“El abuso sexual termina y empieza para el agresor, pero para la víctima es el comienzo de un daño que permanece de por vida”. Esta frase lapidaria, dicha en su día por una víctima de la pederastia eclesial, ha sido reproducida este jueves por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ante el pleno del Congreso, donde recordó que aún no se ha creado el fondo estatal “para la reparación integral de las víctimas”.
“Estatal no quiere decir del Gobierno”, insistió para recordar el papel de la Iglesia y de muchas diócesis, que han contestado a sus requerimientos, “pero contestar no siempre es responder”. Por el bien de las víctimas “es imprescindible que Estado e Iglesia colaboren y adopten compromisos conjuntos: queda mucho por hacer”. Gabilondo ha lamentado que España sea “uno de los últimos países en abordar este problema”.
Datos claveEl retrato robot de las víctimas
1La mayoría de las víctimas (264) tenía entre 50 y 65 años cuando se pusieron en contacto con la institución que dirige Ángel Gabilondo.
2Los abusos tuvieron lugar mayoritariamente en el decenio de 1970 (31% de los casos), de 1960 (27,4%) o de 1980 (20,1%).
Quién, cómo y cuándo se creará el fondo de indemnización es el caballo de batalla que sigue pendiente. Unos grupos políticos dicen que la financiación debe ser conjunta. Otros, que las indemnizaciones deben correr única y exclusivamente a cargo de la Iglesia. Gabilondo dice que su institución puede decir qué debe hacerse, pero no cómo debe hacerse. “Eso es cosa de ustedes. Ha llegado la hora del Parlamento”.
El Defensor, sin embargo, dio pistas sobre su opinión, como cuando recordó una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos a propósito de un caso de Irlanda. Esa resolución señaló que el Estado no se puede sustraer de su obligación de proteger a la infancia en las escuelas, “sean públicas o de pago”. El Ejecutivo y el Legislativo, añadió el compareciente, deberían desarrollar “cuanto antes” las recomendaciones de su informe.
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Ángel Gabilondo ya presentó el documento en octubre del 2023 ante la Comisión Mixta del Congreso y el Senado. Un año después, ha hecho lo mismo ante el Pleno del Congreso. En el tiempo transcurrido desde aquella primera presentación han seguido llegando denuncias a la Unidad de Atención a las Víctimas del Defensor del Pueblo: 188 nuevos testimonios, que elevan el total a 674 (564 hombres y 110 mujeres).
El informe, que se puede leer aquí, señala que un 0,6% de la población española mayor de 18 años ha sufrido abusos por parte de algún religioso. “Las víctimas esperan que no se postergue más una respuesta concreta a su situación”, ha señalado el Defensor, que insistió en tres ideas: Estado e Iglesia deben colaborar, “el tiempo es decisivo” y “España es uno de los últimos países en abordar este problema”.
Las víctimas requieren desde hace mucho una cosa: ser escuchadas"
Investigaciones como la suya se realizaron hace ya 32 años en países como Canadá. Gabilondo reconoció que la Iglesia ha avanzado, pero no lo suficiente. De las primeras actitudes, cuando quiso “minimizar el problema, hablando de “casos aislados y manzanas podridas”, la jerarquía eclesiástica ha pasado a crear “protocolos de prevención”, pero “queda mucho por hacer en la reparación efectiva de las víctimas”.
El informe no da cifras, pero las extrapolaciones que publicaron a raíz de su primera presentación diversos medios, incluida La Vanguardia, irritaron a la Iglesia, que las vio desproporcionadas. Los diputados Jordi Salvador y Gala Pin, de ERC y Sumar, insistieron hoy en que “al menos 400.000 niños y niñas han sufrido esta lacra”. Así lo dedujeron de la encuesta encargada por el Defensor del Pueblo, que entrevistó a 8.013 adultos.
Gabilondo, junto a miembros de su equipo, en el Congreso
El 11,7% de los entrevistados reconoció haber sufrido abusos antes de su mayoría de edad. Un 3,36% sufrieron las sevicias en el ámbito familiar (un reciente informe de la fundación Bernadet insiste en que 8 de cada 10 abusadores pertenecen al ámbito familiar o de confianza). Un 1,13% de los encuestados denunció abusos “en el ámbito religioso”. De ese 1,13%, un 0,6% reconoció que el abusador era un “religioso o sacerdote”.
La extrapolación de “esa muestra representativa de la población española” (son palabras textuales de Ángel Gabilondo) daría como resultado unas 440.000 personas. La Conferencia Episcopal replicó de inmediato. La extrapolación de datos a partir de la encuesta del informe, dijeron los obispos españoles, "no corresponde a la verdad ni representa al conjunto de sacerdotes y religiosos que trabajan lealmente”.
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Las víctimas, sean cuántas sean, han experimentado mucho “sufrimiento y una soledad cubierta por un injusto silencio, el de quienes pudieron hacer más por evitar sus padecimientos y no lo hicieron”. Era sencillo: escuchar. “Escuchar a las víctimas y que no se pospongan más las respuestas es el sentido primero, central y último de nuestro informe”, dijo el compareciente, que se emocionó al recordar algunos testimonios.
Le conmovieron, en especial, las “conversaciones sanadoras” que las personas mayores (mayoría entre quienes acudieron a la Unidad de Atención a las Víctimas) sintieron cuando relataron qué les pasó. Dijeron cosas como: “He tenido una vida no vivida”, “Mi vida ha sido la sombra de lo que podría haber sido”, “Estos hechos no han prescrito espiritualmente”. Y, aunque hayan prescrito penalmente, deben ser reparados…
La intervención del Defensor del Pueblo
Ese fue otro de los ejes de los planteamientos de Ángel Gabilondo: todas las víctimas deberían tener derecho a una reparación, incluso en el caso de que los victimarios ya hayan muerto o de que no se pueda actuar judicialmente contra ellos por el tiempo transcurrido. Por ello abogó por la creación de un foro que aborde estos casos y dé protección a las víctimas. La pelota está ahora en el tejado del Parlamento.
“Se ha roto el silencio, aunque tarde para las víctimas, que continúan con problemas afectivos, sexuales y de relación con los hijos”, lamenta el Defensor, que volvió sobre una polémica en la que nunca quiso entrar: la cifra de afectados. Nunca lo sabremos, aseguró ante sus señorías, por “el silencio voluntario o inducido”, “las víctimas que han fallecido sin hablar” y por la “inaccesibilidad a determinados archivos”.
