Cepsa se suma a Repsol y pone sobre la mesa la paralización de sus inversiones en descarbonización en España, si el Gobierno cumple el objetivo de instaurar como permanente el impuesto, inicialmente temporal, para las energéticas aprobado en 2022, en plena crisis de la energía y que, en principio, decaía el 31 de diciembre de 2024.
Según ha explicado la compañía, los fondos de inversión Mubadala, (fondo soberano de Abu Dabi) propietario de un 62% del capital de Cepsa y el estadounidense Carlyle, con un 38%, han solicitado a la dirección que paralice la 3.000 millones de inversión destinados al Valle Andaluz del Hidrógeno y busque destinos en los que la apuesta por esta nueva tecnología todavía sin madurar (la producción de hidrógeno verde a partir de electrólisis) pueda ser más rentable como son EE.UU. Brasil, Marruecos y Argelia. La decisión se ha tomado tras dos años asumiendo el coste del impuesto extraordinario que ahora apunta a la permanencia.
Lee tambiénCatalunya perdería 14.000 millones en inversiones con un impuesto permanente a las energéticas
La decisión pone en riesgo el Valle del Hidrógeno que es una de las piezas estratégicas sobre las que el Gobierno ha asentado su proyecto de conexión con Europa, el BarMar, para convertir a España en un hub de esta tecnología. Pero no solo eso, Cepsa también tiene proyectos de impulso a combustibles renovables, entre ellos el SAF para aviones.
Estos proyectos unidos a los que Repsol ya ha anunciado que se llevará de Tarragona y a los que están pendientes de la decisión final del Gobierno, podrían tener un alto coste para Catalunya. El sector maneja estimaciones que apunta que podrían dejar de invertirse 14.000 millones de euros y una minusvalía para el PIB de la comunidad de hasta 6.500 millones de euros. Eso solo en Catalunya.
Montero reclama justicia social
En este contexto, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, en unas declaraciones a los periodistas este viernes en Sevilla, acusó a las petroleras de “sobreactuación”. “Hay que vivir con normalidad estas reacciones aunque sobreactúen, hiperventilen y hagan afirmaciones de este tipo”, aseguró sin modificar, de momento, ni un ápice su posición respecto a la decisión del Gobierno de considerar como permanente este gravamen que le podría reportar 8.688 millones de euros entre 2024 y 2030.
“Es de justicia social que los que han tenido un mayor rendimiento en la cuenta de beneficios abonen más al erario público para permitir que se redistribuya en términos de mejora de los servicios públicos de la sanidad, educación y dependencia”, insistió.
Sin embargo, hay compañías que han tenido que pagar este gravamen aunque no obtuvieron beneficios. Tal y como está diseñado hasta ahora el gravamen, la base imponible sobre la que se aplica el tipo del 1,2% son los ingresos, no los beneficios y eso a llevado a que Cepsa, con unas pérdidas de 233 millones de euros en 2023, tuviese que abonar 323 millones en concepto de “beneficios extraordinarios” inexistentes.
