Cierre parcial de Madrid en 24 horas pese al recurso judicial de Ayuso

E n apenas 24 horas, los residentes en Madrid y en las otras nueve ciudades con más de 100.000 habitantes no podrán salir ni entrar del municipio si no es por causas determinadas (trabajo, colegio, médico, citas oficiales...). Los bares y restaurantes acogerán clientes hasta las 22 horas, y se reducirán los aforos en todos los locales comerciales. El plan del ministro de Sanidad, Salvador Illa, para doblegar la curva de contagios en una región con transmisión comunitaria descontrolada (su situación epidemiológica es la peor de toda Europa) sigue adelante tras la publicación del acuerdo del Consejo Interterritorial del pasado miércoles. En esa reunión el plan Illa contó con los votos a favor de trece comunidades, cinco en contra –las del PP , incluida Madrid y exceptuando Castilla y León– y una abstención, la de Murcia, que ayer lo negaba aun cuando otros asistentes confirmaban esa posición.

F uentes de Sanidad insisten en que, tras la publicación en el BOE de las medidas, estas son de obligado cumplimiento para todas las comunidades. Así lo asegura la Abogacía del Estado a través de un informe que apunta a que “la norma aplicable en las votaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es el artículo 151 de la ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula esta cuestión para todas las conferencias sectoriales”. “Esta ley señala que los acuerdos obligarán a todas las comunidades autónomas, aunque voten en contra, si el Estado ejerce competencias de coordinación, como es el caso”, indican.

El Gobierno defiende que esta ley del 2015 deroga aquellos artículos que son incompatibles con lo que esta establece, incluido el artículo 73 de la ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud del 2003, que solo prevé la adopción de acuerdos por consenso.

Pero no todos lo ven así. En concreto, el Gobierno de Madrid considera que dicho documento salido del Consejo Interterritorial no tiene validez jurídica. Alegan que los acuerdos de ese órgano no pueden darse por buenos si no hay consenso, y menos cuando lo aprobado afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Se da la circunstancia de que esas mismas restricciones ya fueron adoptadas por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso hace dos semanas y afectan ya a 1,2 millones de madrileños.

Precisamente estos serán los argumentos que Ayuso planteará hoy ante la Audiencia Nacional, en un recurso donde se solicitan medidas cautelares para paralizar el plazo dado por el Ministerio de Sanidad de ejecutar las medidas en un plazo de 48 horas (hoy, 24) . La Abogacía General de la Comunidad argumenta que la decisión no es jurídicamente válida al no haberse adoptado por consenso. Porque, aunque la presidenta madrileña asegura que va a acatar el dictamen de Sanidad, también avanzó que recurriría esta decisión ante los tribunales.

¿Por qué la Audiencia Nacional? Porque así lo ha indicado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo al considerar que las decisiones del Consejo Interterritorial no son actuaciones del Consejo de Ministros ni de comisiones delegadas del Gobierno. Y a este tribunal ya se ha dirigido un particular, en concreto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, para que adopte una medida cautelarísima para suspender la vigencia del acuerdo del consejo y de la resolución de la Secretaría de Estado de Sanidad.

Si la suspensión cautelar de las medidas no funciona y el Ejecutivo de Ayuso no consigue parar la implementación de las restricciones, recurrirá al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, solicitando que se pronuncie sobre si vulneran los derechos de los ciudadanos, como ya hiciera la propia Madrid cuando decretó restricciones en una cuarentena de barrios de Madrid ciudad y distritos el 21 de septiembre. La decisión judicial se retrasó cinco días, por lo que, aunque el cierre parcial de esas áreas estaban en marcha, la realidad es que no se aplicaron (no hubo multas), como reconocen ahora desde la Comunidad madrileña. Esto lo único que provocaría es retrasar la implementación de las medidas unos días, algo que parece ser el objetivo del Gobierno regional.

A la espera de que Madrid haga efectivos esos recursos judiciales anunciados, el Gobierno sigue preparando el dispositivo que desplegar mañana mismo en las diez ciudades afectadas. La Delegación del Gobierno en Madrid reforzará con 700 agentes de Policía Nacional, Guardia Civil y otros efectivos necesarios para realizar la vigilancia de las nuevas restricciones. Estos se sumarán a los agentes desplegados por las policías locales.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, justificó las medidas adoptadas en Madrid por la grave situación epidemiológica que presenta (más de un 35% de los casos que se notifican corresponden a esta región) y explicó que las medidas restrictivas se aplicarán quincenalmente, con revisión semanal. Insiste en que los criterios aprobados para confinar “definen una situación muy problemática, diría que extrema. A medida que baje la incidencia y se llegue a niveles soportables, las medidas se irán reduciendo”, explicó.

Los expertos en salud pública hablan de un tiempo mínimo de aplicación de estas medidas que deberán permanecer “durante semanas”, mientras critican que llegan tarde y son poco contundentes. Simón respondió: “Es un acuerdo de mínimos. Las comunidades pueden endurecerlas”.