El Gobierno endurece las devoluciones de ayudas públicas a las empresas que deslocalicen

Proyecto de ley

Sumar y PSOE chocan por la autoría de una de las medidas estrella de la nueva ley de Industria

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, atiende a los medios de comunicación para informar sobre las medidas incluidas en los Planes Reinicia+ y Reinicia Auto+, en la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, a 29 de noviembre de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Ayer, 28 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Reinicia+ y el Plan Reinicia Auto+, del Ministerio de Industria y Turismo, con más de 1665 millones de euros para los afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana. Se trata de un conjunto de medidas dirigidas a afrontar la renovación de maquinaria, equipos e instalaciones e incentivar la adquisición de vehículos que sustituyan los siniestrados por la DANA.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu 

Rober Solsona - Europa Press / Europa Press

El Consejo de Ministros aborda este martes la aprobación del proyecto de ley de Industria y Autonomía Estratégica, en la que se establecen mecanismos para evitar que las empresas deslocalicen y se recoge la obligatoriedad de devolver las ayudas públicas recibidas en caso de hacerlo. La deslocalización tampoco podrá ser motivo para justificar un despido.

La norma situará ahora en tres millones de euros el umbral a partir del cual han de devolverse estas ayudas, frente a los seis millones contemplados en el anteproyecto de ley presentado en julio. La revisión de la actual ley de Industria, que data de 1992, es una iniciativa ya planteada por la exministra Reyes Maroto en la anterior legislatura.

Las empresas que quieran abandonar su actividad deberán comunicarlo con nueve meses de antelación al Gobierno, que creará un mecanismo para intentar salvar el proyecto. La devolución de las ayudas se activará si la empresa reduce en más de un 65% su producción o en 500 personas o más su plantilla.

“La política industrial activa ha vuelto con fuerza para ocupar un espacio en la agenda pública”, ha afirmado el ministro de Industria, Jordi Hereu, al presentar el proyecto de ley tras la reunión del Consejo de Ministros. La ley, ha añadido, “pretende asegurar las inversiones realizadas en España”.

Los puntos fuertes de la norma son la creación de un mecanismo de preaviso y negociación para defender los proyectos industriales cuando una empresa decida abandonarlos, además de la aprobación de una Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica, en la que se definen los retos ante la transformación del sector.

Se crea además un Consejo Estatal de Política Industrial para coordinar a las diferentes administraciones y se recoge la nueva figura de los proyectos industriales estratégicos para facilitar y agilizar los trámites en las inversiones. También habrá una Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial.

Sumar se atribuye las grandes novedades

La norma ha provocado un pequeño encontronazo entre Sumar y el PSOE sobre la autoría de las medidas más relevantes. Desde Sumar, el mensaje es que el partido ha logrado que la ley hage frente a las deslocalizaciones, condicione las ayudas y sitúe la transición ecológica en el centro.

Las “trabas decisivas” a la deslocalización, afirman desde el partido, se deben a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Entre ellas están la devolución de las ayudas públicas, incluidas las relacionadas con los ERE o con el mecanismo RED de empleo, que permite reducir la jornada o suspender contratos de trabajo.

También ha conseguido que, en ningún caso, una deslocalización pueda ser la justificación para un despido, una modificación sustancial de las condiciones de trabajo o un descuelgue de un convenio.

“La vicepresidencia segunda ha logrado que se incorpore a la Ley el principio de condicionalidad a la política industrial en nuestro país. De esta forma, la colaboración público privada en España estará condicionada siempre a criterios como el mantenimiento del empleo o la responsabilidad medioambiental”, señalan.

Al otro lado del Gobierno el mensaje es que la devolución de la ayuda por deslocalizaciones figura en la ley “desde el minuto cero” y que la única novedad es que baja de seis a tres millones de euros el baremo para estos reintegros.

Un nuevo régimen de sanciones

La norma también establece un nuevo régimen de sanciones que, en el caso de las infracciones muy graves, puede alcanzar los 100 millones de euros. La estrategia industrial que se fije tendrá un horizonte de seis años, mientras que los planes estatales se elaborarán a tres años.

La ley también habilita al Consejo de Ministros a aprobar Pertes dirigidos específicamente a ecosistemas industriales concretos.

Reacción de las empresas

Desde las empresas, la Alianza por la Competitividad, que incluye las patronales de la automoción (Anfac), el refino (AOP), la química (Feique), la alimentación (Fiab) o la siderurgia (Unesid), ve positivo el proyecto de ley, pero echa de menos una medida “esencial”, que es la creación de un fondo como instrumento de financiación para impulsar la competitividad industrial.

Por separado, Feique considera “fundamental” que la ley esté “muy consensuada con los grupos políticos para que pueda tener una vigencia a largo plazo y finalmente impulse la política industrial”. Es también “imprescindible” desde su punto de vista que la ley "tenga asignado un presupuesto que desarrolle esta política industrial y le permita ser realmente transformadora garantizando la competitividad de las empresas frente a terceros países en el mercado global”.

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