Donald Trump y dos de sus abogados, Evan Corcoran y Christina Bobb, afrontan posibles cargos penales de obstrucción a la justicia en una investigación del Gobierno por haber “ocultado” los documentos secretos que finalmente el FBI halló en la mansión del expresidente en Florida, Mar-a-Lago, el pasado 8 de agosto. La posible imputación aparece sugerida en un contundente informe de la Fiscalía General y Departamento de Justicia de Estados Unidos en respuesta a la última maniobra legal del dirigente y su equipo: la solicitud, a la juez federal que se ocupa del caso, del nombramiento de un experto independiente que supervise la revisión de tales documentos y se asegure de excluir los que son personales o contienen información protegida por la relación entre abogado y cliente.
La Fiscalía alude en su escrito a una “probable obstrucción” mediante la “ocultación y extracción de registros del Gobierno”, registros que se habrían sacado de una sala de almacenamiento de Mar-a-Lago para llevarlos a un despacho de Trump en la propia casa. Tal obstrucción constituiría un delito que se vería agravado por el hecho de que los documentos en cuestión, que el expresidente se había llevado ilegalmente de la Casa Blanca para después ocultar parte de ellos a los responsables de la indagación correspondiente, contenían información altamente secreta y comprometedora para espías y fuentes de Inteligencia de la nación.
Lee tambiénTrump se llevó a casa papeles secretos que comprometían "fuentes humanas clandestinas de inteligencia"
Aunque la “obstrucción” ya se había citado en la orden de registro del 8 de agosto, junto con posibles delitos de destrucción de documentos oficiales y contra la ley de Espionaje, es en el informe que la Fiscalía acaba de emitir donde la acusación se desarrolla y se explica en detalle por vez primera.
Trump y sus abogados habrían perpetrado el delito al mentir al Departamento de Justicia y el FBI cuando, por escrito y de palabra, les aseguraron que en entregas anteriores ya habían devuelto la totalidad de documentos que el exmandatario se había llevado de la Casa Blanca. Una de estas mentiras la materializaron los letrados cuando el 3 de junio, en cita previamente concertada en Mar-a-Lago, entregaron a tres agentes federales y un fiscal un sobre con 38 documentos clasificados, incluidos cinco marcados como confidenciales, 16 como secreto y 17 como máximo secreto.
La indicación clara de que se cometió un delito no garantiza que el fiscal formule cargos, avisan los expertos
Al hacer la entrega, los abogados aseguraron que ya no quedaban más papeles secretos en la casa de Trump. Pero enseguida los investigadores supieron, a través de testigos, que eso no era cierto. Y el 8 de agosto hallaron allí, tanto en la sala de almacenamiento como en el despacho de Trump, “36 piezas de evidencia con más de 100 registros clasificados”.
La Fiscalía acompañó este relato con una foto del material hallado, incluidas las cubiertas de documentos confidenciales, secretos y de “alto secreto”.
Lee tambiénBiden confía ahora en retener la doble mayoría de los demócratas en el Congreso
La indicación por el Ministerio público de delitos imputables a Trump y los dos letrados aludidos no implica que el fiscal vaya a presentar efectivamente cargos. Según coinciden todos los expertos, no es descartable que el departamento limite la imputación a los abogados o incluso no llegue a formular acusación alguna y así eluda la que sería la primera y muy peliaguda incriminación de un expresidente del país.
De momento, el equipo de Trump defendió este jueves, en audiencia ante la juez federal Aileen Cannon, su petición de que se designe a un experto independiente que supervise la revisión de los documentos, ello a pesar de que el FBI ya terminó su propia revisión. La solicitud, supuestamente destinada a garantizar la exclusión de papeles privados o protegidos por el secreto en la relación con los abogados, parece buscar una dilación del proceso. Lo ideal para Trump sería retrasarlo hasta un cambio de gobierno... y de fiscal general de Estados Unidos.
El expresidente trata de dilatar el proceso con la petición de un experto independiente que la Fiscalía rechaza por considerarlo innecesario
El Departamento de Justicia se opuso a la petición del experto al considerar su intervención innecesaria e infundada. La juez Cannon, nominada para el cargo por Trump en mayo del 2020, señaló antes de la vista de ayer que tenía la “intención preliminar” de acceder a las pretensiones del líder conservador pero quería escuchar a las dos partes. La sesión concluyó anoche, sin que la magistrada hiciera pública su decisión. No obstante, Cannon volvió a mostrar comprensión hacia la solicitud del expresidente cuando, al final de la audiencia, preguntó al representante del Departamento de Estado y Fiscalía General: "En última instancia, ¿qué daño hace el nombrar a un perito especial para revisar estos materiales, más allá de retrasar la investigación?"