La justicia filipina condenó a un policía a cadena perpetua por el brutal asesinato de dos jóvenes durante la ‘guerra contra las drogas’ impulsada por el expresidente, Rodrigo Duterte. Esta no es la primera condena que recae sobre los cuerpos policiales, ya que en 2018 tres policías fueron igualmente sentenciados por el asesinato de un menor de edad.
Esta lucha para evitar el consumo y tráfico de drogas en la capital de Filipinas, impulsada por él aquel entonces presidente, se saldó, según informan algunas oenegés, con 27.000 muertos en las diversas redadas policiales. Los agentes se beneficiaron de un clima de impunidad que ha provocado que las autoridades solo reconozcan 6.200 muertes.
34.000 euros y cadena perpetua
El policía Jeffrey Pérez ha sido condenado a pagar unos 34.000 euros a las familias de cada fallecido y a la pena máxima de prisión por asesinar y torturar a Reynaldo Kulot de Guzman, menor de edad, y a Carl Angelo Arnaiz (19 años) el 17 de agosto de 2017.
La sentencia se emitió el pasado 10 de noviembre, aunque diversos medios locales ya filtraron en las horas previas la decisión del juzgado. Se ha conocido que otro agente imputado por el mismo crimen, Ricky Arquilita, falleció en prisión hace tres años a causa de hepatitis.
Sentencia mayor por falsas acusaciones
La versión de los agentes defiende que los jóvenes fallecidos estaban traficando con drogas y oponiendo resistencia armada, además, apuntan que Arnaiz robó un taxi y les disparó en repetidas ocasiones.
El juez dictaminó que esas acusaciones eran falsas y condenó al policía por falsificación de pruebas, ya que, según el magistrado, Perez y su compañero colocaron una bolsa de marihuana, otra de metanfetamina y una pistola junto al cuerpo de Arnaiz.
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El cuerpo del menor fue hallado el 28 de agosto y presentaba 25 puñaladas en su cuerpo, por otro lado, el de Arnaiz se encontró cuatro días antes con varios disparos y profundas heridas en su rostro. Las autopsias demostraron que este daño lo habían sufrido estando vivos, por lo que fueron torturados hasta que fallecieron.
Diversas organizaciones de derechos humanos han celebrado la sentencia, aunque lamentan que no se juzguen más casos como este. La Corte Penal Internacional (CPI), que investiga desde 2021 los presuntos crímenes cometidos durante 'la guerra contra las drogas' de Duterte, emitió el miércoles un comunicado aplaudiendo el fallo.
Los representantes de la Corte han tenido denegada la entrada al país, ya que Duterte sacó al Filipinas del organismo en 2019, pero consideran que pueden investigar los actos previos a esta separación.
Los representantes de la corte, no obstante, no han podido entrar en Filipinas durante sus pesquisas, ya que Duterte sacó al país del organismo en 2019 y bloqueó la entrada de los investigadores, aunque estos consideran que pueden investigar los crímenes que se cometieron previo a esa fecha.
El actual presidente mantiene el veto
El actual presidente filipino, Ferdinand Marcos, que sustituyó a Duterte desde el 30 de junio y cuenta con la hija de este como vicepresidente, también se niega a permitir la entrada de la CPI, alegando que el país asiático "tiene los medios" para investigar lo ocurrido.
Sin embargo, Filipinas solo cuenta con dos médicos forenses, una de las cuales, la doctora Raquel Fortun, reveló el pasado junio que decenas de certificados de defunción fueron falsificados por la policía, a la vez que denunciaba la inacción de las autoridades para investigar seriamente las miles de muertes acaecidas.