El pleno del Congreso ha aprobado este jueves la ley de Enseñanzas Artísticas, la primera de la legislatura, que tras casi dos años de trabajo ha abocado “a un gran acuerdo final, casi sin precedentes”, en palabras de la ministra Pilar Alegría.
El mismo día en el que el Gobierno ha retirado la reforma de la ley del Suelo para evitar otra derrota parlamentaria y después de que el martes la Cámara Baja rechazara la ley socialista de proxenetismo, se han debatido una veintena de enmiendas procedentes del Senado y se han incorporado al texto final once del PP y una de Bildu.
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No se ha producido una votación de conjunto, dado que ya se aprobó el texto en el Senado el pasado día 8, con el voto a favor del PP, el rechazo de Vox y Junts, y el apoyo del resto de los grupos.
Desde hace 30 años no ha habido una legislación básica para englobar la enseñanza de Música, Danza, Arte Dramático; Conservación y Restauración de Bienes Culturales; Artes Plásticas, a las que se suman ahora como novedad la Escritura Creativa y las Artes Audiovisuales.
El proyecto, al que hoy se han incorporado media docena de enmiendas del PP, regula las enseñanzas artísticas superiores, sus centros y profesorado; recoge los derechos y deberes del estudiantado, establece aspectos sobre su organización y las equipara a las universitarias.
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Tras el debate, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha dicho que se ha hecho “un encaje de bolillos, un trabajo de orfebrería, de artesanía, donde había que juntar muchas piezas, pero que ha merecido la pena, porque esta ley va a mejorar las enseñanzas actuales y las va a poner a la altura de las demandas del siglo XXI”.
“Hay algo que todos ustedes han planteado en esta tribuna y que la comunidad educativa lleva mucho tiempo pidiéndonos: acuerdos, que pactemos, que acordemos las mejoras para la educación”; “con esta ley hemos evidenciado que se puede”, ha subrayado Alegría, en cuya opinión es una “ley de todos y para todos”.
“Largo camino por recorrer”
Alegría se ha comprometido a que el “largo camino por recorrer” en cuanto a su desarrollo reglamentario para la ordenación de las enseñanzas, los cuerpos docentes o los centros educativos se hará con “el mismo clima de diálogo y consenso”.
Ha terminado su intervención con una reflexión final: “Se da la paradoja de que el mundo artístico y quienes trabajan en él son muy queridos por la sociedad, pero el reconocimiento real y material no siempre ha sido suficiente y justo; esperemos que con esta ley podamos reparar al menos en parte ese insuficiente reconocimiento”.
Durante el debate de las enmiendas del Senado, el diputado de Sumar Jorge Pueyo ha destacado que es la primera ley que “el Parlamento aprueba en esta legislatura, donde solo hay fango, gracias al diálogo social y a que se ha cuidado a los socios de investidura”.
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La norma, que afectará a unos 140.000 estudiantes de enseñanzas artísticas y a más de 14.000 docentes, “dignifica” a estudiantes y profesores, apoya a todo el sector y protege a los profesionales con la movilidad y la homologación internacional, ha recalcado.
En sentido contrario, José Ramírez del Río (Vox) ha señalado que el paso de la ley por el Senado “ha limado mucho el texto, pero sigue sin superar sus defectos de origen. El modo de legislar del Gobierno se caracteriza por la falta de criterio técnico, falta de reflexión y excesiva premura para eludir los informes preceptivos y que no solicitan para llevar a cabo sus barrabasadas”.
Según el popular Óscar Clavell, el texto inicial del Congreso salió con un “amplio margen de mejora que se ha conseguido durante su tramitación en el Senado”.
Tras señalar que los populares se comprometieron a “no mezclar la política en una ley tan demandada por el sector”, Clavell ha recriminado las prisas con las que el Gobierno ha querido tramitarla y que haya incorporado enmiendas que no tienen nada que ver con el propio proyecto.
Se refería así a la introducción de sendas modificaciones de la ley orgánica del Sistema Universitario y de la ley de Formación Profesional. En el primer caso, para flexibilizar su calendario de aplicación, esencialmente temas de contratación laboral, y en el segundo, para evitar que el alumnado de FP pague por hacer prácticas en empresas.
La mayoría de los grupos nacionalistas han definido la norma como necesaria y que responde a una antigua demanda del sector, aunque se han quejado del respeto a las competencias autonómicas.
En palabras del diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro, esta ley “importante quizá no logre grandes titulares, pero afectará a la vida de los jóvenes y de las nuevas generaciones; hoy estamos haciendo lo que el legislativo debe hacer, influir en la vida de la gente”.
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