Cualquier persona que tenga más de 40 años recordará la popular campaña institucional 'Som 6 milions' que el Govern de la Generalitat de Catalunya lanzó en 1987 para conmemorar el extraordinario crecimiento poblacional del país durante los años 70 y 80.
Transcurrieron 19 años hasta que, en el 2006, se alcanzaba la cifra de siete millones de habitantes, y justo el año pasado, en el 2023, Catalunya llegaba oficialmente a los ocho millones de ciudadanos.
No es necesario profundizar en ello porque es bastante evidente que entre la sociedad y la población de hoy y la de 1987 prácticamente no se puede establecer ningún paralelismo, a ningún nivel. La globalización y la revolución tecnológica han transformado más el mundo en los últimos 50 años que en el transcurso de varios siglos anteriores.
Sin embargo, en muchos aspectos nos seguimos organizando como si estuviéramos anclados en la Catalunya de los seis millones. Desde la movilidad y el transporte, hasta las infraestructuras, la educación y, por supuesto, la sanidad pública.
“El sistema sanitario sigue dimensionado para los famosos 6 millones”
Da lo mismo que desde 1987 Catalunya haya tenido siete gobiernos de al menos cuatro signos políticos diferentes, el sistema sanitario catalán sigue dimensionado y financiado para los famosos seis millones, o aún menos. Y como muestra un dato: en el año 1992, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Barcelona, Catalunya disponía de 22.000 camas hospitalarias; actualmente son justo la mitad, 11.000.
Es cierto que también la salud ha evolucionado mucho a nivel clínico y tecnológico, y, tanto la cirugía ambulatoria como el ingreso domiciliario permiten que la dotación de recursos sea más contenida, pero no deja de ser significativo que con dos millones más de habitantes haya un 50% menos de camas.
Así pues, la sanidad de los seis millones sufrió primero los recortes del 2010 y después la sacudida de la pandemia, salvada gracias a la abnegación de los profesionales y a unos fondos económicos excepcionales de origen europeo. Durante el trienio 2020-2023, el sistema ha disfrutado de una liquidez que demasiado a menudo ha servido para poco más que para equilibrar unas cuentas extraordinariamente dañadas.
Porque ya va siendo hora de que despertemos del espejismo que supone generar, año tras año, entre 3.000 y 5.000 millones de euros de deuda pública, la diferencia entre el presupuesto oficial del Departament de Salut y el gasto real de la propia consejería.
Una vez pasada la manga ancha de la pandemia se vuelven a destapar las miserias de una infrafinanciación sanitaria crónica que ningún Gobierno ha sido capaz de resolver. Incluso el presupuesto no aprobado para el año 2024, el “más expansivo y social de la historia”, preveía 12.700 millones para Salud, mientras el gasto ejecutado en el año 2023 fue de 15.100 millones.
“Hablamos de salud como gasto, no como inversión”
Por tanto, es evidente que la infrafinanciación ahoga nuestro sistema y es la causa última de las listas de espera, los problemas de accesibilidad o el déficit de personal sanitario, entre otros. Podemos hacer lo que podemos pagar, pero tenemos que hacer lo que hemos dicho que haríamos y lo que hasta ahora siempre hemos hecho, tenga el coste que tenga. Ciertamente, un galimatías.
Mientras tanto, políticos y gestores utilizan sus artes economicistas para que con un 75% de la plantilla de profesionales se puedan cubrir el 110% de las necesidades asistenciales de la población. Es decir, la explotación laboral de toda la vida. Porque, curiosamente, hablamos de salud como gasto pero no como inversión, aunque el valor del sistema también se pueda medir en términos de retorno intangible de capital. Por un lado, una población más sana y mejor cuidada será más activa, más productiva y tendrá mayor impulso económico. Por otro, un sector sanitario potente será estratégico para desarrollar en su entorno una industria innovadora, motor de empleo y riqueza.
Pero volvamos al quid de la cuestión. ¿De dónde puede extraer Catalunya los recursos que necesita para financiar los servicios públicos que reclama una sociedad de ocho millones de habitantes?
Esta es, en esencia, la tarea que encomendamos a nuestros políticos. Gestionar los recursos comunes con equidad, justicia social, transparencia y eficiencia. Cada uno, con su ideología y sus principios, determinará la vía que puede hacer posible el incremento de ingresos, pero, como sociedad madura y responsable que visualiza un horizonte de futuro compartido, deberíamos ser capaces de consensuar y objetivar que, si queremos conservar un mínimo estado del bienestar, con unos estándares dignos de calidad, los recursos actuales son del todo insuficientes. La manera de hacerlo corresponde a nuestros representantes; si no lo consiguen, que cedan paso.