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Chile aprueba la semana laboral de 40 horas

Con amplio consenso

Es el tercer país de Latinoamérica en reducir la jornada de trabajo, tras Ecuador y Venezuela

En el centro, las ministras de Trabajo, Jeannette Jara, y la ministra portavoz y Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, junto a diputados progresistas, celebran la aprobación de la ley, el martes en el Congreso chileno, en Valparaíso 

Cámara de Diputados de Chile / EFE

Chile se convertirá en el tercer país de Latinoamérica en implantar la semana laboral de 40 horas, tras Ecuador y Venezuela. Mientras en muchos países de Europa hace años que se debate reducir la jornada a 35 horas, al otro lado del Atlántico trabajar hasta 48 horas semanales es aún la norma habitual.

La ley fue aprobada por el Parlamento chileno el martes y será promulgada por el presidente izquierdista Gabriel Boric el próximo 1 de mayo, Día del Trabajador.

No obstante, la reducción laboral no entrará plenamente en vigor hasta el 2028, puesto que la norma establece que durante el primer año de la ley se pase de 45 a 44 horas semanales; a 42 horas a partir del tercer año; y solo a 40 horas el quinto año de vigencia de la nueva medida.

Sin embargo, los empresarios podrán anticipar la reducción si lo solicitan y también podrán organizar jornadas de trabajo de 10 horas, siempre y cuando el trabajador descanse tres días.

Consenso empresarial y sindical

La medida cuenta con el apoyo de la patronal y los principales sindicatos

La medida cuenta con el apoyo de la patronal chilena, Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), y del principal sindicato del país, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que durante la negociación se concentró en evitar que la reducción de la jornada comportase una bajada del salario como pretendían los empresarios. Sindicatos minoritarios se opusieron al redactado de la ley porque consideran que permite demasiada flexibilidad en su aplicación.

En el ámbito político, el consenso ha sido casi total, puesto que la ley fue aprobada por unanimidad en marzo por el Senado y, el martes, el Congreso la convalidó con 127 votos a favor, tres abstenciones y solo 14 votos en contra.

Consenso político

La ley ha tenido unanimidad en el Senado y muy pocos votos en contra en el Congreso

La semana laboral de 40 horas es uno de los primeros tantos que puede apuntarse Boric, que llegó al poder hace un año con una ambiciosa agenda progresista que se ha visto frenada, en parte, por el rechazo de la población al proyecto de nueva Constitución en el referéndum celebrado en septiembre pasado.

El rechazo al proyecto constitucional sirvió para constatar un cierto enfriamiento de la voluntad de una mayoría de chilenos de introducir cambios demasiado radicales, tal y como se había interpretado con la victoria de Boric.

La consecuencia directa del rechazo fue la reformulación de un nuevo proceso constituyente donde los sectores conservadores tendrán más peso. Y también que Boric se vio obligado a introducir cambios en su gabinete para dar entrada a ministros socialistas y bacheletistas, en detrimento de los más radicales, en el marco de la coalición de gobierno entre el bloque izquierdista Apruebo Dignidad y el grupo socialdemócrata Socialismo Democrático.

Tras la aprobación de la ley, Boric lo celebró con un mensaje en Twitter. “¡Aprobadas las 40 horas! Tras muchos años sumando apoyo y dialogando, hoy por fin podemos celebrar la aprobación de este proyecto que reduce la jornada laboral, un proyecto profamilia que apunta al buen vivir de todas y todos”, tuiteó el presidente. “El mandato de nuestro Gobierno es avanzar hacia una mayor justicia y no me cabe ninguna duda que mejoras como las 40 horas son indispensables para acercarnos a un nuevo Chile, uno más justo y una vida más plena. ¡Avanzamos!”, agregó Boric.

La histórica reducción de la jornada laboral se da en uno de los países más liberales del mundo. De hecho, la nueva Constitución apunta a corregir el modelo económico ultraliberal introducido por la dictadura de Pinochet en 1980 mediante una Carta Magna que aún está vigente.

El proyecto de ley original fue presentado en el 2017 por dos diputadas comunistas, Camila Vallejo y Karol Cariola, aunque fue bloqueado por el centroderecha durante estos años. Hoy el Partido Comunista forma parte del Gobierno de Boric y Vallejo es su portavoz.

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