Los programas electorales de los partidos políticos que se presentaron en las últimas elecciones al Parlament de Catalunya recogían unánimemente que la actual crisis causada por la pandemia de la covid y sus efectos económicos y sociales evidencian la necesaria y urgente transformación del modelo productivo. Se afirma, al mismo tiempo, que hay que hacer de la formación, la ciencia y la innovación el eje vertebrador de la reconstrucción del país, que nos tiene que llevar a una auténtica sociedad del bienestar basada en el conocimiento. Nunca como ahora se había presentado el conocimiento como prioridad social de primer orden por parte de los partidos políticos.
La universidad catalana respondió a los retos de la pandemia desde el primer momento. Llevó, de un día para otro, la docencia universitaria a los hogares del alumnado, ofreció espacios, material y voluntariado en los durísimos primeros meses, dio voz a personas expertas para que aportaran luz a la oscuridad de estos tiempos; y todo sin dejar de hacer aquello que mejor sabemos hacer: docencia, investigación y transferencia de conocimientos, aunque la crisis sanitaria venía a sobreponerse a una larga crisis económica.
Estudiantes en las prácticas de laboratorio de biotecnología en la Universitat Autònoma de Barcelona
Ahora, inmersos en las negociaciones para constituir mayorías de gobierno, las universidades públicas catalanas nos sentimos legitimadas para hacer oír nuestra voz antes de la formación del gobierno que ostentará un rol de primer orden en la reconstrucción social y económica del país. Atendiendo al consenso sobre la idea de que la nueva economía tiene que sustentarse en la formación, la investigación y la innovación, desde la Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) proponemos que el nuevo Govern se dote de un departamento específico que incluya, únicamente y exclusiva, las responsabilidades políticas en estos ámbitos. Un único departamento como en muchos de los gobiernos europeos de nuestro entorno que disponen de ministerios de ciencia, educación superior o universidades. Es el caso de Francia, de Portugal y, hasta no hace mucho, del Estado, con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad, ahora dividido en dos carteras.
Conviene recordar que Catalunya ya dispuso, al inicio del milenio, de un pionero Departament d’Universitats, Recerca y Societat de la Informació, cuando todavía no era un hecho común en Europa. Recuperar un departamento con el mayor peso político, que reúna todas las competencias y recursos necesarios para gestionar el sistema de educación superior, ciencia e innovación en su globalidad, es primordial para encarar los retos que se nos presentan en la próxima década.
Una decisión como esta sería una magnífica declaración de intenciones, aunque la delicada situación económica de las universidades no se soluciona solo con una conselleria propia. Construir una sociedad de progreso y una economía sostenible y competitiva requiere de la apuesta política por una educación superior accesible y de calidad, una investigación científica de excelencia y un sistema de innovación potente. El impacto de la crisis económica y de la crisis provocada por la pandemia pone en grave peligro la viabilidad de la universidad que querríamos. Disponer de universidades sólidas y comprometidas y de un sistema de investigación potente son factores clave de progreso y de bienestar: estudios empíricos que analizan los resultados y los impactos de nuestra actividad hacia la sociedad que nos provee de fondos públicos así lo corroboran. El informe El valor social de las universidades públicas catalanas publicado en diciembre pasado, nos muestra que por cada 100 euros que la Generalitat destina a la financiación de las universidades públicas, la sociedad recibe 449 euros. Se demuestra, una vez más, que el sistema universitario no es un gasto sino una inversión que crea un valor social significativo.
Proponemos que el Govern se dote de una conselleria que gestione educación, investigación e innovación
Problemas como el envejecimiento de las plantillas y la reducción de presupuestos de la Generalitat en materia de universi- dades e investigación se tienen que reconducir desde la acción política.
El recientemente aprobado Pacto Nacional para la Sociedad del Conocimiento (PN@SC) marca una serie de estrategias y objetivos para consolidar Catalunya como un país de progreso, basado en el conocimiento, el talento y la educación. Los hitos son claros: en investigación e innovación, alcanzar una inversión pública en R+I del 1% del PIB y un gasto privado del 2% y conseguir por lo tanto el objetivo europeo del 3%. En educación superior, alcanzar el 0,8% del PIB (un 80% de lo que invierten países europeos parecidos a Catalunya) el año 2030, que representa una cifra aproximada de 1.600 millones de euros anuales.
Somos plenamente solidarios con las necesidades de inversión urgente que el país necesita en salud, servicios sociales, educación no universitaria, en infraestructuras o en ayudas al tejido económico e industrial. Pero creemos también imprescindible que el triángulo del conocimiento que conforman educación superior, investigación e innovación tiene que ser gestionado en el nuevo gobierno por un único departamento que despliegue y ejecute plenamente el PN@SC. De eso depende en buena parte el progreso social, económico, cultural y tecnológico de Catalunya y de sus ciudadanos y ciudadanas.