El Gobierno de Hong Kong dice que la nueva ley respetará la autonomía

Desde que Pekín anunció su intención de implementar una ley de seguridad nacional en Hong Kong, el nerviosismo corrió como la pólvora entre gran parte de su población y las empresas extranjeras con base en este territorio. Para calmar susceptibilidades, el campo gubernamental ha lanzado una ofensiva mediática con la que vender las bondades de la nueva medida y su necesidad en tiempos convulsos.

En su primera intervención pública, la jefa del Ejecutivo local, Carrie Lam, aseguró que la ley no debilitará el alto grado de autonomía de la ciudad y que respetará las libertades y derechos de sus residentes, incluido el de protesta. “Solo se dirigirá contra un puñado de infractores”, dijo la mandataria, cuya popularidad está por los suelos.

Lo que provoca más inquietud es que los agentes de seguridad de Pekín actúen en el territorio de la ciudad

Uno de los apartados que más sudores fríos provocan es la posibilidad de que los agentes de seguridad chinos puedan operar a partir de ahora en territorio hongkonés, a lo que Lam respondió que tendrían que actuar respetando la legislación local. “Muchos países de todo el mundo, incluidas las democracias occidentales, tienen leyes como esta, por lo que no creemos que esto ahuyente a los inversores o que se pierda el estatus de centro financiero internacional”, señaló.

La secretaria de Justicia, Teresa Cheung, criticó a los que dicen que la ley supone la muerte del principio “un país dos sistemas”. “Tal afirmación no soporta el escrutinio legal”, afirmó. Mientras, el que fuera primer jefe del Ejecutivo regional, Tung Chee Hwa, denunció que Hong Kong se ha convertido “en un blanco fácil para los oportunistas extranjeros hostiles” desde el que poner en riesgo al resto del país, por lo que es más necesaria que nunca.

Pero por si sus razonamientos no convencen, el comandante de las fuerzas del Ejército Popular de Liberación acantonadas en la región, Chen Daoxiang, avisó que actuarán “con firme resolución” para implementar los planes de Pekín. “Tenemos la determinación, confianza y habilidad para proteger la seguridad nacional”, dijo .

Según el borrador, la ley prohibirá “cualquier acto de traición, secesión, sedición o subversión” así como las injerencias de gobiernos extranjeros. Aunque estaba previsto que fueran las autoridades locales quienes legislaran sobre este aspecto, los continuos retrasos, sumados a las protestas del último año, han agotado la paciencia de Pekín, que va a utilizar un atajo legal para puentear a las instituciones regionales y aprobarla por la vía rápida.

Pero la propuesta y los argumentos a su favor no están calando entre sus opositores. El lunes, el colegio de abogados volvió a cuestionar la potestad de Pekín para incluir esta normativa en el anexo III de la ley Básica (la miniconstitución de la ciudad) y aseguró que el borrador presenta una serie de aspectos “preocupantes y problemáticos”.

Mientras, como ya sucedió el domingo, los activistas prodemocráticos planean continuar con sus protestas en la calle. Este miércoles, su objetivo será congregarse las inmediaciones del Parlamento y cortar el tráfico mientras los legisladores deliberan sobre otra controvertida ley que podría penalizar las faltas de respeto al himno nacional chino. En previsión de que se repitan altercados como los de hace un año, los alrededores ya están acordonados y se prevé un despliegue policial con más de 3.000 efectivos.