Sin una propuesta de financiación alternativa pese a concentrar, como no se cansa de apuntar, el 70% del poder autonómico, el PP tiene bien aprendida la lección del café para todos y alinea a sus once barones en contra de cualquier “privilegio” territorial, en este caso la financiación singular de Catalunya, espantajo que ven asomar tras la repentina convocatoria por parte de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar la quita de la deuda.
Con circunstancias geográficas y económicas tan dispares, es muy difícil que Aragón acepte, por ejemplo, que se eliminen los criterios de despoblación y orografía, que lo arrojarían al “peor momento de su historia”, según denuncia su presidente, Jorge Azcón, mientras que la Comunidad Valenciana va acumulando déficit por su infrafinanciación en el modelo actual, que para Carlos Mazón es el resultado de la “técnica de asfixia” a la que lo somete el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Por eso es el líder territorial del PP que más claramente reivindica “una operación para reestructurar la deuda”, además de un fondo transitorio de nivelación: “Exigimos que lo que necesita ahora más que nunca Valencia vaya aparte”, reclama.
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“Montero solo quiere arreglar lo que le pide Junts, que es hablar de la deuda”, alegan desde Murcia, que pide una “reforma urgente” del sistema con un “compromiso de plazos”. Por su parte, Baleares coincide con Catalunya en que se debe “respetar el principio de ordinalidad” para corregir el desajuste de ser la segunda comunidad en recaudación fiscal y la undécima en financiación tras el reparto. Auténtico anatema para la mayoría de los compañeros de filas de la presidenta balear, Marga Prohens, sin ir más lejos el andaluz Juanma Moreno. “Desconocemos el orden del día y la propuesta, pero nos tememos que será la que interese a Carles Puigdemont”, sostienen desde la Junta de Andalucía, que “no tiene un problema de deuda sino de financiación”. Los mismos argumentos de la presidenta extremeña: “No vamos a pasar la desigualdad ni la injusticia”, dice María Guardiola, que se espera un “chantaje” del Gobierno y anuncia que aprovechará la cita para batallar por las infraestructuras de su región.
Desde la otra punta del mapa, en Cantabria, también rechazan “cualquier propuesta que implique una situación favorecedora de una comunidad en detrimento de otra” y lamentan que Montero esté “reteniendo” de forma “caprichosa” recursos que les corresponden “por ley”. Y en Galicia, Alfonso Rueda insiste en que hay que dialogar entre todos (nada de bilateralidad) en busca de una solución “justa y equilibrada” y que “si el Gobierno aspira a salir del CPFF solo con la condonación de la deuda, que le preocupa porque se lo exige el independentismo, será otra ocasión perdida”.
Así pues, ni la asunción por parte del Estado de una parte de la deuda autonómica, que las comunidades achacan a las deficiencias del sistema de financiación y no a su gestión, ni las entregas a cuenta de los presupuestos regionales seducen a los barones populares, que no ven en ello sino un señuelo de la Moncloa para dividirlos.
La singularidad de Madrid
Si hay una comunidad en manos del PP a la que hay que dispensar un trato aparte al analizar el panorama fiscal es, sin duda, la de Madrid, que ni siquiera tuvo que recurrir al FLA. “Estamos convencidos de que el CPFF va a ser un instrumento más del sanchismo para blanquear sus acuerdos con los que quieren romper España, y que de allí no vamos a salir con los fondos que nos corresponden por la actualización de las entregas a cuenta, sino con una propuesta de financiación a medida de sus socios y en contra de los intereses de España”, dice la consejera de Economía y Hacienda, Rocío Albert, perfectamente alineada con su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, adalid del liberalismo a ultranza que propulsa a la capital.
