¿Cómo funciona la petición de asilo?
Derecho de asilo
El asilo es un derecho fundamental reconocido por más de 140 países en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
La palabra ‘asilo’ nace del griego asylos, que significa templo inviolable o sitio donde nadie puede ser molestado.
El asilo es un derecho humano fundamental que se recoge en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Cada año, aproximadamente un millón de personas piden asilo en otros países.
¿Quién puede pedir asilo?
Solo pueden pedir asilo a otros países aquellas personas consideradas refugiadas. El Estatuto de los Refugiados, adoptado en Ginebra en 1951, define quién es un refugiado.
Un refugiado es una persona que se encuentra fuera de su país de procedencia o donde reside habitualmente, perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, y no puede reclamar la protección de su país.
El solicitante de asilo es aquella persona a la espera de que las autoridades estudien su petición y reconozcan su condición de refugiado. Durante este proceso, los solicitantes no pueden ser devueltos, expulsados o extraditados siguiendo el “principio de no devolución”.
¿Qué organismos protegen este derecho?
En 1948, los países miembro de las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos . El artículo 14 de este tratado convierte la petición de asilo en un derecho humano fundamental.
Tres años después, en 1951, la Convención de Ginebra adoptó el Estatuto de los Refugiados para definir los derechos específicos de este colectivo.
En 2007, los estados europeos reconocieron el derecho de asilo como un derecho fundamental en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Estatus de refugiado
El estatus de refugiado asegura algunos derechos en el país de asilo donde se encuentran estas personas.
Los refugiados reciben protección contra amenazas a la seguridad física o acceso libre a los tribunales de justicia. También la libertad de moverse dentro del territorio y el acceso a una educación para los niños refugiados.
Los estados están obligados a facilitar la reunificación familiar lo antes posible, mientras realizan los trámites necesarios para regularizar su situación. También se establecen medidas especiales para proteger refugiados particularmente vulnerables, como los menores.
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