credit Trust, propiedad del Estado chino a través de la compañía estatal China People's Insurance Company, vinculada al gigante tecnológico Huawei. Durante su primer mandato, Trump sancionó a esta empresa de manera preventiva, ante el temor de que pudiera espiar a sus usuarios, y prohibió hacer negocios con Huawei alegando motivos de seguridad nacional.
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La joint venture, conocida como China Credit BGC Money Broking Company Limited, obtuvo su licencia para operar en Pekín en el 2010. Se convirtió, según Reuters, en la primera asociación empresarial sino-extranjera de inversión de divisas a la que la Comisión Reguladora Bancaria de China ha concedido una licencia comercial para operar en Pekín.
Por otro lado, su empresa principal, Cantor Fitzgerald ha ayudado a salir a bolsa a compañías chinas en Estados Unidos y hacerse un hueco entre los inversores del país. La empresa suscribió el año pasado la emisión pública de acciones de la biotecnológica china Adlai Nortye en el Nasdaq. Se convirtió así en la primera china en cotizar en la bolsa estadounidense desde que Pekín cambió la regulación para obligar a sus empresas a obtener un registro especial antes de poder cotizar en el extranjero.
Además, Cantor Fitzgerald también fue el principal suscriptor de otras dos operaciones, en el 2015 y el 2019, para la salida a la bolsa estadounidense de las compañías chinas GD Culture Group (matriz de la empresa de inteligencia artificial AI Catalysis Corp.) y Aesthetic Medical International, aunque esta última dejó de cotizar en Nasdaq a principios de este año.
Ron Widen, senador demócrata: “Los conflictos de intereses de Lutnick en China parecen ser sustanciales”
Estos vínculos han generado dudas sobre la posibilidad de que influyan en la toma de decisiones del futuro secretario de Comercio, especialmente en el Senado estadounidense, que votará en enero sobre su confirmación. “Los conflictos de intereses de Lutnick en China parecen ser sustanciales”, afirmó el senador demócrata Ron Wyden, que preside la comisión de Finanzas del Senado: “¿Cómo puede el pueblo estadounidense esperar que alguien que está en nómina del Gobierno chino ayude a nivelar las condiciones con China para los trabajadores estadounidenses?”
Se añadió a las críticas el senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, actual presidente de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Servicios Armados en el Congreso. Kaine pidió que Lutnick “sea interrogado sobre sus conexiones financieras con adversarios de Estados Unidos. Es crucial que la máxima prioridad de nuestro secretario de Comercio sea el pueblo estadounidense, no sus negocios personales”.
Lutnik no es el único hombre de la futura administración de Trump con intereses en China. También los tiene el elegido para liderar –junto a Vivek Ramaswamy– el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental, Elon Musk, propietario de Tesla y SpaceX. La compañía de vehículos eléctricos abrió una gigafactoría en Shangai en el 2019, con el beneplácito del gobierno chino. Se convirtió en la primera compañía automotriz extranjera que no estaba obligada a formar una joint venture con una contraparte china para ello.
Howard Lutnick mira atentamente a Elon Musk durante el mitin de Donald Trump, en el Madison Square Garden, en Nueva York
De hecho, en julio, antes de apoyar públicamente a Trump se describió a sí mismo como “algo pro-China” en una conversación con congresistas. Además, en mayo se opuso a la medida económica estrella de Trump, los aranceles a los vehículos eléctricos chinos. En respuesta a los nuevos aranceles implementados por Biden, que mantuvo los del mandato de Trump y cuadriplicó los del vehículo eléctrico a más del 100%, Musk aseguró que “ni Tesla ni yo hemos pedido estos aranceles, de hecho me han sorprendido cuando han sido anunciados. Todo aquello que inhiba la libertad de intercambio o distorsione el mercado no es bueno”.
Antes del anuncio oficial de Trump de considerar a Lutnick como secretario de Comercio, Musk se pronunció públicamente en su defensa como secretario del Tesoro, cargo para el que había sido considerado, junto a Scott Bessent, otro de los favoritos: “Bessent representa más de lo mismo, mientras que Lutnick realmente impulsará cambios. Seguir la misma fórmula de siempre es lo que está llevando a Estados Unidos a la bancarrota”, afirmó, tras conocer que el republicano se había reunido con Bessent en Mar-a-Lago.
Musk y Lutnick podrían ser el comodín de Pekín en un gobierno formado por halcones
En un gobierno formado por halcones beligerantes contra China, como el senador Marco Rubio (nombrado secretario de Estado) o Pete Hegseth (secretario de Defensa), figuras como Lutnick y Musk podrían ser el comodín de Pekín para suavizar los aranceles o amenazar a sus respectivas empresas para influir sobre las acciones de la Casa Blanca.
Aunque ley estadounidense prohíbe a cualquier funcionario del poder ejecutivo participar “personal y sustancialmente” en un “asunto particular” en el extranjero que pueda afectar a sus intereses financieros, en el caso de Lutnick tan solo tendría un impacto indirecto, según Reuters, pues sería secretario de Comercio. En el caso de Musk, pese a que la política comercial sí afectaría directamente a sus empresas, su Departamento de Eficiencia Gubernamental no sería una agencia federal, sino una comisión externa destinada a auditar la administración y recomendar medidas para recortar el gasto público en 2 billones de dólares.
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