La ministra de Sanidad, Mónica García, ha insistido hoy en que la sanidad pública está perfectamente preparada para absorber la asistencia de los mutualistas de Muface y es además “el mejor lugar” donde pueden ser tratados. García preside hoy el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde va a tratar con los consejeros las implicaciones que tendría un eventual trasvase de los funcionarios al sistema público de sanidad.
La ministra quiere “tranquilizar” de este modo a los mutualistas y sale al paso además de las críticas de las comunidades del PP, que presionaban para que se incorporara al orden del día la aprobación de un acuerdo para instar al Gobierno a licitar un nuevo concierto de Muface. La ministra ha recordado antes de entrar en el Consejo que este acuerdo es competencia del Ministerio de Función Pública y ha insistido en que todo este asunto se ha generado porque a las aseguradoras “no les dan los números”. “Ellas son las que no han firmado porque los mutualistas no le salen rentables", aseguró
La ministra de Sanidad, Mónica García, antes del pleno del Consejo Internacional del Sistema Nacional de Salud (CISNS)
La ministra acusa a las aseguradoras de generar el conflicto porque “no le salen los números”
Aunque Sanidad apunte a que absorber al 1,5 millones de funcionarios y beneficiarios es una solución en caso de que no haya acuerdo, ni Función Pública ni los sindicatos representantes de los empleados públicos valoran esto como una verdadera salida a la falta de acuerdo.
Una vez que las aseguradoras descartaron presentar propuestas económicas al concurso de Muface el pasado 5 de noviembre, por considerar que la prestación sanitaria de los funcionarios está infrafinanciada e incurrirían en pérdidas, el ministerio de Función Pública comenzó el proceso para una segunda licitación, algo inédito. En opinión del ministerio, la subida realizada a las primas, un 17,12%, es un alza histórica pero aún así, abrieron una consulta preliminar de mercado para tantear precios y que las aseguradoras explicaran por qué necesitan mayor asignación, cómo lo justifican y cómo se gestiona.
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Mientras tanto, el ministerio de Sanidad publicó un informe en el que justificaba que por primera vez, absorber la atención sanitaria de los funcionarios en el sistema público es una opción “viable y razonable”. Sanidad entiende que el envejecimiento de la población mutualista y la preferencia de los funcionarios jóvenes por la Seguridad Social en lugar de por la sanidad privada desequilibra el sistema de Muface porque “ningún sistema de aseguramiento funciona si no tiene un pool de riesgos que permita ejercer contrapesos entre quienes más demandan el servicio y quienes hacen un uso menos intenso”. La edad media del mutualista ha subido 3,7 años en una década. En 2013, la edad media de los titulares de la mutualidad era de 54,2 años. Una década después, es de 57,8.
La consulta preliminar de mercado se resolvió el pasado 5 de diciembre, con propuestas de solo dos aseguradoras, DKV y Asisa. En el informe de conclusiones, el Gobierno apunta que podrían plantear una modificación del sistema de primas que reciben las aseguradoras que se adecúe a la edad real de los mutualistas. Es decir, que las compañías reciban más dinero por la prestación sanitaria a la población más mayor frente a la más joven, lo que solventaría el principal desequilibrio que señala Sanidad, porque ahora las primas son lineales.
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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha garantizado que esta nueva licitación de Muface llegará antes de que acabe el año en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes, donde ha mandado un mensaje de “tranquilidad” a todos los mutualistas y les ha asegurado que su prestación sanitaria está garantizada por la Ley de Contratos del Sector Público.
Pese a los movimientos del Gobierno, los sindicatos han realizado movilizaciones la semana pasada para urgir al ministerio a que llegue a una solución cuanto antes. El sábado, el sindicato CSIF reunió a unas 35.000 personas en Madrid para exigir al Gobierno que destine suficiente financiación para mantener su asistencia sanitaria a través de Muface, según los datos que manejan los sindicatos organizadores de la protesta que ya amenazan con una huelga general si el Gobierno hace caso omiso a sus reivindicaciones y no facilita el acuerdo entre las aseguradoras privadas y Muface
