La investigación a cinco redes de prostitución ha llegado a su fin. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar a un total de 32 personas por los delitos fiscales derivados de la creación de un entramado societario puesto en marcha para ocultar a Hacienda los “cuantiosos” beneficios obtenidos a través de la explotación de múltiples clubes de alterne en toda España.
Empresarios de varios puntos de España, principalmente Catalunya, Madrid, Murcia y Euskadi, que gestionaban prostíbulos estaban unidos por una misma vía para defraudar a Hacienda y blanquear dinero: la empresa Larratruk, que les facilitaba TPVs (datáfonos) para cobrar en su nombre y ocultar a Hacienda el verdadero origen, el pago de prostitutas en clubes de alterne.
Operativo policial contra la prostitución sexual
Más de 111 millones de euros presuntamente defraudados a través de esta empresa, a través de la cual los clientes podían pagar con tarjeta de crédito las consumiciones y el servicio de chicas sin que apareciera el nombre del local. Eso sí, el proceso llevaba una comisión.
Ocultar los pagos de los clientes
Esta investigación, conocida como Operación Pompeya, saltó en 2015. De las indagaciones desarrolladas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se detectaron las relaciones de los dueños de los prostíbulos con políticos, futbolistas de primer nivel, empresarios o policías que requerían de sus servicios, tal y como quedaron reflejadas en las intervenciones telefónicas.
Por un lado, los propietarios de estos clubes buscaban personas con solvencia económica que pagaran bien los servicios de las chicas y por otro lado querían mantener contactos con gente del mundo de la política, abogados, altos cargos de la Administración y de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado para requerir de su ayuda en caso de necesitarles.
En el auto de pase a procedimiento abreviado, el magistrado atribuye a los investigados un total de 119 delitos fiscales supuestamente cometidos a través de seis tramas delictivas diferentes (cinco de las cuales explotaban los clubes de alterne y otra que puso en marcha la operativa de ocultación de ingresos) y se calcula que defraudaron 111.659.923,09 euros en concepto de cuotas tributarias no ingresadas (IVA, Impuesto de Sociedades e IRPF).
Mis nexo para varios clubes
Entre los clubes investigados están el Club Riviera de Castelldefels (Barcelona), club Eclipse de Mont-Ras y club Eden en Girona; club Lovely, club Flower Park, el Vive Madrid, y el Luxury (antiguo Club Olimpo) en Madrid; el club Topacio de Molina del Segura o Sala Princesa en San Ginés (Murcia); el club Edén en Torrevieja o el club hotel Las Mimosa en Finestrat (Alicante); o el club Frontera de Irún o club Errotaberri en Guipúzcoa, entre otros.
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A lo largo del auto, Calama describe toda la operativa investigada en este procedimiento. Indica cómo los investigados Antonio Herrero y José Vera, José Arsenio Pérez Viéitez, José Moreno Gómez, Ángel Crispín Gilaranz, y Santos Pérez Vargas, crearon un entramado societario, a través de mercantiles que explotaban clubs de alterne, con objeto de defraudar a la Hacienda Pública estatal en las liquidaciones tributarias.
Para llevar a efecto dicha defraudación, explica, utilizaban cuentas bancarias de la sociedad Larratruk, administrada por Jesús María Larrañaga A. Esta empresa, según el juez, prestaba el servicio de intermediación en los cobros realizados mediante tarjetas bancarias en TPV, pero en lugar de constar un determinado establecimiento como acreedor en la cuenta bancaria de los clientes aparecía dicha mercantil, como si se tratara de la verdadera oferente de un bien o servicio, ocultando de esta forma a las personas que explotan estos locales a través de unas determinadas mercantiles y, por otra parte, ofreciendo a los clientes que no figure en los cobros nombres o datos relacionados con estos locales. “Se ha constatado la existencia de un total de 136 TPV instalados por Larratruk en los establecimientos de los encausados”, indica la resolución.
Comisión por pagar con tarjeta
El propósito de la interposición de esta sociedad era el de ocultar el verdadero destinatario del pago efectuado, de modo que, si el cliente no abonaba en efectivo el servicio contratado, y lo hacía mediante tarjeta de crédito o débito, el abono mediante TPV, iba a una cuenta corriente bancaria de Larratruk, pero dándose la circunstancia de que en esa cuenta estaba autorizado el propietario de la sociedad gestora del club.
Así, en el recibo del pago efectuado mediante tarjeta por el cliente, y que este obtenía tras pasar la tarjeta, aparecía, no la denominación de club de alterne ni tampoco la sociedad gestora del mismo, sino la tal Larratruk, sociedad a la que no se podría asociar, en principio, con esta clase de negocio, explica el juez.
El pago por tarjeta llevaba consigo una comisión, de tal modo que el cargo hecho a la cuenta del cliente iba aumentado con un sobreprecio por utilizar este medio de pago. Este sobreprecio o sobrecargo era inicialmente un 10 por ciento. Este 10 por ciento se repartía, posteriormente, a la hora de ajustar las cuentas entre Larratruk y la sociedad gestora del establecimiento, concretamente un 6,5 por ciento se lo quedaba aquella, y el 3,5 por ciento complementario retornaba al establecimiento. El local obtenía, captaba o justificaba este 3,5 por ciento a través de una facturación encubierta a Larratruk por algún otro concepto, ajeno a la verdadera naturaleza de la transacción, concepto simulado, que, con frecuencia, figuraba como de “arrendamiento”.
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