Los procesados se disponían a librar “una lucha sangrienta y desesperada” para mantener a Donald Trump en el poder. Una batalla, la del asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021, que inevitablemente conduciría a “una guerra civil” porque ya era tarde para evitar otra salida. “Prepara tu mente, cuerpo y espíritu”, dijo por ello a los suyos, en diciembre del 2020, el líder de la “milicia” ultra Oath Keepers (Guardianes del Juramento), Stewart Rhodes. Sus indicaciones y bravatas, transmitidas en mensajes encriptados cuando él y su banda preparaban la insurrección, pueden costarle hasta 20 años de cárcel.
Rhodes, licenciado en Derecho por Yale devenido en presunto golpista, encabeza el banquillo de los acusados en el juicio que contra un total de cinco dirigentes del grupo de extrema derecha se celebra desde esta semana en Washington. El fiscal les atribuye un delito de conspiración para la sedición por los hechos del 6-E. Es el proceso penal más importante, por ahora, entre los celebrados contra los involucrados en la intentona instigada por Donald Trump para revertir los resultados de las presidenciales que Joe Biden le ganó el 3 de noviembre del 2020. Otros cuatro importantes miembros de Oath Keepers serán juzgados en noviembre.
Según las cuantiosas pruebas acumuladas por el FBI y la Fiscalía, Rhodes y sus cómplices Kelly Meggs, Thomas Caldwell, Jessica Watkins y Kenneth Harrelson pasaron meses planeando atacar el Capitolio de los Estados Unidos. A través de aplicaciones de mensajería encriptada cuyas barreras derribarían los investigadores, los acusados prepararon tácticas, organizaron entrenamientos y acumularon armas para un choque en la sede del Congreso.
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Según la Fiscalía, Rhodes y sus cómplices pasaron meses planeando atacar el Capitolio de los Estados Unidos
Rhodes y los suyos llegaron a establecer unas “Fuerzas de Reacción Rápida” sólidamente armadas en el hotel Comfort Inn en Arlington, Virginia, a 15 kilómetros del Capitolio. La formación estaba presta a salir con esas armas, rumbo al parlamento federal de EE.UU., si Rhodes u otros cabecillas del grupo daban la orden, siempre según la Fiscalía.
Las fuerzas en cuestión no llegaron a activarse de ese modo. Pero un destacamento de los Guardianes del Juramento encabezado por su número uno en Florida, Kelly Meggs, marchó hacia el Capitolio en formación militar -en fila y con las manos de cada cual en el hombro del compañero de delante- y, una vez dentro del edificio, agredieron a los agentes del orden que se encontraron. También buscaron a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, obviamente con intenciones poco amistosas. No dieron con ella.
Un segundo grupo dirigido por el responsable del grupo en Alabama, Joshua James, quien se declaró culpable de conspiración sediciosa en marzo y coopera con el Ministerio público, entró asimismo en el Capitolio y participó en las palizas a los agentes.
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Más de uno de los convocados para el jurado comparó la insurrección con los ataques del 11-S
Rhodes no está acusado de entrar en el Congreso. Pero después de la insurrección, él y otros acusados siguieron planeando acciones violentas para ayudar a Trump a volver a la Casa Blanca. La Fiscalía cuenta con testimonios de lo que hablaron en este sentido durante una cena, la noche del 6 de enero, en un restaurante de la cadena Olive Garden en Virginia.
En un escrito presentado ante el tribunal hace unos días, los abogados del líder de los Guardianes, James Bright y Phillip Linder, alegan que Rhodes carecía de toda intención e incluso del conocimiento de haber cometido el delito. Estaba convencido, aseguran, de que su acción quedaría amparada legalmente porque en cualquier momento de aquel 6 de enero Donald Trump invocaría la Ley de Insurrección, de 1807, y llamaría a su formación a título de “milicia no organizada” para frenar la certificación de lo que consideraban una elección fraudulenta. La legión de Rhodes también combatiría legalmente a los antimanifestantes que seguramente defenderían la confirmación de Biden.
Pero la estrategia de defensa sobre la base de una ley de más de dos siglos se considera arriesgada y difícil de sostener, señalan los expertos. Sobre todo porque Trump no llegó a invocar esa vieja legislación y porque, aún así, los Guardianes del juramento participaron en el intento de golpe. Otra cosa es que al final se demuestre que, como de hecho intentan verificar y probar la Fiscalía y el comité investigador del 6-E en el Congreso, Trump mantuvo contactos con esa y otras organizaciones directamente implicadas en la insurrección, incluida también la de los Proud Boys (Muchachos orgullosos).
“Será una lucha sangrienta... que llegará a una guerra civil”, dijo Stewart Rhodes
En todo caso, el juicio contra Rhodes y compañía, que se espera que dure entre cinco y siete semanas, se considera crucial dentro de la respuesta del Estado de Derecho estadounidense ante el que se tiene por el más grave ataque a su democracia. Más de uno de los ciudadanos convocados para formar parte del jurado -dos que se sepa- compararon el asalto al Capitolio con los ataques de Al Qaeda el 11 de septiembre del 2001.
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