El próximo martes 13 de julio será un gran día ya que se consumará el cambio radical de planteamiento de la Unión Europea para enfrentar la crisis de la pandemia y estimular la recuperación económica. Nada que ver con la reacción ante otras crisis.
Una historia que empezó con la larguísima cumbre de jefes de gobierno del 17 al 21 de julio del año pasado –la más larga o la segunda más larga de la historia, hay debate al respecto–, donde se pusieron en marcha los fondos de recuperación. Continuó con la meticulosa negociación durante meses de los planes entre cada país y Bruselas y ahora desemboca en un nuevo capítulo, el de los pagos, con la aprobación que darán los ministros de Economía a los primeros doce planes, entre los cuales se encuentra el español.
España tuvo que justificar por qué concentra el 80% de los fondos en los tres primeros años
El martes habrá poca liturgia, cuentan desde el Ministerio de Asuntos Económicos. Una presentación general, pero sin entrar a debatir detalles de los planes, porque ya llegan muy trabajados y con el visto bueno otorgado por los embajadores de los 27 el viernes. No van a entrar a debatir planes concretos, indican varias fuentes. Desde el ministerio destacan cómo ha cambiado el ambiente desde el verano pasado, y apuntan a que en las discusiones sobre los planes en los grupos de trabajo del Consejo de Ministros, ha habido petición de aclaraciones, pero no cuestionamiento de las medidas.
Pasaron aquellos momentos de enfrentamiento con los frugales que acabaron aceptando que la Unión Europea se endeude masivamente para impulsar la recuperación de los países más afectados por la crisis.
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Respecto al plan español, en los últimos días, las preguntas han recaído en la concentración del esfuerzo que prevé en los tres primeros años, en los que se acumula gran parte de las reformas y medidas a llevar a cabo, y consecuentemente, también gran parte del desembolso de los fondos. Un planteamiento ambicioso que conlleva sus riesgos. Lo apuntó el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, en una entrevista en La Vanguardia el viernes, señalando que es un desafío para España absorber tal cantidad de fondos en tan poco tiempo. En concreto, de los 69.500 millones totales de subsidios, casi el 80% se desembolsarán en los tres primeros años.
En el Ministerio de Asuntos Económicos son conscientes del desafío, pero consideran que la economía española necesita una terapia de choque inmediata para recuperarse, y conciben el plan como un instrumento para hacer frente al primer golpe de la pandemia. Además, a más largo plazo, ya se cuenta con los fondos estructurales previstos en los presupuestos del periodo 2021-2027, que pueden servir para mantener el esfuerzo.
La aprobación del plan permitirá a España recibir 9.000 millones de euros de forma inmediata, que llegarán este mes o en agosto. Después, el segundo pago será en diciembre, de 10.000 millones más, y ya requerirá una evaluación de la Comisión Europa para determinar si se están cumpliendo los hitos y objetivos marcados. Será el inicio de estos exámenes bianuales previos a cada pago y con metas exigentes. Aquí podrían reaparecer las presiones de los frugales y otros países fiscalmente muy ortodoxos. Uno de estos compromisos es que antes de terminar el año, España deber haber acordado la reforma laboral. Es un condicionante para recibir el desembolso consiguiente.
Junto al plan español, el martes el Ecofin aprobará 11 más, entre los cuales están los de Italia, Francia y Alemania. Es el primer paquete, y se espera que un segundo grupo de países vea sus planes aprobados en una nueva reunión de los ministros que se convocaría el 26 de julio. En total, la Comisión Europea ha dado luz verde a 16 planes, tiene 8 en proceso de evaluación y quedan tres países que aún no lo han presentado (los Países Bajos, Malta y Bulgaria).
Entre los planes que Bruselas está analizando está el de Hungría, pero su aprobación está en el aire, tanto por las dudas sobre la eficacia de las medidas incluidas para atajar la corrupción, como por la presión ejercitada por el Parlamento Europeo. Hay una resolución parlamentaria, que se acordó el jueves por gran mayoría, en la que se exige que no se valide el plan si no hay garantías de que los fondos no van a utilizarse para contribuir a la violación de los derechos fundamentales. La tensión con Hungría se ha incrementado a raíz de las leyes que
limitan la información sobre LGTBI en escuelas, programas de televisión y cualquier espacio accesible a menores de 18 años que el jueves entraron en vigor y que han aislado más que nunca a Viktor Orbán del resto de la UE.
En principio, la Comisión tiene un plazo que se agota mañana para emitir su dictamen, aunque se puede prolongar. Es lo que ya han hecho cinco países, que han requerido más tiempo, pero en estos casos (Polonia, Estonia, Rumanía, Suecia y Finlandia) son cuestiones más técnicas las que explican el retraso, mientras que respecto a Hungría, se trata de un tema político de primer orden.