El pasado 14 de septiembre de 2022, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) registró una enmienda a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Con esta propuesta pretenden agilizar los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente. La idea es que los jueces puedan ordenar la salida de los okupas en un plazo máximo de 48 horas.
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Imagen de Barcelona "Okupa y resiste"
Todo esto forma parte de una nueva ley de okupas 2022 que pretende activar medidas más efectivas y rápidas para atacar uno de los problemas más arraigados en toda España: la ocupación ilegal. A simple vista, la enmienda propuesta por el PSOE suena muy bien, pero al examinar con cuidado su letra pequeña, es fácil darse cuenta de que apenas cambiará nada.
¿Qué medidas propone el PSOE para los desahucios de okupas?
La enmienda presentada por el PSOE enfatiza la necesidad de acortar los plazos relacionados con el desalojo de okupantes. En palabras de Patxi López, portavoz del partido, ‘sirve de respuesta a una cuestión planteada por muchas personas y entidades, como ayuntamientos y alcaldes’. ¿En qué consiste exactamente esta medida?
Lo que el partido socialista propone es una modificación del artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para desalojar a los ocupantes ilegales en apenas dos días. Así, el juez podrá acordar motivadamente el desalojo desde que el propietario denuncie la okupación o llegue el atestado policial. La reforma introducida en el Código Civil en 2018 permite desalojar el inmueble en cinco días; la enmienda del PSOE busca acortar ese plazo.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 2 de noviembre de 2022, en Madrid (España). Eduardo Parra / Europa Press 02/11/2022
Todo lo anterior podrá hacerse sin necesidad de la prestación de caución y siempre que los okupantes sean incapaces de presentar un título jurídico que legitime su permanencia en el inmueble. La enmienda también enfatiza el deber de las administraciones públicas de dar soluciones residenciales a los okupas que se encuentren en una clara situación de vulnerabilidad.
Como otra medida para agilizar el proceso de desalojo, el PSOE también propone que el delito de allanamiento de morada sea atendido por los Juzgados de lo Penal, y no por un tribunal de jurado. ¿La razón? La duración del procedimiento por tribunal de jurado suele prolongarse hasta 21 meses, mientras que, en un Juzgado de lo Penal, el proceso se reduce a unos 13 meses.
Lo que debes saber sobre la nueva ley que propone el PSOE
Ahora bien, conviene repasar algunos aspectos de la ocupación ilegal que, de momento, van quedando de lado en la propuesta del PSOE. Quienes se pronuncian en contra de la nueva okupas ley resaltan que no incluye la problemática de los inquiokupas. Además, sigue siendo complicado identificar a los falsos vulnerables, por lo que cumplir con el plazo propuesto de 48 horas será misión imposible.
Deja fuera a los inquiokupas
En primer lugar, la propuesta del PSOE se concentra únicamente en los casos de ‘allanamiento de morada y ocupación ilegal de bienes inmuebles’. Si bien son dos categorías importantes en torno a la problemática okupa, la reforma parece no indicar nada en relación a los inquiokupas. ¿Cuán grave es este problema?
Los inquiokupas son aquellos inquilinos que dejan de pagar la renta y se niegan a abandonar la vivienda. De acuerdo con la Plataforma de Afectados por la Ocupación, el 70% de todos los casos de okupación se agrupan bajo esta modalidad. Esto significa que más de la mitad de los propietarios con okupas no obtendrán un beneficio directo con la nueva ley.
El problema de los falsos vulnerables
Otro problema que debilita la efectividad de la nueva ley que propone el PSOE tiene que ver con los falsos vulnerables. De entrada, los socialistas han aclarado que estos desahucios no afectarán a las personas en condición de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, si en la vivienda reside un menor o una persona con discapacidad, no se le podrá desalojar en 48 horas.
El detalle está en que la mayoría de los okupas se declaran como personas vulnerables, aunque extraoficialmente ganen más dinero que muchos. Solo que, como trabajan en negro (sin declarar absolutamente nada), no hay forma de comprobarlo. Por lo tanto, identificar a los okupas vulnerables de los que no lo son es (y seguirá siendo) un problema.
48 horas para el desalojo: un plazo difícil de alcanzar
En relación con el punto anterior, identificar a los falsos vulnerables es un proceso que puede prolongarse durante más de 48 horas. Por un lado, no está claro si será el juzgado o los agentes durante el lanzamiento quienes determinen la vulnerabilidad de los okupantes.
Si esta labor queda a cargo del juzgado, el proceso de desahucio no podrá durar 48 horas.
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Desalojo de una nave industrial en Badalona
Por otro lado, para acreditar la vulnerabilidad es necesario presentar un conjunto de documentos que no pueden obtenerse de la noche a la mañana. Además, también hace falta tiempo para revisar toda la evidencia, escuchar declaraciones y redactar informes. Sin duda, es evidente que todavía queda mucho por aclarar respecto a la eficiencia y viabilidad de la nueva ley que propone el PSOE.