Hoy día, en nuestro entorno más cercano, algunos de los derechos de las personas se han convertido en un lujo. Me centraré en uno: el lujo de vivir en una vivienda digna.
Hemos oído hablar mucho del sinhogarismo , una palabra nueva para un nuevo drama humano. Nos conmueve ver lechos de cartón donde algunas personas sin hogar pasan la noche, haga frío o calor. El drama está aquí y nos azota. Muchas personas tienen un techo, sí, pero el sobreesfuerzo que hacen para pagar el alquiler las condena a malvivir.
Hago un llamamiento a las administraciones públicas a promover la vivienda social
Cada vez hay más familias que no pueden acceder a una vivienda digna ni mantenerla. Son víctimas de una realidad cruda, de un fenómeno bautizado como exclusión residencial. La crisis de la vivienda está afectando de manera más intensa a los hogares en situación de vulnerabilidad y, por eso, en estos casos hablamos de emergencia social. La Iglesia conoce esta realidad, ya que recibe diariamente cientos de peticiones de ayuda.
Con datos del 2024, la Fundación Foessa nos alerta de que más de 4,6 millones de hogares en España, el 24% de la población, sufren dificultades relacionadas con el acceso y mantenimiento de la vivienda. Trasladado a la diócesis de Barcelona, el 27% de la población, es decir, 726.000 personas, tienen dificultades para acceder a una vivienda o mantenerla.
Las familias en situación de pobreza dedican más del 70% de sus ingresos al pago del alquiler de una vivienda precaria, lo que implica vivir en una insegura o inadecuada. Es insegura cuando estas familias se ven obligadas a alquilar sin contrato o cuando viven con la amenaza de perder la vivienda o sufrir violencia por parte de la familia o pareja. Una vivienda es inadecuada cuando muchas personas deben vivir en un espacio reducido o en lugares inapropiados: locales comerciales, sótanos sin luz natural y con graves deficiencias de construcción o insalubridad. Vivir en una vivienda insegura o inadecuada tiene importantes consecuencias en la calidad de vida de las personas, especialmente los niños y adolescentes, y afecta a su salud física y emocional.
Hago un llamamiento firme a las administraciones públicas para trabajar con el sector privado a fin de promover activamente la construcción de vivienda social; así como otras medidas que permitan a las personas acceder a una vivienda digna con un alquiler digno y asequible a su renta. Es necesario asegurar una vivienda digna a las personas y a la vez también respetar la propiedad privada.
No podemos dormir tranquilos mientras nuestros hermanos no pueden vivir con dignidad en nuestra ciudad, nuestro barrio o edificio. El deber como católicos es ayudar a nuestros hermanos, especialmente a los más vulnerables y necesitados. Necesitamos esperanza y creatividad para construir un mundo donde podamos vivir dignamente. Hace falta una mirada a largo plazo, pero ahora debemos dar respuesta a la emergencia social que nos interpela. ¿Qué podemos hacer entre todos para encontrar soluciones?