Desde hace semanas, el poder judicial y el poder ejecutivo están enfrentados en España. El gobierno, liderado por el Partido Socialista (PSOE), hace meses que intenta impulsar una reforma que permita renovar de forma inmediata el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos miembros han terminado el mandato hace tiempo.
En cambio, los sectores más conservadores del poder judicial y político se oponen a esta renovación. En ese sentido, los jueces del CGPJ cuentan con el apoyo del Partido Popular (PP), el principal partido de la oposición.
Para intentar sortear este bloqueo, el Gobierno ha impulsado una reforma rápida del poder judicial en el Congreso, donde tiene mayoría parlamentaria, y ahora la propuesta debía aprobarse en el Senado. No obstante, el PP presentó un recurso frente al Tribunal Constitucional (TC) para evitar que la ley siguiera adelante, y al final así ha sido.
Los magistrados del TC han acordado por seis votos a cinco frenar la votación en el Senado. Se trata de una decisión inédita ya que, por primera vez en la historia, el Constitucional interviene en la función del poder legislativo y ordena suspender un debate parlamentario.
La renovación del CGPJ
El Consejo del Poder Judicial es el órgano encargado de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones y de gestionar la administración de la Justicia en España. Según la Constitución Española, el CGPJ está formado por veinte vocales (doce jueces y ocho juristas), además de un presidente.
Estos vocales son elegidos por el Congreso de los Diputados y el Senado por una mayoría de tres quintos (210 diputados y 159 senadores). En la práctica, esto significa que los partidos con mayor representación (actualmente PSOE y PP) se encargan de designar a los vocales.
Para garantizar su correcto funcionamiento, el CGPJ debe renovarse cada cinco años y ninguno de sus miembros puede ser reelegido. Si los partidos mayoritarios no se ponen de acuerdo, los vocales que estaban en el puesto se mantienen y ejercen su cargo en funciones. Esto es lo que ha ocurrido en España.
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Poder nombrar a los vocales del CGPJ es importante para los partidos porque, aunque no pueden intervenir en la justicia o a la hora de dictar sentencias, sí que pueden elegir a jueces que tengan opiniones políticas parecidas. La voluntad de controlar el CGPJ con jueces afines es lo que ha impedido que PSOE y PP lleguen a un acuerdo.
Por otro lado, la decisión del Tribunal Constitucional anunciada esta semana no solo paraliza la renovación del Consejo General del Poder Judicial, sino también la del propio TC. Este tribunal se compone de 12 miembros y dos de ellos son nombrados por el CGPJ; como consecuencia, si el CGPJ no se renueva, tampoco podrá designar a los nuevos magistrados del Constitucional.
La propuesta del Gobierno
El bloqueo en la renovación del poder judicial ha provocado críticas por parte de la Unión Europea, que considera que España debería promover un sistema judicial más moderno y democrático. Por ese motivo, el actual gobierno español (liderado por el PSOE y Unidas Podemos) propuso cambiar el modelo actual, que obliga a tener el apoyo de tres quintos de los diputados y senadores.
El gobierno propone aplicar un sistema de votación individual en el que se elija a los candidatos con más apoyos. Además, también incorporan la posibilidad de castigar con responsabilidades penales a los vocales que incumplan la ley.
Con la reforma, también se proponen plazos concretos para evitar el bloqueo. El presidente del CGPJ deberá convocar el proceso en cinco días desde la entrada en vigor de la ley, la votación se convocará en tres días y serán elegidos los dos candidatos más votados.
Sin embargo, la votación del TC ha paralizado estas reformas. La decisión ha sido criticada por expertos jurídicos, que consideran que el acuerdo del TC es un ataque a la democracia, al impedir que se cumpla la Constitución y se renueve el mandato caducado de los magistrados.
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