Canarias, frontera sur de Europa y principal puerta de entrada de la inmigración irregular a España desde África, se prepara para afrontar un éxodo masivo de migrantes en las próximas semanas y meses con medios más bien escasos. En lo que llevamos de año han arribado al archipiélago casi 19.000 personas, más que en todo el año 2022 (fueron 15.682), y lo peor parece que está por llegar.
El repunte migratorio en la ruta canaria, la más mortífera de todas, comenzó a finales de junio, pero ha sido esta semana cuando se ha registrado el mayor pico: en siete días han arribado casi 4.000 personas, un récord absoluto.
Las llegadas desbordan la capacidad de acogida de las islas. El lunes, con 400 personas en 24 horas, fue Lanzarote la que tuvo que improvisar carpas con camas y baños provisionales en el puerto para atender a todas las personas. El martes y el miércoles fue El Hierro, con solo 11.000 habitantes, la que recibió casi 1.300 personas. La isla se vio desbordada. En su muelle no hay infraestructura fija instalada para la primera atención, lo que obligó a colocar decenas de carpas. Para aliviar la situación se han producido derivaciones a otras islas en 24-48 horas, dejando libres los centros para nuevas llegadas. Precisamente estas derivaciones provocaron un colapso en Tenerife el viernes, cuando la llegada de 1.231 personas a las islas obligó a que 200 inmigrantes tuvieran que dormir en el suelo del muelle de Los Cristianos al no haber plazas libres en los centros de primera atención.
La incesante llegada de inmigrantes podría aumentar en los próximos tres meses, en los que se prevé que lleguen más de 10.000 personas a las costas canarias (Gelmert Finol/EFE)
En lo que va de año casi 19.000 personas han alcanzado las costas, 3.300 más que en el 2022
El Cabildo de El Hierro, isla donde han arribado seis de cada diez migrantes esta semana, aprobó el jueves una declaración reclamando ayuda y más medios para atender a los inmigrantes. “El Gobierno central debe abordar la construcción de infraestructuras de alojamiento por la vía de emergencia”, dice la declaración, donde se insiste en mantener el ritmo de derivaciones en una isla “que no está preparada ni por superficie, población o medios para gestionar la situación”.
Son los ciudadanos senegaleses que huyen de la inestabilidad política y social en su país los que protagonizan el repunte migratorio de Canarias pese al peligro de un viaje que se alarga más de diez días y que, en muchas ocasiones, tiene un final dramático. “Es eso o nada. Te lo dicen cuando llegan”, asegura Manuel Capa, uno de los miembros de la guardamar Polimnia , con base en Lanzarote y que lleva más de 12 años asistiendo al rescates de inmigrantes.
También los trabajadores de Salvamento Marítimo llevan meses reclamando un refuerzo de las plantillas para hacer frente al repunte migratorio. “Hay semanas que los días se pasan de rescate en rescate y no damos abasto”, indica Capa, que recuerda que necesitan estar al cien por cien para salvar vidas. Desde Salvamento Marítimo, su director, José Luis García Lena, afirma que, pese al repunte migratorio, los recursos son suficientes. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se manifestó ayer en el mismo sentido, si bien la realidad que se vive en las islas es bien distinta. Además, el fenómeno va en aumento.
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Miles de personas esperan en las costas africanas a emprender el viaje. La meteorología y el buen estado de la mar, que en estos meses es un plato, animarán las salidas. Se prevé que podrían llegar más de 10.000 personas en los próximos tres meses. El año podría cerrar en Canarias con más de 25.000 llegadas, por encima del año 2020 –llegaron 23.023– cuando se produjo un colapso en el archipiélago por la covid. El récord anual se alcanzó en el 2006, cuando llegaron 31.678 inmigrantes, con la crisis de los cayucos .
En el 2020 se vivió una situación crítica, ya que no se producían traslados a la Península –el transporte aéreo estaba prácticamente paralizado– y se dieron situaciones aberrantes como el hacinamiento de más de 2.000 personas en el puerto de Arguineguín (Gran Canaria), en lo que se denominó el muelle de la vergüenza . Entonces los inmigrantes, como solución, fueron ubicados en complejos turísticos que estaban vacíos por la ausencia de turistas a consecuencia de la pandemia. Una vez volvió la normalidad fueron derivados a la Península.
Hoy la situación no tiene nada que ver, como apunta el coordinador autonómico de inmigración de Cruz Roja en Canarias, José Antonio Rodríguez, aunque la intensidad de las llegadas esta semana ha llevado al límite los centros de acogida, como sucedió el viernes con 200 personas durmiendo al raso en el muelle. En las islas hay ahora en centros de acogida unos 3.500 inmigrantes de los casi 19.000 que han llegado. El resto ha sido trasladado a distintos puntos de la Península con derivaciones rápidas. En las islas apenas están una media de 30 días y después viajan a la Península en líneas regulares de avión y barco.
El Gobierno canario tutela a más de 3.000 menores y reclama que los repartan a otras autonomías
El compromiso del ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, es que en el archipiélago se mantengan en torno a 3.500-4.000 plazas en acogida en nueve centros, algunos exclusivos de mujeres y otros para víctimas de trata, al tiempo que siguen las derivaciones rápidas. El objetivo es que siempre haya plazas libres en las islas para nuevas llegadas. Cuando se producen picos, como el de esta semana, se montan carpas y se acondicionan con lo básico. Esta es una de las principales quejas que tienen las oenegés, que abogan por establecer infraestructuras bien acondicionadas ante un fenómeno que entra en un “ciclo crítico”.
Así lo señala el experto en migraciones Txema Santana, que apunta que la situación meteorológica y la inestabilidad en diversos países de África van a intensificar los movimientos migratorios a corto plazo. “Improvisar plazas cuando hay un repunte precariza la atención. Vivimos en una emergencia humanitaria con más de 6.000 muertos que desborda los recursos de acogida en muchas ocasiones”, indica.
En el mismo sentido se expresa el director del secretariado de inmigración de la diócesis de Canarias, David Melián, que consideran que los centros habilitados no reúnen condiciones. “Lo llaman infraestructuras fijas, pero son casetas con camillas desmontables donde duermen muchas personas en fila y que son sensibles a los cambios de temperatura. En invierno hace mucho frío y en verano, mucho calor”, indica Melián.
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En su opinión, y coincide con ello el coordinador de Cear en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, las derivaciones rápidas están aliviando la situación en Canarias, pero perjudican a los migrantes. “No se cumplen todas las garantías en la atención”, indica Lorenzo. Ambos apuntan, además, que una vez llegan a la Península, solo están en centros de acogida un mes más, desde que en agosto cambiara la instrucción estatal. A los 30 días salen a la calle en situación irregular, sin hablar en español y sin apoyo. “Se quedan en situación de calle y sin ningún apoyo”, apunta Melián.
Marlaska viaja a Mauritania y Senegal
El ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, viajará este miércoles a Senegal y la semana que viene a Mauritania para abordar la cuestión migratoria debido a la incesante llegada de 4500 inmigrantes a Canarias estos últimos días. Marlaska ha hecho cuatro visitas a Senegal y dos a Mauritania desde 2018.
El ministro, en Bruselas, ha recordado que la cooperación con Mauritania y Senegal "está evitando el 40% de las salidas'' ante las críticas de Clavijo.
Al problema de la intensidad de las llegadas se suma en Canarias el abultado número de menores no acompañados, cuya tutela tiene que asumir el Gobierno regional. El Gobierno de Canarias tiene tutelados a más de 3.000 menores con un sobrecoste de 14 millones de euros. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha pedido al Gobierno que obligue al resto de las comunidades autónomas por ley a asumir a parte de estos menores no acompañados. En lo que llevamos de año solo se han distribuido al resto del Estado 370 menores. Actualmente tiene habilitados más de 50 dispositivos. Sin embargo, como explica Delgado, no solo se trata de darles un sitio para vivir sino que hay que escolarizarlos, atenderlos y ayudar a su integración social.
“No quiero que salga ni un niño con la mayoría de edad de un centro sin sus papeles, es un compromiso personal”, señala Delgado, que afirma que el reto del Gobierno es conseguir que tengan un futuro en este país. “Pero para ello necesitamos ayuda. No podemos con 3.000 menores”, afirma la consejera, que confía en que en la Conferencia Sectorial de Infancia y Familia, que se celebrará en próximos días, se den soluciones por parte del Estado y haya “corresponsabilidad” por el resto de las comunidades autónomas.
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