Reunión extraordinaria del pleno del Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial con un objetivo, mejorar las actuaciones de las instituciones para reducir la ola de asesinatos machistas que se están sucediendo, sobre todo, desde el pasado diciembre (11) y este enero (6 víctimas mortales, las últimas en la medianoche del domingo, una niña de 8 años y su madre en Valladolid).
Y con una conclusión clara: estrechar la vigilancia a los maltratadores reincidentes, hombres con antecedentes por maltratar a anteriores parejas (como el de Valladolid). También en extender el uso de dispositivos electrónicos (las conocidas pulseras) no solo cuando hay un quebrantamiento de la orden de alejamiento o en caso de libertad vigilada, sino, incluso, cuando la víctima tenga una especial vulnerabilidad, aunque no lo pidan las propias mujeres.
Víctimas de excarcelados por la ley del ‘solo sí es sí’ cuentan ya con dispositivos electrónicos
Así lo ha explicado Ángeles Carmona, presidenta del observatorio, quien anunció que ya se están poniendo dispositivos electrónicos también a las víctimas de agresores sexuales que, debido a la revisión de las condenas por ley del solo sí es sí han sido excarcelados (18). En estos casos, el juez había impuesto además de la pena de cárcel, orden de alejamiento (sin medidas cautelares del juez no se puede).
Los ministerios de Justicia, Interior e Igualdad están especialmente preocupados por los maltratadores reincidentes, porque el riesgo que corren las mujeres se incrementa de manera considerable. De hecho, Interior sigue trabajando en cómo informar a las mujeres (cuando van a denunciar) de que el agresor tiene antecedentes por maltrato sin vulnerar la ley de protección de datos. Y la necesidad de perfeccionar el sistema de valoración del riesgo (VioGén) en los casos de agresores “persistentes” (se tendrá en cuenta no solo las condenas, sino también si hay denuncias).
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El pleno del Observatorio contra la violencia doméstica y de género, a propuesta del Consejo General de la Abogacía Española, ha acordado al fin (llevan años pidiéndolo) que la asistencia letrada a las víctimas sea obligatoria antes de la interposición formal de la denuncia y, a propuesta del Consejo General de Procuradores, que se facilite la presencia de estos profesionales desde que se inicia el procedimiento en el juzgado de guardia.
También se ha acordado la necesidad de seguir insistiendo en la especialización de los juzgados de lo Penal y en la ampliación de la competencia territorial de los juzgados de Violencia sobre la Mujer con el objeto de que todas las víctimas de la violencia machista sean atendidas por profesionales especializados en esta materia.