El Gobierno aprobó este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), con el apoyo de las comunidades socialistas y el rechazo frontal de las del PP, la propuesta de condonación de 83.252 millones de deuda viva autonómica. Catalunya, Asturias y Castilla-La Mancha votaron a favor, pero los representantes de los territorios gobernados por el PP abandonaron la reunión pocos minutos después del inicio. Por tanto, no llegaron a votar en contra de la quita, aunque salieron en tromba a rechazar la medida.
Hacienda iniciará ahora una ronda de reuniones bilaterales con los gobiernos autonómicos para concretar el montante de la condonación y del ahorro en intereses y, en paralelo, las conversaciones con los socios de investidura, incluido Junts, para convalidarla en el Congreso.
La reunión estuvo marcada por el boicot de los consejeros del PP. En el quinto punto del orden del día, mientras se debatía el reparto de la recaudación del nuevo impuesto a la banca, los representantes de las catorce comunidades y ciudades autónomas gobernadas por los populares se levantaron de la mesa. El consejero de Galicia, Miguel Corgos, tomó la palabra, tanto dentro como fuera de la reunión, para rechazar la condonación propuesta por el Gobierno y reclamar un nuevo modelo de financiación. Y añadió que el pacto entre el PSOE y ERC ya ha sido negociado “en otros foros”, en referencia a las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, por lo que el resto de las comunidades han sido relegadas a “meras comparsas” de lo negociado bilateralmente para Catalunya. “Esto es un punto final y no vamos a seguir aceptando trágalas”, expresó.

Las consejeras Alicia Romero (Catalunya) y Carolina España (Andalucía)
La consejera de Madrid, Rocío Albert, reiteró el posicionamiento de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso: “Lo lógico hubiera sido que hoy nos trajeran una propuesta de nueva financiación, porque necesitamos más recursos para pagar los servicios que muchas veces nos impone el Gobierno central”, denunció.
Romero defiende que la quita permitirá al Govern invertir más en servicios sociales
Por su parte, la consejera de Andalucía, Carolina España, expuso que su territorio no tiene un problema de deuda, que va amortizando bien, sino que necesita una financiación justa, y reclamó también una nueva propuesta, de la que no se ha presentado ni tan solo “un borrador”. “La condonación nos la han dado hecha, no vamos a ser cómplices de tantas cesiones y privilegios a Junts y ERC, a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras”, añadió.
Ya sin los representantes del PP, el CPFF continuó con la participación de las comunidades socialistas. La consellera de Economia i Hisenda de Catalunya, Alícia Romero, defendió que el elevado endeudamiento autonómico se debe a “la estrategia del gobierno del PP en la crisis del 2008, que optó por recortes y provocó un incremento de 109.000 millones de la deuda”. Romero añadió que entre un 27% y un 29% de lo que debe la Generalitat es, según un informe de la Sindicatura de Comptes, debida a la infrafinanciación. El Govern calcula que la condonación permitirá a Catalunya ahorrar el pago de 1.550 millones de euros en intereses, una cifra “muy importante” que podrá dedicar a servicios públicos como la sanidad y la educación. Un alivio que además permitirá a la Generalitat volver a los mercados y buscar vías alternativas al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
La vicepresidenta acusa a los representantes del PP de ausentarse por orden de Feijóo
Al término de la reunión, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, denunció que el boicot del PP es “el último capítulo de una política infantil, errática e irresponsable” y subrayó que los consejeros del PP se marcharon para no tener que votar en contra de una medida que beneficia a sus territorios y se dejaron arrastrar por las consignas de Génova”, afirmó.