Bailar juntos este año

“De la necesidad, virtud”. Con esa frase justificó Pedro Sánchez el acuerdo con Carles Puigdemont que permitió su investidura. Y ése podría ser el lema del presidente del Gobierno en esta legislatura. Sacar rédito de cada escollo. Y, sobre todo, seguir adelante. Porque cada vez está más claro que este año va a haber mucho baile entre el PSOE y Junts, pero no se van a convocar elecciones generales. Los dos partidos están mirando más allá y preparándose para las batallas que vendrán a partir del 2026.

Un Consejo de Ministros retrasado cuatro horas a la espera de culminar la negociación con Junts es como un anuncio en prime time para Puigdemont, cuya habilidad para acaparar la atención mediática es innegable. Para Waterloo, cada exhibición de dureza ante el Gobierno central es una bofetada a ERC y un punto a favor. La forma de negociar de Junts ya se ha instituido como marca de la casa. Está compuesta de duras diatribas de la portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, de un fuerte componente simbólico y mucho suspense. Así seguirá siendo, puesto que es la factura que permite a Junts ganar protagonismo y distinguirse de Esquerra.

Así fue también esta semana con el decreto que preveía medidas sociales como la subida de las pensiones, la bonificación del transporte público, ayudas para la dana o protección para inquilinos en situación vulnerable. Finalmente, se llegó al acuerdo después de cesiones mutuas del PSOE y Junts que ambos consideran menores, pero que evidencian la distancia entre la práctica política y la realidad de la calle, puesto que el resultado en poco se diferencia para la gran mayoría de ciudadanos si se hubiera aprobado el decreto de la semana pasada o el que obtuvo luz verde este martes. Aun así, ambas partes consideran que han salido airosas del choque.

Junts defiende que ha arrancado más garantías para los propietarios que alquilan pisos. El decreto inicial prorrogaba la prohibición de desahucio de personas vulnerables siempre que los dueños lo fueran de más de diez viviendas y con derecho a compensación por parte de la administración. Eso se mantiene igual y se añade el mismo seguro para los propietarios cuando los inquilinos que no paguen sean jóvenes de menos de 35 años, una medida que anunció Sánchez el pasado 13 de enero y que Junts hace suya. Puigdemont también ha logrado que queden fuera de lo aprobado ayer ayudas a empresas electrointensivas, incentivos para la compra de coches eléctricos y los anticipos a cuenta de la financiación autonómica que se entregan a las comunidades autónomas, medidas que quedan pendientes de otra negociación.

Eso en el terreno práctico. En el simbólico-político, Puigdemont consigue que se tramite en el Congreso su petición de un debate sobre si Sánchez tiene que someterse a una cuestión de confianza. En esa exigencia está en realidad el origen de este enfrentamiento. El ex president lanzó esa petición en diciembre para forzar al PSOE a moverse en los asuntos encallados, como el traspaso de la inmigración y la oficialidad del catalán en Europa. No lo consiguió y además se produjo un cierto movimiento de contracción por parte de los socialistas, que a su vez presentaron el decreto ómnibus mencionado cuando Junts les había advertido de que no aprobarían esas medidas en bloque, sin negociarlas una por una.

Finalmente, el PSOE cede y se debatirá sobre la cuestión de confianza, pero en unos términos diferentes a los que reclamaba Junts. Sánchez se tomó muy mal aquella exigencia, puesto que equivale a exponerse a una suerte de reválida de su investidura. El texto original de Junts era muy imperativo y ha sido suavizado. Se deja más claro que antes que se trata solo de un debate político, sin consecuencias jurídicas y que el presidente no está obligado a presentar tal cuestión de confianza. La Mesa del Congreso admitirá esa iniciativa y se debatirá probablemente hacia marzo, aunque Junts podría retirarla si antes se avanza en el asunto de la inmigración (cuyas negociaciones están mejor ahora que hace unas semanas) y del catalán.

Todo vuelve al punto anterior a ese episodio. Junts espera avances en los temas pendientes y el PSOE confía en que resulte más fácil el apoyo a los Presupuestos. Para que eso sea posible, Puigdemont reclama negociar el margen de déficit autonómico y buscar una solución para mejorar la ejecución de inversiones en Catalunya. Es cierto que la discusión económica siempre se presta mejor a acuerdos que las cuestiones políticas o simbólicas, pero ahora mismo Junts no tiene grandes incentivos para apoyar unas cuentas que permitirían a Sánchez relegar a unos aliados parlamentarios tan incómodos para el resto de la legislatura.

De aquí a marzo se sabrá si hay agua en la piscina de los presupuestos como para que Junts se lance a ella. En diciembre pasado, Salvador Illa estuvo a punto de acudir a Bélgica para reunirse con Puigdemont, algo que el líder de Junts reivindica como reconocimiento a su figura institucional como ex presidente de la Generalitat y como dirigente político, a pesar de que la amnistía no esté en pleno vigor. Si hay visos de que los Presupuestos pueden obtener el visto bueno de Junts, también Sánchez podría reunirse con Puigdemont. Con esos precedentes, la cuestión de confianza no tendría mucho sentido.

Pero también puede ocurrir todo lo contrario, que las negociaciones sobre la inmigración encallen y las de los Presupuestos no fructifiquen, con lo que Sánchez tendría que aguantar un debate en el que la mayoría de la Cámara, con los votos de Junts, le pediría someterse a una cuestión de confianza. Aunque pueda desoír esa exigencia, supondría un varapalo político notable. Todo ello a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva sobre la amnistía, probablemente hacia otoño.

En definitiva, el último encontronazo entre el PSOE y Junts ha permitido a Puigdemont copar protagonismo y a Sánchez meter presión al PP, al acusar a Alberto Núñez Feijóo de ser el culpable de tumbar la subida de las pensiones y la bonificación del transporte público, para luego dejarle en una situación que ha obligado a los populares a votar a favor del decreto resultante de una negociación entre socialistas e independentistas.

Este año discurrirá marcado por la relación de PSOE y Junts, pero el 2026 ya no dará para mucho más porque todos los partidos estarán pensando en las elecciones municipales y autonómicas. De hecho, Sánchez ya está colocando sus piezas para competir con el PP en las diferentes comunidades y recuperar el enorme terreno perdido en 2023. También Junts tendrá que prepararse para la carrera electoral. Por eso, este es el año en que a ambos les interesa seguir bailando, aunque muchas veces se propinen pisotones que a veces son dolorosos y siempre deslucen la coreografía.

Punto y aparte

El próximo capítulo: Junts y la jornada laboral

El PSOE ya ha anunciado a Junts que pretende aprobar más decretos en las próximas semanas que requerirán de su apoyo. Entre ellos los que han quedado pendientes del decreto ómnibus puesto en cuestión, que incluyen ayudas al coche eléctrico, pero también otros como el relativo a la reducción de la jornada laboral, que se aprobará en el Consejo de Ministros del día 4 de febrero.
 
Junts no tiene nada claro dar su apoyo a esa medida, pactada por la vicepresidenta Yolanda Díaz con los sindicatos y luego con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Los socialistas no querían llevar este tema ya al Consejo de Ministros hasta esperar a contar con los votos de Junts, pero Sumar presionó para acelerarlo, ya que si no se aprueba ya por la vía de urgencia, no entrará en vigor antes de final de año.
 
Yolanda Díaz ha mantenido encuentros con patronales catalanas y ha hablado con Puigdemont sobre este asunto, pero no ha arrancado ni un sí ni un no. La vicepresidenta confía en que Pimec, la patronal de la pequeña y mediana empresa de Catalunya sea proclive a un acuerdo que incluirá compensaciones y ayudas económicas para que los empresarios no salgan perdiendo con la implantación de la reducción de jornada. Veremos qué hace Junts, que quiere recuperar su influencia en los sectores económicos de Catalunya.