¿Por qué no puede la justicia alcanzar el nivel de eficiencia en la gestión de organismos como, por ejemplo, ocurre en el área de Hacienda? La pregunta se la formula la presidenta de la abogacía, Victoria Ortega, estos días en Salou, donde se celebra el XIII congreso de la abogacía española. Tres jornadas de debates con la participación de 1.500 abogados de toda España.
Estos profesionales son, sin duda, los primeros afectados del endémico atasco que se vive en las oficinas judiciales. Ellos son los que tienen que dar la cara ante el ciudadano cuando se suspende una vista o hay un retraso injustificado en una resolución. Los primeros interesados, por lo tanto, como dice Ortega, en un pacto de Estado “estable y duradero” para reformar de una vez este servicio público “al borde del colapso”. La presidenta de la abogacía afirma, con resignación, que están ya acostumbrados a “la lentitud del sistema español, que en honor a la verdad hay que decir no es inusual en Europa”. Aunque en España la situación, y más con todas las protestas abiertas en el Ministerio de Justicia, “está al límite”.
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Esa realidad no ayuda, precisamente, a desconectar en un trabajo donde la conciliación (de esto se habla muy poco) brilla por su ausencia. “Los abogados no gozamos de los más elementales derechos que se reconocen a cualquier asalariado”, afirma Victoria Ortega. Y desconectar en un mundo con tanto retraso “resulta cada día más difícil”, añade. Hace unos meses se declaró la inhabilidad del periodo navideño, “pero de poco vale ese descanso o desconexión si en plenas vacaciones te notifican que tienes tres días para redactar un recurso cuando se acaban esos días inhábiles”.
Y otra reclamación escuchada estas últimas semanas en las protestas de los abogados de oficio: “No tenemos ni derecho a ponernos enfermos y tampoco a conseguir un aplazamiento cuando se produce una enfermedad repentina o la muerte de un familiar”.
Estos profesionales piden una norma que permita conciliar, sin depender de lo que diga un juez o un secretario
Ortega recuerda que han hecho “numerosas peticiones” en este sentido y algunas están en el texto de la ley de Eficiencia Procesal, ahora en el Congreso. “Esperamos su aprobación como agua de mayo porque no podemos estar pendientes de la decisión arbitraria de jueces o letrados de la administración para que “se reconozca nuestro derecho a ponernos enfermos o a la desconexión digital”.
Una de las ponencias de la jornada de ayer en ese proceso versaba sobre la necesidad de un reconocimiento normativo que recoja el derecho a conciliar de estos profesionales liberales. María José Sánchez (Colegio de Valladolid) y Beatriz de Pablo Murillo –ambas son vocales de la Asociación Española de Familias– coincidieron en ese punto. Abogan por elaborar un protocolo uniforme en todos los colegios de abogados de España que “reconozca nuestro derecho a desconectar”, afirman las letradas. La esperanza de este colectivo, para conseguir este propósito, está puesta en la enmienda de la ley de Eficiencia Procesal, donde tendrían cabida muchas de esas normas para conciliar.
“Ahora no tenemos los derechos elementales de los asalariados”, denuncia la presidenta de la abogacía
Sánchez, De Pablo y Ortega coinciden, por otro lado, en que el mal funcionamiento de la justicia “pasa factura en nuestra relación con el cliente”. Son muchas las veces, apunta María José Sánchez, “en las que no tenemos una explicación para justificar un retraso injustificado”. Así que el cliente no entiende nada de lo que pasa.
“No es fácil explicarle a alguien que lleva tres años esperando un juicio que su causa ha sufrido un nuevo retraso”, afirma Victoria Ortega. “Los abogados –continúa– intentamos ofrecer explicaciones comprensivas, pero hay algunos casos en que sinceramente los tiempos no son asumibles”.
Los abogados piden, para acabar con todo esto, “un pacto de Estado por la justicia”. En el acto inaugural del congreso estuvo la ministra Pilar Llop (ayer hubo una nueva protesta de los funcionarios en huelga), que aseguró “tomar nota” de todas esas reclamaciones para avanzar hacia “una justicia moderna y eficiente”. Trabajo no le va a faltar.