Todo empezó con la solicitud que el rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez, hizo al ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, para utilizar un edificio de la Seguridad Social en desuso para actividades de formación y emprendimiento.
La petición tenía toda la lógica, pero topaba con dificultades administrativas por una legislación restrictiva respecto a la cesión de los edificios propiedad de la Seguridad Social. Y no son pocos inmuebles. Una auditoría interna de la Tesorería General de la Seguridad Social localizó un total de nada menos que 1.028 inmuebles vacíos, que incluyen edificios, solares, locales, fincas rústicas, naves y garajes.
También se han adscrito dos “casas del mar” a los municipios de Llançà y Camariñas
Un patrimonio heterogéneo, distribuido por toda España e infrautilizado, con gastos extras para su mantenimiento, y en ocasiones deteriorando además el entorno urbano.
Es por ello que un decreto aprobado en enero de este año agilizó la adscripción y cesión de los edificios de la Seguridad Social que no estén siendo utilizados para otros destinos con fines de utilidad pública. Desde entonces ya son más de 20 los edificios vacíos que se han adscrito a ayuntamientos, comunidades autónomas y otras administraciones públicas. Aquí se incluye la Universidad de Almería, que en junio asumió la adscripción por un periodo de 30 años del edificio deseado en el centro de la ciudad, en el que deberá invertir más de un millón de euros en obras. Anteriormente, este inmueble albergaba oficinas del Imserso y del Instituto Nacional de la Seguridad Social, pero desde el 2020 se encontraba vacío.
Otro inmueble sin utilizar en Pamplona ha sido adscrito por un plazo de 10 años al Gobierno de Navarra, que podrá utilizarlo para albergar un servicio de atención a los menores víctimas de violencia sexual. El local, desocupado desde julio del 2022, está situado cerca del Palacio de Justicia de Navarra y se destinará a crear un entorno protector, separado físicamente de las instalaciones judiciales, con previsión de estar listo a final de año.
También se han cedido dos “casas del mar” a los ayuntamientos de Llançà y Camariñas. La de Llançà dispone de 578 metros cuadrados, y se destinará a actividades relacionadas con el sector pesquero, además de albergar la oficina de turismo. El pleno del Ayuntamiento lo solicitó en abril y el Ministerio de Inclusión lo acordó en julio para un periodo de 30 años. En el caso de la casa del mar de Camelle, en Camariñas, son 443 metros cuadrados para actividades culturales y educativas. También se cedió otro local al Ayuntamiento de Inca para servicios sociosanitarios, culturales y sociales.
La lista se completa con inmuebles cedidos a las comunidades autónomas de Madrid, Valencia y Extremadura, a los ayuntamientos de Santiago y Huesca, entre muchos otros, hasta un total de 21 en los últimos meses. Desde el Ministerio de Inclusión se ha contactado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que dé a conocer el cambio legislativo que agiliza estos procedimientos, y que los potenciales ayuntamientos interesados se movilicen.
La nueva normativa amplía la adscripción de bienes inmuebles de la Seguridad Social a otras administraciones o entidades de derecho público, sin perder la titularidad de los locales. Se reducen los plazos de tramitación y se agilizan también los procedimientos para la gestión de uso, que debe ser de utilidad pública.