La Dirección General de Consumo ha comunicado hoy que inicia un expediente sancionador a Airbnb por mantener en su plataforma anuncios ilegales de pisos turísticos. Consumo realizó varias advertencias a la plataforma para que retirara “de forma inminente” miles de anuncios sobre pisos turísticos que contenían publicidad ilícita, cosa que la empresa no hizo, lo que ha motivado el expediente.
Aunque el ministerio no ha facilitado el nombre de la compañía. los propios portavoces de Airbnb han asegurado que están “profundamente en desacuerdo” con esta decisión y que apelarán. Aseguran que “siempre” piden a los anfitriones “que confirmen que disponen de los permisos necesarios y que cumplen con las regulaciones locales antes de anunciarse en la plataforma”.
Airbnb acusa a Consumo de “extralimitarse”, de “eludir los procesos legales” y de proporcionar “un listado de anuncios desarrollado utilizando una metodología indiscriminada que incluye anuncios que muestran licencias y otros que podrían no necesitarlas (como arrendamientos de temporada que no son oferta turística)”. Le reprocha además que según las resoluciones judiciales, “Airbnb no es un proveedor de servicios de alojamiento, sino un proveedor de servicios de internet, por lo que se aplican diferentes reglas que Airbnb cumple plenamente”.
La plataforma se expone a multas de hasta 100.000 euros
El ministro Pablo Bustinduy ya avanzó que lanzaría esta investigación en una entrevista con La Vanguardia, investigación que comenzó en junio con un requerimiento de información a diversas plataformas de alquiler de pisos turísticos para obtener información sobre las viviendas anunciadas en sus dominios.
A esta petición de información, se sumó un nuevo requerimiento de cese enviado a una de estas plataformas en la que se le instó a retirar “de forma inminente” miles de anuncios de viviendas turísticas alojadas en su dominio que no ofrecían su número de licencia, entre otros posibles incumplimientos del Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
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Ahora, “meses después del inicio de la investigación y tras comprobar que los anuncios no han sido retirados”, afirma Consumo, la Dirección General de Consumo ha incoado expediente sancionador a esta plataforma por no dar solución al problema detectado.
Según la normativa, las prácticas mencionadas pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000€, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. Asimismo, desde la Dirección General de Consumo se recalca que la apertura de este expediente no prejuzga el resultado final del mismo.
Los anuncios de pisos turísticos detectados en la investigación están siendo comercializados en diferentes comunidades autónomas, lo que podría generar, a ojos de la Dirección General de Consumo, “lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada“.
Asimismo, estarían incurriendo en prácticas comerciales desleales en base al Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, al suponer un incumplimiento de la normativa sectorial en relación con la publicidad ilícita, como en el caso de comercializar estas viviendas sin publicitar su número de licencia cuando esta sea obligatoria.
De esta forma, desde el ministerio que dirige Pablo Bustinduy se vuelve a poner el foco en posibles prácticas irregulares dentro del sector de la vivienda y, concretamente, en el de los alojamientos turísticos.
La semana pasada este ministerio anunció públicamente una investigación de la Dirección General de Consumo a las grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas. La citada investigación se dirige a empresas que administran cientos de viviendas turísticas en distintas comunidades autónomas.
Asimismo, el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo mantiene abierta otra investigación contra diversas agencias inmobiliarias que habrían llevado a cabo prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, como serían obligarles a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, obligarles a firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad, o incluir cláusulas abusivas para las personas consumidoras.
Todas estas iniciativas se enmarcan en el objetivo fijado por Pablo Bustinduy de contribuir a atajar la crisis de la vivienda en España, ”una cuestión que, según ha declarado públicamente, es uno de los principales problemas que tiene nuestro país", aseguraron en la nota.
