El contexto
“Nosotros somos republicanos, pero aceptaremos la monarquía siempre y cuando ésta apueste por la democracia. Lo importante ahora no es el debate entre Monarquía o República, sino la elección entre dictadura o democracia, y nosotros estamos claramente con la segunda. Si el Rey asume la Monarquía parlamentaria y constitucional, nosotros lo apoyaremos".
La sorprendente intervención de Santiago Carrillo y de buena parte del Comité Central del Partido Comunista de España junto a una gran bandera rojigualda el 16 de abril de 1977 es uno de los momentos decisivos de la transición. El secretario general del PCE aceptaba un modelo de Estado basado en la Monarquía parlamentaria y en los símbolos heredados del franquismo, renunciando a la restauración republicana. Además, hacía que el Partido Comunista, la gran fuerza de la oposición al régimen franquista, se sumara al pacto de la transición.
Era la parte del acuerdo que el propio Carrillo y el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, habían pactado en una reunión secreta celebrada en febrero de ese mismo año en el domicilio del periodista José María Armero, presidente de la agencia de noticias Europa Press. En ese encuentro, Suárez se comprometió a legalizar el PCE ante la negativa de Carrillo de concurrir a las urnas como formación independiente. A cambio, el partido se comprometió a suscribir los pactos de la transición y se convirtió en uno de sus principales actores.
El PCE anuncia su aceptación de la Monarquía parlamentaria y sus símbolos, incluida la bandera rojigualda, tras su legalización
Tanto el propio Carrillo como el órgano oficial del partido, el diario Mundo Obrero, habían criticado duramente la figura de Juan Carlos I como títere de Francisco Franco muerto ya el dictador. Y ya en 1976, mediante los contactos que el monarca había realizado con el líder del PCE con la mediación de Nicolae Ceausescu, principal avalador en el Este del eurocomunismo hacia el que derivaba el partido, Carrillo había rechazado formar parte de la transición renunciando a las históricas siglas.
La legalización, a la que se oponían desde la cúpula militar a la Embajada de Estados Unidos –la Administración Ford era temerosa que los comunistas tomasen el poder en las urnas siguiendo el modelo de Salvador Allende en el sur de Europa–, se produjo el Sábado Santo de ese año, que cayó en 9 de abril.
Pese a la moderación que mostró Carrillo durante todo el proceso, la legalización se cobró dos víctimas políticas: la del expresidente del Gobierno Torcuato Fernández-Miranda, autor de la ley para la Reforma Política que sirvió para desmontar legalmente la dictadura, quien decidió apartarse voluntariamente de escena por su oposición a este movimiento de Suárez, y la del almirante Gabriel Pita Da Veiga, ministro de la Marina y militar del bando sublevado en 1936.
Santiago Carrillo interviene en el Congreso de los Diputados junto a Ignacio Gallego, que acabó liderando una escisión del partido, y Dolores Ibárruri
Faltaba por ver cuál acabaría siendo la postura del PCE más allá de las declaraciones políticas. Y ese declarado espíritu de reconciliación quedó definitivamente de manifiesto en la primera intervención de Santiago Carrillo en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados, que debía aprobar el texto salido de la Ponencia Constitucional tras unas primeras elecciones democráticas en las que el PCE se convirtió en la tercera fuerza del Congreso, con 20 diputados y un 9,33% de los votos. Es el texto que ofrecemos extractado.
La sesión se celebró el 5 de mayo de 1978. Y en ella, el portavoz del ya Grupo Parlamentario Comunista no sólo ratificó el apoyo de su formación a la Monarquía como garante del nuevo sistema de libertades, sino que avaló los aspectos fundamentales de la Constitución. Carrillo apuntó enmiendas sobre aspectos que con el tiempo se han ido legislando en la línea apuntada entonces, como la abolición de la pena de muerte, el divorcio, el aborto o la independencia judicial.
La intervención de Carrillo tiene también una clara lectura interna, ya que el secretario general pone de manifiesto la victoria en el PCE de las tesis moderadas de renuncia a la Revolución leninista, lo que acabaría provocando la primera de sus escisiones y reformulaciones durante la democracia.
El discurso
“Señoras y señores, creo que debemos comenzar elogiando el esfuerzo y la aplicación puestas por los miembros de la ponencia en la elaboración del anteproyecto que hoy viene a consideración de la comisión de asuntos constitucionales y libertades públicas.
”El texto que comenzamos a examinar hoy seguramente no complace por entero a ninguno de los partidos reunidos aquí. No se trata de una Constitución de partido, ni de la izquierda o la derecha; hay sin duda en su articulado no pocas ambigüedades que se prestan a variadas interpretaciones, según quienes gobiernen. Sin embargo, se inscriben en él de forma inequívoca una serie de principios democráticos fundamentales que obtienen, de entrada, de parte de los diputados comunistas una actitud general favorable al documento.
”Y en primer término aquel que juzgamos fundamental para que una Constitución lo sea auténticamente: la afirmación solemne que se hace en el primer artículo, ‘la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado’. ¡Ni la ‘gracia de Dios’, ni la ‘Providencia’, ni ningún ‘mandato del destino’; la voluntad del pueblo es la única fuente legítima de todo poder y ante ella deben responder en definitiva todos los poderes del Estado!
La soberanía nacional reside en el pueblo español. ¡Ni la ‘gracia de Dios’, ni la ‘Providencia’, ni ningún ‘mandato del destino!”
”A lo largo de la historia de nuestro país, prácticamente durante cerca de dos siglos, la confrontación se ha establecido entre quienes proclamaban que la soberanía nacional reside en el pueblo y entre quienes negaban de una u otra forma este principio.
”Y ha sido una confrontación dramática y muchas veces sangrienta que ha frenado el progreso de España. Cuando hoy todos los partidos presentes en el Parlamento, con raíces históricas no sólo distintas, sino opuestas, proclamamos unánimes este principio, puede afirmarse que España ha alcanzado, aunque sea tardíamente, una cota histórica trascendental que todos debemos comprometemos a no ceder jamás, sean cualesquiera los ataques que pretendan desalojarnos de ella.
”En cuanto concierne al Grupo Parlamentario Comunista y a los sectores que representa, nuestro compromiso es total: no haremos jamás nada que vaya contra el principio de la soberanía popular y nos opondremos resueltamente a todo lo que se le enfrente. Este compromiso lo adoptamos públicamente, con toda responsabilidad, ante la opinión pública española.
No haremos jamás nada que vaya contra el principio de la soberanía popular que reconoce la Constitución”
”Al proclamar esta actitud, partimos del hecho de que somos un partido de los trabajadores, un partido marxista, revolucionario y democrático, que se propone transformar la sociedad capitalista dividida en clases e instaurar una sociedad socialista, sin explotadores ni explotados.
”Pero nuestra concepción es que esa revolución social que las leyes del progreso imponen a la sociedad moderada interesa a la inmensa mayoría de los españoles, incluso si hoy no son conscientes de esa necesidad y si la comprensión generalizada de ésta toma todavía algún tiempo.
”Y ese cambio social al que aspiramos, no con espíritu excluyente y sectario, sino con voluntad de ir integrando en su consecución a todas las fuerzas político-sociales de progreso, no puede realizarse más que cuando la mayoría de las mujeres y hombres de este país lo deseen y lo lleven a cabo a través de una acción democrática y de la utilización del sufragio universal.
La revolución a la que aspiramos no puede realizarse más que cuando la mayoría lo desee y mediante el sufragio universal”
”Es decir, ese cambio no puede ser obtenido de otro modo que aplicando el principio de la soberanía popular, como un acto, o mejor, una serie de actos, emanados de la voluntad mayoritaria de los pueblos de España.
”Por eso el proyecto transformador de los comunistas no entra ni entraría en contradicción con el principio afirmado en el artículo 1.º del proyecto constitucional. Y estimamos que una serie de otros artículos de éste, permiten a un Gobierno progresista transformaciones de las estructuras económicas y sociales que hagan factible el cambio del modelo de sociedad. Ello no significa que el proyecto sea socialista o revolucionario, ni mucho menos.
”El proyecto está, todo él, condicionado por los rasgos del género de sociedad en que vivimos, que es una sociedad capitalista y tiende a reproducir el tipo de relaciones sociales existentes. En este sentido, el proyecto es sin duda de tendencia conservadora. ¿Cómo podía ser de otro modo en el contexto político-social en el que todavía nos desenvolvemos? Sin embargo, dentro de esa limitación, tiene el mérito de no cerrar las puertas a los cambios estructurales, de no declarar, en definitiva, inconstitucionales, los cambios sociales que mañana podría reclamar la soberanía popular.
El texto permite a un Gobierno progresista transformaciones que hagan factible el cambio del modelo de sociedad”
”Por eso nosotros no vemos en el proyecto de Constitución ningún obstáculo fundamental a la realización de nuestros ideales, y si esos obstáculos surgieran un día, oponiéndose a la realización de la voluntad popular, serían obstáculos caracterizadamente anticonstitucionales, ilegales por tanto, que habría que combatir apoyándose en la legalidad constitucional.
”Ya en este debate general quiero exponer de forma precisa nuestra posición ante el problema de la forma de Gobierno. Según el artículo 1.º del proyecto, ‘la forma política del Estado español es la Monarquía Parlamentaria’. Como todos ustedes saben, el Partido Comunista ha considerado siempre la República democrática como la forma más idónea de la democracia.
”Cuando en los años 20 la Monarquía conculcó la Constitución de entonces y dio paso a la dictadura del general Primo de Rivera, los comunistas, que no habíamos hecho nunca de la forma política el objetivo esencial de nuestra lucha –orientada fundamentalmente a la emancipación social de los trabajadores–, llegamos a la conclusión, como otras fuerzas democráticas y nacionales, que al romper la Monarquía el pacto constitucional no quedaba más opción que reemplazarla por la República y participamos en las acciones para lograrlo y, una vez instaurada la República como régimen constitucional, la defendimos con nuestra sangre, a pesar de que aquella República, también burguesa, nos reprimió duramente en más de una ocasión.
Siempre hemos considerado la República como la forma más idónea de la democracia, pero ahora lo decisivo era la democracia”
”Más tarde, a medida que la guerra del 36-39 fue pasando a la categoría de acontecimiento histórico, trágico, pero, pasado ya, cuando la necesidad de rehacer el país y superar aquella tragedia nos condujo a pensar la política de reconciliación nacional, los comunistas explicamos públicamente que las diferencias sobre la forma de Gobierno no debían ser obstáculo para esa reconciliación; que lo decisivo era obtener, con el consenso más amplio, un sistema de libertades democráticas, lo decisivo era la democracia, y que una vez instaurada ésta sería llegado el momento de decidir, sin dramas ni rupturas, la cuestión de la forma de Gobierno.
”En ésas estamos. Pero estamos a través de un proceso concreto en el que el cambio no se ha producido por una ruptura revolucionaria, hecha de golpe, como por ejemplo sucedió en Portugal, sino un proceso que se caracteriza por una serie de pasos que corresponden a una política de reconciliación.
”Previamente al comienzo del cambio, debo confesarlo con sinceridad, los comunistas abrigábamos no sólo reservas, sino una evidente hostilidad a la figura del Jefe del Estado, que aparecía como la heredera de la pasada dictadura. Y no ocultamos en ningún momento esa hostilidad, diferenciando en esto nuestra posición de la de otras fuerzas de oposición que quizá mejor informadas, o más oportunistas, parecían no oponer ningún reparo a la Monarquía y al papel de ésta.
Nuestro proceso político no corresponde a una ruptura, como la de Portugal, sino a una política de reconciliación”
”Pero después, en el proceso de cambio, hemos ido viendo que el Jefe del Estado ha sabido hacerse eco de las aspiraciones democráticas y ha asumido la concepción de una Monarquía democrática y parlamentaria. La realidad es que el Jefe del Estado ha sido una pieza decisiva en el difícil equilibrio político establecido en este país y lo sigue siendo. Él ha desempeñado el papel de bisagra entre el aparato del Estado, sobre cuyas características no necesito insistir y las profundas aspiraciones democráticas de la sociedad civil.
Si él no estuviera ahí –repito que teniendo en cuenta las características del cambio–, el aparato del Estado y la sociedad civil hubieran chocado, y la misma sociedad civil se habría dividido también, con consecuencias dramáticas para los pueblos de España.
”Esa es la realidad. A veces la realidad puede criticarse desde posiciones sedicentemente éticas y elitistas. La realidad no corresponde siempre al ideal imaginado. Esta actitud puede cuadrar al hombre aislado que no compromete otra cosa que su autoridad. Un partido político que se propone transformar la sociedad no puede prescindir de la realidad. Si en las condiciones concretas de España pusiéramos sobre el tapete la cuestión de la República, correríamos hacia una aventura catastrófica en la que, seguro, no obtendríamos la República, pero perderíamos la democracia.
Si el Jefe de Estado no estuviera ahí, el aparato del Estado y la sociedad civil hubieran chocado y la sociedad se habría dividido”
”Uno de los aspectos más importantes del cambio democrático, y a la par garantía de la profundidad de éste, es la conciencia y la responsabilidad con que los amplios sectores políticos-sociales del país están asumiendo el tema de las autonomías. La idea de la descentralización y la desconcentración de la Administración, del reconocimiento de la personalidad de las nacionalidades y regiones, con sus características propias políticas, económicas y culturales, es un gran avance hacia la transformación de España en un Estado moderno.
”En ese sentido, hay que saludar los pasos preautonómicos hechos ya con una indudable voluntad de adelantar soluciones a problemas reales.
”Pero tanto esos pasos como algunos aspectos del proyecto constitucional cuya discusión comenzamos, reflejan todavía incomprensiones y recelos de una mentalidad tradicionalista, en el peor sentido, que no concibe la unidad de la patria más que como el aplastamiento de toda diversidad, como la gris uniformidad obtenida por el peso de un centralismo burocrático y autoritario.
Si pusiéramos sobre el tapete la cuestión de la República, correríamos hacia una aventura catastrófica: no obtendríamos la República y perderíamos la democracia
”No es cierto que las autonomías pongan en peligro la unidad de España, sino al contrario, son el único camino para lograr su fortalecimiento. Hay que comprender el sentido de la época en que vivimos y ésta se caracteriza –y no exclusivamente en España– por el hecho de que las diferencias existentes en el desarrollo económico, social y cultural entre nacionalidades y regiones de un mismo Estado, diferencias debidas al desenvolvimiento desigual e insolidario propiciado por el actual sistema social, vienen a superponerse sobre las diferencias de carácter histórico, a agravarlas y tenderlas más, siendo origen de crisis graves en algunos Estados.
”No hay otro remedio para esos problemas que las autonomías, que ponen en manos de nacionalidades y regiones las cuestiones de su propio desarrollo y, al mismo tiempo, la solidaridad económica entre unas y otras, asegurada a través del Estado. Tratar de emplear soluciones de autoridad y de fuerza no conduce más que a acentuar las diferencias y conflictos, a marginar a nacionalidades y regiones enteras en una sociedad donde hay ya demasiado marginado y donde ello conduce a la desestabilización, a la revuelta, al caos.
”Nuestro propósito es también proponer enmiendas a los artículos que se refieren a la enseñanza. Precisaré brevemente nuestra posición general sobre el tema. Pensamos que la tendencia general debe ir en el sentido de lograr en el futuro una escuela pública, sostenida por el Estado, suficiente para acoger a todos los niños de este país, sin negar la posibilidad a quien quiera hacerlo a su cargo de abrir escuelas privadas. En esa escuela pública, la libertad de enseñanza debe traducirse, entre otras cosas, en que haya una clase y unas horas en que los niños cuyos padres lo reclamen puedan recibir enseñanza religiosa.
No es cierto que las autonomías pongan en peligro la unidad de España, sino al contrario, son el único camino para lograr su fortalecimiento”
”Por el momento nos encontramos ante una realidad: la escuela pública es totalmente insuficiente y, sin la contribución de la escuela privada, la desescolarización sería enorme. Eso impone la necesidad de una ayuda económica a la escuela privada. Pero esa ayuda debería estar limitada en el tiempo –no sé cuántos años–, necesarios para que la escuela pública sea suficiente. Tal como está redactada la Constitución, ese límite no existe.
”También pensamos que temas como el divorcio, la abolición de la pena de muerte y el aborto deberían quedan resueltos en la Constitución, y en ese sentido presentamos enmiendas.
”Éstas son, en líneas generales, nuestras observaciones al proyecto de Constitución que se nos presenta, y que aceptamos desde ahora como un paso positivo para el debate posterior. Ciertamente, desde una óptica puramente partidista, esas objeciones podrían ser mucho más numerosas, interminables. El proyecto tiene muchas lagunas y bastantes de sus artículos nosotros los redactaríamos diferentemente.
”Pero se trata de lograr una Constitución capaz de conseguir el consenso de la gran mayoría. Una Constitución que dure, que no sea fácilmente empujada por cualquier vendaval, como lo han sido otras en este país. Aunque no sea perfecta, que nos dé cobijo a todos y sea sólida. Quizá en los próximos años la práctica nos haga ver defectos que necesitan corrección en ella. Tiempo habrá para verificarlo y lo que sería menester es que los mecanismos de modificación resultaran menos rígidos en su funcionamiento que los que el proyecto propone. En todo caso, sin hacer vaticinios ni augurios, yo terminaría expresando nuestra aspiración a que esta Constitución, que va a consagrar la soberanía popular y a regular el ejercicio de la democracia española, viva muchos años.”
Últimas entregasEsta pieza corresponde a una serie de contenidos publicados por La Vanguardia que recopila algunos de los discursos más relevantes del siglo XX desde una perspectiva histórica y con ánimo divulgativo.
