La reforma del alquiler solo afectará a los contratos nuevos
Consejo de Ministros
Solo habrá incentivos fiscales para las viviendas sociales
Estas son las principales novedades del nuevo decreto del alquiler
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El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el real decreto de medidas urgentes para la vivienda y el alquiler que abre la vía a que las comunidades y los ayuntamientos puedan tomar medidas fiscales para impulsar los alquileres asequibles y eleva a cinco años la duración mínima de los contratos.
En cualquier caso, las medidas aprobadas entrarán en vigor en cuanto el texto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que, según fuentes del Ministerio de Fomento está previsto para mañana. Estas fuentes también han especificado que todo lo aprobado hoy será efectivo solo para los contratos firmados a partir de su entrada en vigor.
Tras el intento fallido en enero de aprobar esta regulación, en esta ocasión el Gobierno ha negociado intensamente con todos los grupos políticos para asegurarse que el texto finalmente contará con los apoyos suficientes en la mesa de Congreso para ser aprobado. Y ello, a pesar de que el texto no propone topar el precio del alquiler, la media que en enero motivó que Unidos Podemos no apoya el primer real decreto que se presentó en el Congreso.
Ibi reducido solo para los alquileres sociales
Ese proceso de negociación que ha durado hasta la mañana de este viernes ha implicado la retirada de algunas de las medidas que hasta ayer se daban por seguras como la posibilidad de que los ayuntamientos pudieran reducir un 80% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de forma general. La medida no gustaba a Unidos Podemos, puesto que implicaba una considerable merma de los ingresos de los ayuntamientos y detraía fondos para las ayudas sociales.
Sí permanece, en cambio, la posibilidad de que las corporaciones locales apliquen bonificaciones de hasta el 95% en la cuantía de ese impuesto para aquellas viviendas cuyo alquiler ya tenga algún tratamiento reducido. Es decir para las viviendas sociales.
Actualización de rentas en base al IPC
También tendrán potestad para establecer recargos sobre las viviendas vacías, siempre que la ley defina con detalle qué se entiende por vivienda vacía; una tarea que el Gobierno ha delegado en las comunidades autónomas.
Como se había venido contando en los últimos días, el nuevo real decreto establece que la actualización de todos los contratos queda ligada al IPC y que se amplia el plazo de los mismos a cinco años en caso de propietarios particulares y siete si son institucionales.
Índice de referencia de precios del alquiler
Otra de las grandes novedades es el también anunciado índice de referencia de precios del alquiler. Lo elaborará el propio Ministerio de Fomento y está previsto que esté finalizado en ocho meses. Ese índice tendrá periodicidad anual y será una referencia. Estará elaborado con la mayor cantidad de fuentes posibles, entre ellas, depósitos de finanzas, datos de la Agencia Tributaria, datos del catastro y del registro de la propiedad. El índice, según fuentes de Fomento, será diferente al que ya ha sido encargado al INE, y tendrá datos muy desagregados que detallarán hasta nivel de distritos.
El real decreto también recoge una de las medidas exigidas por Podemos que implica que los contratos de arrendamientos vuelvan a tener efectos aunque no estén inscritos en el registro de la propiedad, tal y como contemplaba la ley anterior a la reforma de 2013. De esa forma, se impide que los fondos de inversión aprovechen para adquirir viviendas arrendadas sin asumir plazos ni condiciones de los contratos existentes como ha ocurrido hasta ahora.
Más control sobre el proceso de desahucio
El proceso de desahucio también tendrán un mayor control con la nueva normativa. Se exigirá que la autoridad judicial informe a los servicios sociales con antelación al lanzamiento. Además, se establece un periodo de un mes para gestionar la situación de la familia en situación de vulnerabilidad que se extiende a tres si el propietario de la vivienda es una persona jurídica.
También se clarifica la obligación de señalar el día y la hora del desahucio para acabar con los actuales desahucios de fecha abierta.