El Ministerio de Trabajo ha arrancado hoy el proceso para el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2024, con una reunión del comité de expertos que tiene que allanar el camino con un planteamiento en cifras de que supone el objetivo del 60% del salario medio. A partir del trabajo de los expertos, se reunirá la mesa de diálogo social y se tomará la decisión final, con o sin consenso, porque este incremento es competencia del Gobierno; y con un calendario que muy probablemente se alargará hasta inicios del 2025. También ocurrió el año pasado, con un incremento decidió en febrero aunque aplicado retroactivamente desde el primer día del año.
Aunque el Ministerio de Trabajo no menciona cifras, la vicepresidenta y ministra, Yolanda Díaz, sí que ha confirmado que no se podía perder poder adquisitivo frente a la inflación, lo que, con los datos de los primeros diez meses del año, llevaría a un aumento mínimo del 2,8%. Es la media de la inflación interanual de enero a octubre y a falta de conocer los dos últimos meses. Si se aplica este porcentaje, el SMI pasaría de los actuales 1.134 euros a un mínimo de 1.166 euros mensuales.
Si además se tienen también en cuenta las subidas de los convenios en lo que llevamos este año, 3,8% los firmados en 2024 y 3,07% los que tienen vigencia en el periodo, el incremento debería ser superior.
Los sindicatos piden más. Ya han empezado a plantear sus peticiones con un incremento del 5 o 6%, lo que llevaría el nuevo SMI de los 1.134 euros mensuales actuales al entrono de los 1.200 euros, mientras que la CEOE no se ha pronunciado hasta el momento. Sin embargo, ni el actual clima de mal entendimiento con Trabajo, como prueba el desmarque de la patronal del consenso para la reducción de jornada; ni los precedentes, con la CEOE solo apoyando uno de estos incrementos del SMI, el año 2020, hacen prever que un acuerdo a tres bandas sea fácil.
La función de la comisión de los expertos es la de establecer la equivalencia con el 60% del salario medio, que es el objetivo final, para facilitar la decisión posterior a los agentes sociales. Suelen acabar ofreciendo una horquilla de opciones, entre las cuales se elige después, aunque desde siempre la patronal ha puesto en cuestión la neutralidad de esta comisión. El encargo que se les ha dado es que sea el equivalente al 60% del salario medio, una cifra sobre la que siempre reina la confusión al carecer de instrumentos estadísticos suficientemente actualizados; que con el incremento nadie pierda poder adquisitivo, y también que tengan en cuenta el rol del SMI para reducir la desigualdad.
“Es la mejor herramienta para reducir la desigualdad”, ha dicho la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para añadir que ahora ya nadie discute el impacto positivo de estos aumentos, cuando anteriormente había sido sujetos a pronósticos alarmistas sobre su impacto en el mercado laboral, y que ha beneficiado especialmente a jóvenes y mujeres.
El SMI se ha aumentado de forma substancial desde los 735 euros del 2018 hasta llegar a los 1.134 euros este año. Supone un incremento del 54% que, en contra de muchas predicciones, no ha provocado la pérdida de puestos de trabajo que se anunciaron; y es un proceso en el que no ha abundado el consenso. Sí, con los sindicatos, pero no con la patronal, que se ha desmarcado casi siempre, aunque sí se se sumó al auento del 2020, cuando el SMI pasó de los 900 a los 950 euros mensuales.
El año pasado la negociación fue especialmente viva, con la CEOE tomando la iniciativa y planteando un aumento, aunque condicionado a que se pudiera repercutir en los contratos con la administración. Un planteamiento que no fue aceptado y al final, la subida fue del 5%, hasta llegar a los 1.134 euros
