Donald Trump ya ha ganado incluso antes de pelear. Así se entiende mejor la guerra comercial global que está desatando el presidente de Estados Unidos.
Pekín ha anunciado estos días que no se quedará de brazos cruzados y, además de llevar a cabo a su vez medidas de represalia con nuevos derechos de aduana a las mercancías estadounidenses, acudirá a los tribunales. Su intención es hacer valer sus derechos frente a los aranceles del 10% aplicados de forma unilateral por la Administración Trump contra las mercancías que los chinos exportan al país norteamericano.
Por ello, el Gobierno de Pekín ha afirmado que presentará una demanda contra Estados Unidos ante al Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra. Ambos países son miembros de esta institución. Pero en Washington lo más seguro es que estén soltando carcajadas.
Porque de facto Estados Unidos goza de una inmunidad total, ya que hace tiempo que ha conseguido desactivar y poner fuera de juego los tribunales que teóricamente son los encargados de juzgarle.
¿Cómo es posible? Todo empezó durante el primer mandato de Donald Trump, en el año 2017-2021. Fue cuando el actual presidente empezó a introducir aranceles de más del 25% al acero y del 10% al aluminio (a China y a la UE). Se rompió un tabú. Después de varias décadas, en las que el comercio internacional se había asentado y desarrollado a escala global, con un descenso progresivo de las tarifas, en promedio por debajo del 3%, volvía otra vez el proteccionismo.
Trump argumentó entonces que el deterioro de las industrias nacionales clave, como el acero y el aluminio, comprometía la capacidad del país para responder a necesidades estratégicas y de defensa. En efecto, según las reglas de la OMC, solamente es posible aplicar derechos de aduana de manera unilateral aduciendo razones de seguridad, entre otras excepciones.
Los norteamericanos se niegan a nombrar a los jueces vacantes y tampoco Biden ha cambiado de postura
Sin embargo, comentan fuentes comerciales en Ginebra, a los estadounidenses siempre les sentó mal la posibilidad de que un tercero, por muy imparcial que fuera (y la OMC es un organismo que entra en la galaxia de las instituciones multilaterales bajo el paraguas de la ONU) decidiera sobre sus aspectos de seguridad nacional. Así que, ante los recursos y las denuncias, la primera administración Trump decidió sabotear los órganos judiciales internacionales que deberían autorizar sus aranceles. ¿De qué manera?
Según el procedimiento de la OMC, cuando un país entiende que un Estado le ha perjudicado con sus políticas comerciales, tras presentar alegaciones, insta a la otra parte a negociar durante dos meses. En caso de fracasar, se constituye una comisión de tres expertos independientes que emiten una decisión en primera instancia. Pero este fallo no es vinculante. Si una de las dos partes afirma no estar conforme, entonces solicita un dictamen al llamado Órgano de Solución de Diferencias, que es el que formula la doctrina y que se pronuncia de forma vinculante. Sería como un tribunal de apelación o de último recurso. De acuerdo con las normas establecidas, el Estado que pierda el juicio deberá abonar compensaciones proporcionales al daño económico causado de forma indebida.
Este órgano de apelación, que es el corazón mismo de la OMC, está compuesto por siete jueces, que se eligen por criterios geográficos y que gozan de una representación política muy amplia. Elegidos por consenso (unanimidad), tienen un mandato de cuatro años renovable una vez. Si por ejemplo EE.UU. o China forman parte de la contienda, se evita que un juez de estos países tome cartas en el asunto para asegurar la autonomía e independencia de juicio. Pues bien, desde el 2019 este órgano no está operativo porque EE.UU. se ha negado sistemáticamente a nombrar los magistrados que deberían sustituir a los que están caducados. Puso un veto. Importante: tampoco Joe Biden ha querido desde entonces cambiar de criterio. Con lo que ahora cualquier demanda que se presente en la OMC contra Estados Unidos en la práctica acaba en un limbo. Sin resolverse. Sin la posibilidad de que se emita sentencia vinculante.
Este tribunal de apelación ahora no tiene personal. Está bloqueado. De hecho, ante la falta de renovación al final solo llegó a quedar un único juez. A menos que, como alternativa, los estados decidan optar por el arbitraje –Washington desde luego no está por la labor–, cualquier pelea jurídica contra EE.UU. ahora está congelada. O mejor: hibernada.
Por mucho que China, con su reciente denuncia ante las tarifas de Trump, insista en seguir la vía habitual –y se presente como el paladín del comercio multilateral–, esta vía está muerta. EE.UU. ha conseguido imponer la ley del más fuerte. Sin tribunal que funcione, ya desde hace años actúan al margen de las normas comerciales internacionales que ellos mismos se comprometieron a respetar cuando se creó la organización, a mitad de los noventa.
Las estadísticas dicen que desde 1995 hasta 2023 Estados Unidos ha participado en más de 150 casos como demandante y más de 130 como demandado. Los norteamericanos han ganado la mayoría en los que ellos ha presentado denuncia (por ejemplo, hay que recordar una victoria histórica contra los subsidios ilegales que Airbus recibió de la Unión Europea), lo que indica que el sistema de la OMC ha sido eficaz en apoyar sus reclamaciones comerciales y que no ha tenido ningún sesgo. Pero para la Casa Blanca esto no ha sido suficiente.
China ha interpuesto una denuncia contra Trump, pero el órgano judicial de apelación está sin funcionar
Como demandado, EE.UU. también ha perdido algunos casos, como los mencionados del acero y el aluminio y las medidas antidumping sobre productos agrícolas como las aceitunas negras española (aunque tampoco en Washington han hecho caso de estas resoluciones).
En Ginebra, ante la debilidad y la incertidumbre que reinan en la OMC, dinamitada desde dentro, en sus pasillos reina la preocupación. Los trabajadores bromean con que se quieren atar a la silla, porque temen que su futuro laboral acabe como muchos de los recursos judiciales de los últimos años: en un limbo.
Funcionamiento a medio gas
Ante la negativa de Estados Unidos a nombrar los jueces del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC (el tribunal de apelación), algunos países han decidido ir hacia delante por su cuenta. Mediante lo que se ha llamado un acuerdo multipartidista (Acuerdo Multipartidista de Arbitraje Provisional (MPIA, por sus siglas en inglés ) en el 2020, más de 50 miembros de la OMC, incluyendo la Unión Europea, China, Brasil, Australia, Canadá y México, pusieron en marcha un sistema de justicia paralela con otros jueces, de común acuerdo, para que el sistema siga funcionando y emitiendo sentencias.
La intención tiene toda la buena voluntad del mundo, pero como Estados Unidos no forma parte de este pacto, las resoluciones de este órganos sustitutivo temporal tampoco se le aplican. Sin embargo, desde su puesta en marcha, este órgano no ha tenido que emitir resoluciones formales, porque los estados han solucionado sus disputas comerciales mediantes otras vías, esencialmente acuerdos de mediación. Por lo tanto, la OMC sigue funcionando, pero a medio gas. Y sin que la principal economía del mundo participe en ella.
