El fiscal general niega ser el filtrador de los correos sobre el novio de Ayuso

Revelación de secretos

 Álvaro García Ortiz se niega a responder a las preguntas del juez y sólo contesta a su defensa para afirmar que ni él ni nadie de la Fiscalía reveló secretos sobre el empresario Alberto González Amador

El fiscal general niega ser el filtrador de los correos sobre el novio de Ayuso
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El fiscal general niega ser el filtrador de los correos sobre el novio de Díaz Ayuso

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha declarado durante una hora y media ante el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado que le investiga por un presunto delito de revelación de secretos, ha negado de manera clara que él haya sido el filtrador de los correos electrónicos entre el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, y el fiscal que le investiga por presunto fraude a Hacienda.

El fiscal ha salido alrededor de las 11.30 tal como llegó, hacia las 10, por la puerta principal del Tribunal Supremo, con coche oficial, acompañado por el abogado del Estado y sin hacer ningún tipo de declaraciones. En la puerta le esperaba un fiscal de lo Penal del Supremo, Javier Huete, quien le ha acompañado hasta dentro. Se le ha podido ver con una corbata azul con balanzas de la justicia en rojo.

Según fuentes presentes en el interrogatorio, el fiscal ha negado  que revelara los correos electrónicos entre el fiscal que investigaba a la pareja de la presidenta de Madrid y el abogado de éste y ha asegurado que no tiene constancia que nadie de la Fiscalía lo haya hecho. Ha insistido que no ha filtrado esos correos ni a la prensa, ni al Gobierno ni al PSOE.

García Ortiz ha llegado hoy a este interrogatorio para defender que él ni filtró ni dio la orden de filtrar a ningún periodista datos confidenciales relativos al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Se niega a contestar al juez

El fiscal general del Estado se ha sentado en estrados como autoridad que es. Ha llegado dispuesto a dar su versión de los hechos a través de las preguntas de su defensa, que ostenta el abogado del Estado. No ha permitido las preguntas del juez instructor ni de ninguna de las acusaciones. A la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, sí estaba dispuesto a contestar pero ésta no ha hecho ninguna pregunta dado que ha pedido desde el principio el archivo de la causa.

García Ortiz se ha negado a responder a las preguntas de la defensa de González Amador porque, según ha alegado, en su primera querella interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ocultó que él había sido quien había filtrado los correos puestos en cuestión al jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

Para el fiscal general, estas omisiones han dirigido desde el principio las sospechas hacia la Fiscalía. Porque además, en ningún momento el querellante desmintió las falsedades que se estaban difundiendo en su nombre, según explican fuentes presentes en el interrogatorio sobre la declaración de García.

En todo momento, el máximo representante de la Fiscalía ha reconocido y defendido que se hizo una nota de prensa para explicar las informaciones falsas que se estaban publicando en contra del fiscal del caso y ha aseverado que la mentira nunca puede ser un secreto.

Por eso, a su juicio, el instructor Hurtado está basando la instrucción en una certeza que le impide saber la verdad y por eso le mantiene imputado.

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En su declaración -según estas mismas fuentes- ha relatado que pidió a la fiscal superior de Madrid una dación de cuentas del asunto relacionado con González Amador tras tener conocimiento de que existía una denuncia contra la actual pareja de la máxima representante política de la Comunidad de Madrid.

Esta petición la enmarca dentro de lo habitual que es la dación de cuentas que fija el artículo 25 del Estatuto Fiscal y ha detallado que en el último año se han reclamado en 305 asuntos. El objetivo es tener conocimiento para fijar la posición de la Fiscalía. Según su argumento, pidió información sobre el caso pero no ha dado ninguna orden sobre él ni ha intentado en ningún momento perjudicar a González Amador.

Seis cambio de terminal de teléfono en cuatro años

Sobre el cambio de su terminal y borrado de mensajes y correos electrónicos, las fuentes consultadas explican que García Ortiz ha explicado las normativas relacionadas al borrado de los datos que dimanan de la sensibilidad de información que guarda. Ha detallado que en estos últimos cuatro años se ha cambiado seis veces de terminal.

Según ha indicado, él reclamó un cambio de terminal en marzo del pasado año, antes de todas las denuncias relacionadas con este caso. Se le hizo el cambio en octubre, pero lo desvinculada totalmente de este asunto porque nadie se podía imaginar que fueran a registrar su despacho y a copiar todo su teléfono, algo inimaginable, porque no ha pasado nunca en ningún país europeo.

Según ha explicado, no contesta ni al juez ni al resto de las partes porque tiene todavía pendiente de que se resuelva el recurso reclamando la nulidad del registro de su despacho; tiene pendiente unas diligencias solicitadas y todavía están pendientes informes que debe entregar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Prefiere contestar cuando se haya acotado la investigación. Además, criticó ante el propio juez la orden de registro, sobre la que ha pedido la anulación, y la calificó de allanamiento. Según García, ya dijo a los agentes aquel día que había cambiado de móvil recientemente.

Hasta ahora, el instructor no ha dado credibilidad a su versión ofrecida a través de varios escritos por la Abogacía del Estado, que lleva su defensa. Hurtado ha hecho caso omiso a la declaración de varios periodistas que tuvieron aquellos datos y que han asegurado que García Ortiz no fue quien se lo entregó. Incluso, un periodista de El Diario asegura tener esa información siete días antes de que llegara a manos del fiscal general del Estado.

Hurtado investiga concretamente quién filtró unos correos electrónicos entre el fiscal que investigaba a González Amador por fraude fiscal -ante una inspección realizada por la Agencia Tributaria- y el abogado del empresario. Se trata de tres correos electrónicos pero sin embargo en su última resolución el instructor sólo se centra en uno de ellos, el datado el 2 de febrero de 2024.

La cronología

Se trata de un mail que manda el letrado a un correo genérico de la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid ofreciendo, al fiscal que corresponda, un pacto de conformidad, que pasaba porque González Amador reconociera el fraude fiscal y pagara la multa correspondiente. 

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El enjambre en torno a González Amador

Carlota Guindal
La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, a su llegada al Tribunal Superior de Justicia, a 22 de mayo de 2024, en Madrid (España).  Alberto González Amador está siendo investigado por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil, en relación a un supuesto fraude fiscal que le atribuye la Fiscalía de Madrid. González Amador debía comparecer el viernes 24 de mayo ante el juez, pero la cita se ha adelantado a hoy debido a que el querellante tiene un compromiso laboral en la fecha inicialmente fijada. Amador acude hoy al TSJM para ratificar su querella contra los fiscales María Pilar Rodríguez Fernández y Julián Salto Torres.

Ese correo no llegó a manos del fiscal general hasta la noche del día 13 de marzo, después de que la prensa comenzara a publicar que había habido un ofrecimiento de conformidad entre el fiscal y el abogado. En ese momento, García Ortiz reclamó la información sobre la existencia de tal acuerdo y los correos electrónicos que lo avalaban. Durante su declaración ha ratificado estos extremos y ha deslizado que la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, tenía los correos al mismo tiempo que él.

Para Hurtado, la prensa no empezó a hacerse eco de ese correo hasta cinco minutos después de que el fiscal general del Estado lo tuviese. Varios periodistas han asegurado en su declaración como testigos que lo tuvieron horas e incluso días antes pero por ahora el magistrado no les da credibilidad.

García Ortiz ha intentado hoy convencer al juez que lo único que él autorizó y ordenó fue a hacer una nota de prensa que se difundiría el 14 de marzo explicando la cronología de lo sucedido sobre la existencia o no de tal pacto y que ya la Sala de lo Penal del Supremo ha descartado que fuese delictiva. La tesis del alto tribunal es que esa nota no supone una revelación de secretos porque ya había sido revelado con anterioridad.

Hay otro correo que también se difundió, fechado el 12 de marzo, en el que el fiscal comunicaba al abogado la denuncia interpuesta contra González Amador y le dejaba la peurta abierta a llegar un acuerdo, tal y como le había solicitado el abogado.

Sin embargo, para Hurtado ese correo ya no es objeto de investigación porque la pareja de Díaz Ayuso consintió su difusión una vez que le dio traslado al jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez.

García Ortiz llegará como fiscal general, después de que la Sala de lo Contencioso del Supremo acordara este martes, por unanimidad, mantenerle al frente de la Fiscalía General, al desestimar el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif), que pedía anular su nombramiento.

Será la primera vez que el jefe del Ministerio Público declare como investigado ante un tribunal

García Ortiz estaba citado a las 10.00, una vez que el juez rechazó posponer su declaración como había pedido la Abogacía del Estado, hasta practicar una serie de diligencias, como la citación de González Amador, o la intervención del móvil de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, peticiones que el juez ha rechazado.

El fiscal general ha encarado el interrogatorio ante un magistrado que considera que “hay una base indiciaria para presumir la relevante participación” de García Ortiz en la filtración de ese correo, una afirmación a la que llega tras ser advertido por la UCO en un informe de su “participación preeminente” en los hechos.

Por eso sospecha que “fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición, y esto solo cabe entenderlo desde su posición de preeminencia por ser superior jerárquico de todos ellos”.

Ahora bien, el fiscal general sostiene que ni él ni su entorno han filtrado los correos que se investigan del mismo modo que sí asume la responsabilidad de la nota para defender a la Fiscalía de un “bulo”.

En su defensa y en la de la otra investigada, la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, la Abogacía del Estado ha cuestionado que, a lo largo de la instrucción, el juez haya omitido y “desdeñado” los “múltiples contraindicios que articulan una explicación alternativa y razonable” de lo ocurrido y que refuerzan que no concurren “sospechas fundadas” contra ellos. 

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