Wendy Quintero: “El Gobierno de Ortega tilda de terroristas a los defensores de los derechos humanos”
Entrevista
La periodista y miembro del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denuncia desde el exilio la existencia de más de 700 presos políticos en Nicaragua
La defensora de los derechos humanos desde el CENIDH y periodista Wendy Quintero vive en el exilio desde diciembre de 2018
Cuando se cumple poco más de un año del inicio de las protestas de abril de 2018 en Nicaragua, la defensora de derechos humanos y periodista Wendy Quintero denuncia que la situación en el país, lejos de mejorar, ha empeorado. Con la aprobación de la ley antiterrorista, el Gobierno de Daniel Ortega ha encerrado a cientos de manifestantes y clausurado medios de comunicación y decenas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre las cuales el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), una entidad con 29 años de experiencia de la que Quintero es miembro y que fue una de las fuentes de información de referencia durante la revuelta cívica.
La tarea del Centro de asesorar y acompañar a los damnificados de la represión gubernamental a lo largo del año pasado puso a la entidad en la diana del partido gubernamental, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que en diciembre ordenó el cierre de sus oficinas. Ella ha sido la última de los 19 miembros del CENIDH que han huido del país por miedo a ser encarcelados. Solo tres siguen en Nicaragua, entre ellos su presidenta, Vilma Nuñez, de 80 años y que ha recibido varias amenazas de muerte.
Ser periodista y defensora de los derechos humanos en Nicaragua es un riesgo”
Fundadora de Radio Camoapa y activista feminista, Quintero viajó en marzo a Ginebra para informar a las Naciones Unidas sobre la vulneración de la libertad de expresión y manifestación en su país. Sus aportaciones complementarán el Examen Periódico Universal de los Derechos Humanos que el Gobierno de Nicaragua ha presentado este mes
Huiste de Nicaragua dejando atrás a tu hija y a tu familia…
Ser periodista y defensora de los derechos humanos en Nicaragua es un riesgo; el Gobierno de Nicaragua nos tilda de terroristas y golpistas. El pasado julio se aprobó una ley antiterrorista y de lavado de dinero, con la cual el Gobierno ha detenido a 812 personas, que para nosotros son presos políticos. Algunos todavía no han sido acusados formalmente.
Una mujer llora después de ser desalojada por la Policía Nacional mientras solicitaba información sobre un familiar preso en el exterior de la cárcel La Modelo
¿Qué la empujó al exilio?
Todo se rompe el pasado 9 de diciembre cuando la Asamblea Nacional despoja de su personalidad jurídica al CENIDH y ocho organizaciones de derechos humanos más, con el argumento de que habíamos promovido el “intento de golpe de Estado” de abril y que estábamos ayudando a delincuentes.
Debido a la labor de acompañamiento a las familias de las víctimas y de los detenidos que hacemos desde el CENIDH el acoso por parte de la Policía aumentó. Cerraron la oficina y empezaron las amenazas. Me enteré que estaba en la lista de personas que buscaban como organizadores del “intento de golpe de estado”, según la fuerzas del orden y quienes se denominan “defensores de la revolución”: paramilitares y parapolicías, muchos son miembros de la facción juvenil del partido gubernamental. Tuve que huir a Miami.
Me enteré que estaba en la lista de personas que buscaban como organizadores del 'intento de golpe de estado'”
¿Por qué es un riego ser periodista en Nicaragua?
Ahora somos 72 periodistas exiliados. El Gobierno ha cerrado medios como 100% Noticias y encarcelado a su propietario, Miguel Mora, en la prisión de máxima seguridad conocida como “El Infernillo”, y a su directora, Lucía Pineda Ubau, que está en una celda de aislamiento. También confiscó las redacciones del Confidencial o Esta Semana, medio y programa de televisión, respectivamente, que dirige Carlos Fernando Chamorro, ahora desde el exilio. Hay seis comunicadores detenidos actualmente.
¿Quiénes son los “presos políticos ”?
Hay de todo. Desde líderes campesinos y universitarios a personas común y corrientes, como el señor que vendía banderas de Nicaragua en las protestas y fue condenado a 17 años de cárcel. Algunas han sido detenidas solo por ir a protestar, por portar una bandera nacional o por cantar el himno nacional. Uno de los eurodiputados que viajó con una delegación del Parlamento Europeo a Nicaragua a principios de año llegó a decir que no es posible haya más terroristas allí que en los del Estado Islámico en Siria e Irak juntos.
Varias personas levantan carteles durante un homenaje especial para Miguel Mora y Lucia Pineda Ubau, dos periodistas apresados el pasado 21 de diciembre acusados de terrorismo, a principios de mes de mayo
El Gobierno de Nicaragua excarceló a 100 presos políticos el lunes 20 de mayo, justo después de que la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (que aglutina a la empresa privada, a las organizaciones civiles, sociales y líderes campesinos y universitarios) se retirara de la mesa de negociación. Tomó esta decisión por la muerte del nicaragüense-estadounidense Eddy Montes, un prisionero opositor que había fallecido la semana anterior en un amotinamiento. ¿Cómo valora el gesto?
Ocurre por la presión tanto nacional como internacional. La Alianza Cívica lleva meses exigiendo al Gobierno que excarcele a todos los presos políticos. Ahora se ha levantado de la mesa de negociación. Montes murió por un disparo por la espalda, según la familia, cuando los guardias dispararon a los presos a sangre fría. En este contexto se producen los recientes excarcelamientos. Pero todavía quedan muchos presos políticos: el CENIDH contabilizaba 367 reos encerrados, de los 777 registrados en total, con datos del pasado abril. El Gobierno tiene hasta el 18 de junio para excarcelarles a todos.
El gesto es un lavado de cara del Gobierno. Es importante señalar que a todos ellos se les está dando casa por cárcel. Sus juicios, arbitrarios e ilegales, continúan. Y muchos de ellos ya han sido condenados.
A finales de febrero el Gobierno admitió que existían presos políticos y accedió a revisar caso por caso con la posibilidad de anular procesos judiciales. Cabrá ver si lo lleva a cabo.
La presión internacional también ha influido en el gesto. Esta semana el eurodiputado Ramón Jáuregui anunció que el Parlamento Europeo estaba preparado para aplicar más sanciones si no se producía el excarcelamieto de todos los presos políticos.
Hasta ahora llevamos registradas 323 personas asesinadas” Wendy Quintero”
¿Cuál es el balance de la actuación del Gobierno de Ortega desde las protestas?
Hasta ahora llevamos registrados 323 nicaragüenses asesinados, según el CENIDH, aunque la Asociación Nicaragüense por los Derechos Humanos (ANPDH) eleva la cifra a 512 fallecidos.
Solo en Costa Rica, de abril a diciembre, el Gobierno costarricense registró 60.000 personas que habían cruzado la frontera legalmente. Pero hay miles que lo han hecho ilegalmente, de ahí que el CENIDH cuente 80.000 exiliados. Muchos de ellos son defensores de los derechos humanos.
Además, todos los días hay secuestros por parte de la Policía, la parapolicía o el brazo armado del partido gubernamental. Son arrestos sin orden judicial, por eso los llamamos secuestros.
Uno de los 100 “presos políticos” puestos en régimen domiciliario por el Gobierno de Ortega muestra las cicatrices de los golpes recibidos durante su estancia en la cárcel de máxima seguridad La Modelo el pasado lunes 20 de mayo
¿De todos los casos que has tratado, cuáles te han impactado más?
El primero fue la muerte de Ángel Gaona, un periodista a quien conocía personalmente; fue asesinado cuando cubría una marcha retransmitiendo en directo a través de Facebook. Hay dos personas detenidas y condenadas, muchachos de unos 18 años, que ni siquiera estaban allí. Fue muy doloroso ver cómo resolvieron el caso en un mes. El Gobierno oculta a los verdaderos culpables.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adherida a la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha denunciado el asesinato de 24 menores desde abril
Hay tantos casos de familias que han perdido a sus hijos e hijas. Son muy dolorosos. Recuerdo las muertes de dos jóvenes de 15 años. Uno es Sándor Manuel Dolmus, un monaguillo que mataron en junio con una bala en el pecho disparada, según los testigos, desde un francotirador escondido en una oficina del FSLN de León. Es una de las muertes que más dolor ha causado en todo el país porque era un joven estudiante y aplicado, y de perfil no violento. Cuatro horas antes había publicado en su Facebook una oración por la paz. Ayudaba a los chicos de las revueltas, trayéndoles comida.
El otro es Alvarito Conrado, un estudiante de secundaria que asesinaron el 20 de abril. Llegó a la protesta de la universidad de ingeniería donde la policía estaba empleando gases lacrimógenos y balines (estos balines han cegado a al menos una veintena de personas durante las revueltas). Conrado estaba repartiendo agua cuando desde un estadio nacional un policía (o alguien con entrenamiento militar) le disparó también con un francotirador en la garganta.
Hay tantos casos de familias que han perdido a sus hijos e hijas. Son muy dolorosos”
El Gobierno de Ortega presentó en abril un plan de retorno para exiliados que la oposición considera “engañoso” porque no se dan las condiciones para el regreso seguro. ¿Se plantea volver a su país?
Yo quiero regresar a mi país. Pero no hay garantías. El Gobierno quiere que regrese para encarcelarme. Mi Gobierno miente; dice que contaba con la participación de la OIM (Organización Internacional para las Migraciones), pero la entidad publicó un comunicado poco después diciendo que solo había recibido la solicitud del Gobierno nicaragüense, y que todavía no había sido aprobada. El último informe que presentó el Gobierno a la ONU dice que respeta los derechos humanos y la libertad de manifestación. El Gobierno quiere dar la imagen de que está arreglando las cosas. Pero el Gobierno promete y no cumple. Si realmente quiere hacer algo, a estas alturas ya deberían haber anulado los juicios a los presos políticos.
¿Qué respaldo tiene actualmente el Gobierno de Ortega?
Hoy día solo el 20% de la población votaría a Daniel Ortega, según el último informe de M&R Asociados, una encuestadora política costarricense. La mayoría de los nicaragüenses consideramos que el Gobierno no hará nada bueno para el país. Durante los últimos 11 años, desde el 2007, se presentan todas estas violaciones de derechos humanos que he mencionado. No es que aparezcan de golpe en abril de 2018. No es un gobierno revolucionario ni socialista. Todas las acciones que han hecho son capitalistas y neoliberales. En el discurso solo está el populismo. La familia de Ortega es dueña de ocho canales de TV; tiene acciones en las empresas grandes del país. Estamos ante un estado corrupto que además tiene clientelismo, usa su poder para el tráfico de influencia, y beneficia a las empresas de sus allegados: funcionarios y miembros del partido.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega
¿Para cuándo se esperan las próximas elecciones?
El 2021. Pero una de las demandas de la población desde el último año es el adelanto de las elecciones. Para poder hacerlo lo primero que se tendría que hacer es reformar el sistema electoral en Nicaragua.
¿Cómo se puede desencallar la situación en el país?
A través de las denuncias que hacemos los exiliados afuera se puede ejercer presión. Porque lamentablemente a pesar de las innumerables manifestaciones y descontento del pueblo de Nicaragua ha demostrado durante este año, el Gobierno de Ortega ha hecho oídos sordos. La única manera que pueden atemorizarle es a través de las sanciones de los estados extranjeros, como las que ha impuesto Estados Unidos.
Si el Gobierno realmente quiere hacer algo, a estas alturas ya deberían haber anulado los juicios a los presos políticos”