Procesan a la brigada antidroga de la Policía Nacional en Mérida por “organización criminal”
Narcotráfico
Se les imputan delitos de conspiración, tráfico de drogas, malversación, torturas, falsedad documental y contra la administración pública, entre otros
Agentes de la Policía Nacional en una imagen de archivo.
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Mérida ha propuesto procesar a cinco miembros de la brigada antidroga de Mérida por “organización criminal”. Los agentes permitieron a los narcotraficantes que tenían protegidos llevar a cabo sus actividades delictivas entre 2019 y 2021.
Asimismo, el juez ha decretado este miércoles la continuidad de la tramitación de las diligencias previas, por el procedimiento abreviado, contra seis policías -cinco de ellos del Grupo de Estupefacientes de Mérida- y otras nueve personas. También ha decretado el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a otras diez personas, algunas de ellas policías.
A algunos agentes se les imputan además delitos de conspiración, tráfico de drogas, contra el patrimonio, de malversación, torturas, falsedad documental y contra la administración pública, entre otros.
Cinco de los acusados son del Grupo de Estupefacientes de Mérida
Las diligencias previas se iniciaron el 16 de abril de 2021, cuando la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional solicitó una autorización judicial para la intervención telefónica, la instalación de una cámara de videovigilancia y un dispositivo de audio en el despacho del Grupo de Estupefacientes. También pidió la colocación de un registro remoto en el terminal telefónico. Por estas distintas vías la unidad pudo tener información de posibles conductas ilegales de dos agentes de Mérida por su vinculación con personas relacionadas con el narcotráfico.
De esta manera, las pruebas practicadas han revelado que el modus operandi del Grupo de Estupefacientes, detenidos en septiembre de 2021, pasaba por tener una serie de colaboradores y protegidos que le proporcionaban información para proceder a la detención de personas vinculadas al tráfico de drogas.
Varios agentes tenían relación con el narcotráfico
No obstante, “las operaciones policiales permitían que el traficante protegido realizara su actividad delictiva con la aquiescencia del grupo, al tiempo que le protegía frente a investigaciones de otros grupos de investigación”, ha señalado el auto.
“Este grado de colaboración en el que se favorecía a un traficante, frente al que no se actuaba, a cambio de información sobre operaciones, transacciones de droga, y que este instructor califica como omisión del deber de perseguir delitos, dio lugar a otro tipo de colaboración en la que el propio grupo participaba de la actividad delictiva”.
“Existen pruebas de que todos los miembros del grupo eran conocedores de las plantaciones de marihuana de estos investigados y de que se les proporcionaba información relevante y utensilios para llevar a buen puerto la plantación de marihuana, así como de los beneficios que la plantación reportaría al grupo”.
En las operaciones antidroga no se detenía al narcotraficante
De esta forma, se ha señalado que el Grupo de Estupefacientes actuaba como una “organización criminal” en la que todos los integrantes participaban de “manera concertada y coordinada, repartiéndose las tareas o funciones”. Según el juez, es “revelador” el papel predominante de un policía, que “ejerce realmente las funciones de dirección y coordinación que debería tener el inspector del grupo”.
Por último, el juez ha detallado varias operaciones antidroga en las que se no se detenía al narcotraficante protegido. Tampoco se llevó a cabo la interceptación pactada de un transporte de más de un kilo de cocaína desde Madrid a Mérida en febrero de 2021, en la que hubo dos detenciones.
El magistrado ha decretado también la continuación de las diligencias para eliminar las responsabilidades civiles que pudieran corresponder a la mujer del policía. Esta actuaba como cabecilla del grupo como partícipe a título lucrativo de los hechos imputados.