Comentábamos la pasada semana el efecto de esta nueva ola sobre la incertidumbre, y cómo comenzaba a afectar a nuestro ánimo, al de los empresarios y al de los mercados. Porque aunque hasta hoy su impacto sobre la sanidad sea soportable, se acumulan las evidencias que no se detendrá ahí: así lo apuntan las restricciones de vuelos de EE.UU. a Portugal o Irlanda, los anuncios de vacunación obligatoria en Alemania y Austria, la explosión de casos en Dinamarca o las medidas de contención que están adoptándose en Gran Bretaña o por toda Europa. Todo apunta a que hemos entrado en una nueva ola, de momento de la variante Delta, que tendrá efectos no menores sobre la economía sea cual sea su letalidad.
En este contexto emerge el debate sobre la extensión del pasaporte covid o, incluso, acerca de la obligatoriedad de la vacunación. Parecería que, a los que se oponen a ambas medidas, les fuera la vida: tal es la pasión con que se defiende una pretendida libertad individual sin límites. De todos los argumentos en contra de esas obligaciones, retengo el de la ausencia de legislación para imponerlas, como si Italia, Francia, y ahora Alemania, no hubieran modificado las suyas para hacerlas compatibles con los derechos individuales de sus ciudadanos. Porque, ciertamente, parece un mundo al revés que se exija el pasaporte a los clientes de bares o restaurantes y, en cambio, no pueda demandarse a los que allí trabajan: los intereses de la mayoría deberían ser suficientes como para modificar nuestras leyes y generalizar el pasaporte covid o, incluso, obligar a la vacunación.
El interés de la mayoría debería ser suficiente para modificar las leyes y obligar a la vacunación
En todo caso, quisiera añadir un aspecto que no suele emerger en esos debates: el negativo impacto económico que generan aquellos que deciden no vacunarse. Porque los controles, confinamientos parciales, bajas laborales obligadas, cancelaciones de encuentros (como los de estos días) u otros efectos sobre la actividad están ahí. Y alguien debe pagarlos. Se trata de las conocidas externalidades negativas de nuestras acciones. Y si en lo tocante a la contaminación hay consenso sobre que quien contamina paga, no veo por qué en lo relativo a la sanidad colectiva debería ser distinto.
Una persona muestra su certificado de vacunación contra el Covid-19
Además, hay que recordar ahora que si salimos con vida (económica, se entiende) de las primeras oleadas fue merced a la explosión del endeudamiento público, apoyado por compras masivas de títulos por el BCE. Si otro choque pandémico nos vuelve a poner de rodillas no deberíamos olvidarlo, porque los apoyos serán mucho menores: tanto la política fiscal como la monetaria están al final del camino. Y, en particular, no deberían olvidarlo los poderes públicos, los que tendrían que generalizar el pasaporte o, incluso, obligar a la vacunación. Quizás haya quien crea que no vacunarse es un derecho individual; pero es claramente un perjuicio, económico y sanitario, colectivo.