Más de 200 altos funcionarios de la Generalitat han suscrito un manifiesto que ha sido entregado al Govern pidiendo dejar sin efecto la instrucción que la semana pasada eliminó el teletrabajo entre los subdirectores generales y puestos asimilados, según ha adelantado Catalunya Ràdio y ha podido confirmar La Vanguardia.
Hasta esta mañana habían firmado el documento, de cinco páginas, 237 altos funcionarios, la mayoría subdirectores generales que durante cuatro años, desde la pandemia de la covid, han estado teletrabajando dos días a la semana en virtud del decreto 77/2020 de 4 de agosto, aprobado al final de la presidencia de Quim Torra.
El texto, que ha sido entregado a la Secretaria d'Administració i Funció Pública dependiente del Departament de Presidència, es muy duro contra la instrucción que se publicó el pasado 7 de enero y que daba un plazo de 15 días a las secretarías generales para dejar sin efecto las autorizaciones de teletrabajo en estos colectivos. La Generalitat alegaba que el teletrabajo es “difícilmente compatible con la naturaleza y las responsabilidades inherentes” a estos cargos.
La presencialidad, “un modelo del siglo XIX”
Los firmantes del manifiesto aseguran que el colectivo ha recibido con “un desconcierto generalizado” la instrucción y señalan que las valoraciones para adoptar la decisión de eliminar el teletrabajo “no están basadas en evidencias, ni en datos, ni en mecanismos de evaluación”; defienden que “la presencialidad es un modelo del siglo XIX y no del XXI”, que el teletrabajo les permite estar conectados permanentemente y tomar decisiones con agilidad, y alertan de que si se elimina será mucho más difícil conciliar y se pondrán palos en la rueda a la captación de talento.
También advierten que la eliminación del teletrabajo supone un “retroceso en la equidad territorial” y tiene un “impacto negativo en el medio ambiente” por la huella de carbono asociada a los desplazamientos, y lamentan que la comunicación de la medida “ha reforzado estereotipos” contrarios al teletrabajo y a los funcionarios de la Generalitat.
Cuestionan la legalidad de la instrucción
Estos altos funcionarios cuestionan incluso la legalidad de la medida porque se aprobó vía decreto y alegan que debería revocarse también vía decreto y no vía instrucción. Por ello, consideran que la instrucción presenta “indicios racionales de nulidad”.
Por todo ello, solicitan que se deje sin efecto la instrucción, se permita el ejercicio del teletrabajo a todo el colectivo afectado y que en caso de tenerse que restringir se haga según la norma vigente y nunca de forma generalizada. Asimismo, piden una evaluación independiente y rigurosa y que se consulte al Comité de Expertos de la Reforma de la Administración (Cetra) y otros órganos técnicos con competencias al respecto.
La instrucción, que se conoció el pasado jueves, tras las vacaciones de Navidad, resalta el “alto grado de responsabilidad estratégica” de estos puestos de trabajo y añade que tienen un “impacto directo en la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas” puesto que son responsables de la planificación, coordinación y ejecución políticas estratégicas de cada departamento.
La instrucción, firmada por la secretaria de Administración y Función Pública, Alícia Corral, destaca la importancia de la “presencia efectiva y constante” de los altos cargos como responsables de la supervisión de los equipos de trabajo y el control y organización del trabajo personal técnico y administrativo. Por eso, ordena que los secretarios generales, secretarías sectoriales y direcciones generales y asimilados orgánicamente ejerzan su trabajo “exclusivamente en régimen presencial”.
Otros argumentos que apunta el documento son que las subdirecciones generales y los sitios asimilados orgánicamente representan “el escalón profesional más alto” de la administración de la Generalitat y actúan de enlace entre los cargos políticos y técnicos; y que la presencia de estos cargos en su puesto de trabajo es un “elemento necesario para el buen funcionamiento de los servicios públicos” ya que, añade, fomenta el liderazgo y la coordinación de los equipos de trabajo, refuerza la toma de decisiones en tiempo real , facilita la resolución inmediata de posibles conflictos o incidencias y la coordinación con otros órganos o áreas y “consolida” la representación institucional en reuniones.
Por contra, los firmantes del documento sostienen que las tareas de dirección y mando de los puestos afectados por la instrucción “se están ejerciendo con plena responsabilidad y de forma adecuada, y en defensa de una administración orientada a los resultados, flexible, conciliadora, feminista, digital, responsable ambientalmente, eficiente en el uso del tiempo y los espacios y equitativa territorialmente”.