Los ecos de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca retumban en el último rincón de las democracias occidentales. El discurso hegemónico está virando también en la política española. En Catalunya, donde se vivió una convulsión política de alto voltaje en torno a la reclamación independentista, se percibe también el giro. Durante los años del procés , era factible una alianza entre partidos conservadores como Convergència y formaciones de extrema izquierda como la CUP. Incluso Carles Puigdemont llegó a flirtear con los comunes para que se sumaran a la reclamación de un referéndum. Artur Mas, que enarboló un gobierno business friendly al llegar a la presidencia, acabó abrazado al cupero David Fernández o fue candidato de una lista encabezada por Raül Romeva, procedente de ICV. Muchos en CDC no daban crédito ante el escoramiento a la izquierda de su partido. Todo eso está cambiando de forma radical.
El procés se desplegó mientras la sociedad padecía las secuelas sociales de la gran recesión. La exigencia de medidas para paliar sus efectos era un grito casi unánime. Eran tiempos en los que, por ejemplo, se reclamaba el freno de los desahucios. Convergència primero, después Junts pel Sí, también se sumó a esa corriente. En 2015, por ejemplo, el Parlament aprobó por unanimidad una iniciativa legislativa popular, impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Alianza contra la Pobreza Energética, que abogaba por imponer restricciones importantes a los bancos y a los tenedores de pisos (fueran grandes o no tanto) para favorecer a los inquilinos que no pudieran pagar.
Ni al PSOE ni a Junts les conviene tirar todo por la borda, pero veremos si son capaces de un arreglo
Aunque los problemas de la vivienda no se han resuelto, el discurso que gana terreno vuelve a situarse contra las ocupaciones ilegales no necesariamente motivadas por una necesidad. De ahí que el PP y Junts hayan rechazado sin ambages uno de los puntos del famoso decreto ómnibus que pretendía aprobar el Gobierno, relativo a la paralización de desahucios de familias vulnerables con dependientes o menores a su cargo o víctimas de violencia machista, siempre que se trate de un gran propietario (10 viviendas o más). Alberto Núñez Feijóo señaló que ese texto da alas a la “inquiokupación”. Junts también lo rechaza, aunque con la boca pequeña. Hace unos años habría sido impensable que ninguno de esos partidos votara en contra.
Un nuevo paradigma se impone. En Catalunya, el voto independentista sigue ahí, pero la secesión ya no es la motivación principal para acudir a las urnas. Ni a favor ni en contra. Junts intenta resituarse, ya que el surgimiento de Aliança Catalana le obliga a ello con mayor premura. En ERC siguen pendientes de mirar de reojo a Junts, inmersos aún en la rivalidad dentro del independentismo que ha marcado los últimos años de la política catalana.
Santos Cerdán, enviado de Sánchez, y Carles Puigdemont, en Bélgica en 2023
Pedro Sánchez, atento a los nuevos vientos, ha decidido ya su camino: la polarización entre el bastión democrático que él pretende representar y lo que llama “la internacional ultraderechista”, en la que incluye al PP y Vox. La celebración de los 50 años de la muerte de Franco le sirve a ese objetivo. Su intervención en Davos contra la “tecnocasta” liderada por Elon Musk y su red social X va en esa línea. Y el rechazo del PP al decreto ómnibus, que incluye numerosas medidas sociales, redobla su argumento. Con el añadido de que la norma tumbada preveía una subida de las pensiones. Si hay una regla clara en política en España es ésta: con las pensiones, ni media broma.
Sánchez lo sabe y busca desgastar al PP alargando la solución al desaguisado para dejar en evidencia a Feijóo. Pero aunque el PSOE señale al PP, sabe que su verdadero problema está en Junts. Sánchez los ha incluido en su crítica a quienes hacen politiqueo a costa del “dolor social”, pero con menos intensidad porque son sus aliados necesarios. Durante unos días, Sánchez puede desgastar al PP y a Junts por los efectos de esta votación, pero si alarga el desbloqueo de la subida de las pensiones y la bonificación del transporte público corre el riesgo de que la opinión pública se vuelva en su contra.
La relación entre el PSOE y Junts no puede ser fácil. No solo no comparten ideología, sino que el momento político internacional les distanciará cada vez más. Tampoco les une el elemento territorial. Junts defiende la secesión y reniega del autonomismo, mientras el PSOE se jacta de rebajar la movilización del independentismo. Para acabar de complicar las cosas, los de Puigdemont han perdido la Generalitat y compiten con los socialistas en Catalunya, ahora más que con ERC. A ello hay que añadir la necesidad de Puigdemont de aliviar a sus votantes frustrados por el desenlace del procés , lo que lleva a que esa formación emplee un lenguaje especialmente agresivo con el PSOE.
Pero ni a unos ni a otros les conviene aún tirar todo por la borda. La legislatura depende de los siete diputados de Puigdemont y para Junts quedarse sin ese poder significa la irrelevancia, también ante los empresarios y el poder financiero con el que ha recuperado complicidades. Esta ha sido una semana de catarsis en la que ambos se reprochan las formas. “Tienen que entender que no pueden ganar siempre”, se quejan los socialistas. “Tienen que aprender que no nos pueden hacer chantaje”, replican en Junts. El arreglo solo será posible si en los próximos días los socialistas asumen que su mayoría es más precaria y deben negociar de forma diferente, y Puigdemont admite que hacerse valer no significa meterse en callejones sin salida como la cuestión de confianza que pretende imponer a Sánchez. ¿Habrá reconciliación?
