Otro frente se abre entre los socios del Gobierno y, de nuevo, por una ley que viene de la mano del Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero. Esta vez a cuenta del goteo de sentencias que rebajan las condenas a agresores sexuales (hasta ahora, tres, solo en Madrid, pero pocos descartan que se produzcan muchas más en las próximas semanas). La defensa cerrada del equipo de Montero ayer de la ley, que calificó de “magnífica”, recibió la respuesta de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, quien ha reconocido la necesidad de revisar la norma, ya que su “objetivo” era el “contrario”.
Pese a que desde distintas instancias ya advirtieron de esa posibilidad (Consejo General del Poder Judicial o la asociación de mujeres juristas, Themis, entre otras), la norma salió adelante (sin enmiendas sobre este aspecto) con la defensa a ultranza de Igualdad.
Una defensa que continuó ayer la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, quien insiste que la ley es clara, “el problema no es la ley, es la interpretación” que de ella hacen algunos jueces, indicó.
Rosell: “No es la ley, es un problema de interpretación voluntarista judicial en contra del feminismo”
No lo ve así la ministra María Jesús Montero, quien a tenor de las sentencias conocidas ayer de rebajas de penas, admitió que el Ejecutivo debe estudiar estas sentencias para analizar las cuestiones del texto legislativo en las que se amparan los jueces para abordar una posible modificación de la ley.
“Después de alguna sentencia que al parecer se ha dictado al amparo de la ley, creo que se requiere estudiar esta cuestión, estudiar las sentencias con detenimiento y estudiar el texto legal, porque el objetivo de la ley no era que se pudieran rebajar las penas con motivo de abuso a menores. Todo lo contrario”, declaró la titular de Hacienda y Función Pública.
Estas declaraciones se produjeron después de que Rosell negara que la ley del ‘solo sí es sí’ permita rebajas de penas, salvo en delitos leves (por ejemplo tocamientos en el transporte público) y siempre que las víctimas no sean menores, que el agresor sea un conviviente y haya abuso de autoridad. Los jueces “no están aplicando el artículo entero” como es menester, insistió.
La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, reiteró que la rebaja de condenas por delitos sexuales derivadas de la aplicación de la ley del ‘solo sí es sí’ a una lectura “reaccionaria y sorprendente” de esa norma por parte de los jueces.
"El objetivo de la ley no era que se pudieran rebajar las penas con motivo de abuso a menores. Todo lo contrario"
“El poder judicial tiene que hacer su trabajo formándose y aplicando la ley completa tal como es, y no de una manera tan reaccionaria y sorprendente”, señaló Rosell tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad, donde ha asegurado que la norma es “magnífica”.
“No es un problema de la ley, es un problema de interpretación voluntarista judicial en contra de los avances del feminismo”, defendió Rosell, quien cree que en algunos casos está habiendo una “mala aplicación de la ley y mucho ruido”.
A este efecto, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género recuerda que la norma contempla la “formación obligatoria” en perspectiva de género, derechos humanos e infancia “de todos los profesionales que intervienen directa e indirectamente con las mujeres víctimas de violencia”.
“No es una cuestión solo de aplicación de la ley, también es de formación”, dijo la delegada del Gobierno, quien opinó que “con una debida formación esto no hubiera sucedido”.
La norma está dejando un reguero de recursos
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha reconocido este martes que la revisión a la baja de varias condenas por agresión sexual propiciada por la conocida como 'Ley del solo sí es sí’ “requiere” que el Gobierno estudie el texto legal porque su “objetivo” era el “contrario”.
En estos términos se ha pronunciado en los pasillos del Senado cuando se le ha preguntado por las resoluciones de los tribunales que han acordado rebajas de condenas, incluso una absolución, y la revisión de varias sentencias más.