El Gobierno redobla su ofensiva para intentar atajar el problema de la vivienda con la intención de confrontar su modelo al concretado por el Partido Popular el pasado domingo en su declaración de Asturias. Pedro Sánchez destacó ayer que la situación es “crítica” y anunció un paquete de doce medidas destinadas a propietarios, inquilinos, empresas y administraciones y que se concretan en una mayor intervención pública, algunas correcciones legislativas y propuestas de medidas fiscales para intentar reconducir determinados desajustes. El objetivo, destacó el jefe del Ejecutivo, es ampliar la oferta, pero no de cualquier tipo, sino esencialmente la de vivienda a precios asequibles.
Un bloque de medidas afecta a los pequeños propietarios de vivienda. Para intentar que ofrezcan sus pisos al mercado, los alquilen a jóvenes y rebajen de forma voluntaria los precios, Sánchez avanzó la creación de un sistema de garantías públicas que garantizará al dueño el cobro de la renta si el arrendamiento es asequible. Este modelo, inspirado en el existente en Francia, ya funciona en Catalunya, Euskadi y Navarra. Se empezará aplicando a los propietarios que alquilen a menores de 35 años. Asimismo, el Ejecutivo central pondrá en marcha un nuevo programa de ayudas a propietarios con viviendas vacías que las reformen y las alquilen a precios asequibles durante al menos cinco años.
La Moncloa quiere desincentivar las compras de extranjeros no residentes con un nuevo impuesto
Los propietarios que reduzcan de forma voluntaria la renta de sus viviendas también podrían acceder a rebajas de hasta el 100% del IRPF. Es una medida diseñada para esquivar el veto del PP a la ley de Vivienda, ya que las bonificaciones fiscales sólo se pueden aplicar en este momento si se declaran zonas tensionadas. También planteó subir la fiscalidad de las viviendas turísticas al 21%. Ambas propuestas necesitan ser aprobadas en el Congreso con los socios de investidura.
Sánchez también avanzó la concreción de los primeros activos que gestionará la nueva empresa pública de vivienda, un nuevo Perte para la construcción industrializada o en cadena (demanda del sector) y un cambio en la fiscalidad de las socimis residenciales, para que solo se puedan beneficiar de ventajas impositivas si invierten en vivienda asequible. El régimen de las socimis cotizadas, Merlin y Colonial, no se tocará, ya que su actividad está centrada en otros negocios ajenos al residencial.
Otra medida destacada busca desincentivar la compra de vivienda por parte de ciudadanos extranjeros no residentes en España. Estos particulares adquieren unas 25.000 viviendas al año y el objetivo es que soporten una mayor fiscalidad. Hacienda estudia un nuevo impuesto o subir el de Transmisiones patrimoniales.
Sánchez está empeñado en que ésta sea la “legislatura de la vivienda”, ya que se trata de la principal preocupación de la ciudadanía y de que su acceso es cada vez más difícil para los jóvenes, lo que a su vez impide su emancipación. Y presenta este “quinto pilar del Estado de bienestar”, con el que trata de blindar el derecho constitucional a una vivienda digna, como una enmienda a la totalidad de las políticas de sus predecesores del PP, Mariano Rajoy (2011-2018) y José María Aznar (1996-2004). No en vano, el Gobierno resalta que ha multiplicado por ocho la inversión pública en vivienda que destinaba Rajoy: de 470 millones a 3.500 millones de euros.
El acto que Sánchez protagonizó ayer en el Museo del Ferrocarril de Madrid para anunciar su nuevo paquete de medidas, ante el grueso de los ministros del PSOE y los dirigentes de la UGT y CC.OO., Pepe Álvarez y Unai Sordo, se produjo precisamente al día siguiente de que Alberto Núñez Feijóo alineara en Oviedo a todos los presidentes autonómicos del PP para plantear su agenda de incentivos fiscales en materia de vivienda y de liberalización del mercado inmobiliario, “un ramillete de ocurrencias vacías”, a juicio de la Moncloa. Sánchez, así, cuajó ayer su discurso de duras andanadas contra “la ideología neoliberal fracasada” del PP, la “política nefasta del pelotazo y la burbuja inmobiliaria” y el “modelo de especulación de Aznar”.
“Esa fue la política de vivienda del PP, dejar que los especuladores hiciesen negocio durante la crisis financiera y permitir que en nuestra sociedad se abrieran unas heridas que aún hoy supuran”, lamentó. Y advirtió que “lo peor de todo, visto lo visto”, tras las recetas que la víspera expuso Feijóo, es que “no se arrepienten”. “Manos a la obra”, emplazó Sánchez para seguir tratando de enmendar las políticas de vivienda del PP.
La propuesta del PP
Rebajas fiscales. Para compradores, inquilinos y arrendadores, y reducción del impuesto de transmisión patrimonial del 10% al 4%, para los jóvenes.
Avales. Ampliar hasta los 40 años la edad límite para recibir avales hipotecarios por el 20% del valor de un piso.
Seguros de impago. Para propietarios que saquen al mercado viviendas vacías.
Ocupaciones. “Desbloqueo” de la ley antiokupas para desalojar en 24 horas.
Suelo. Se pondrá a disposición del sector inmobiliario todo el suelo posible para pisos de alquiler “un 30% más barato que la media del mercado”.
Pisos protegidos. Flexibilizar la regulación para acceder a pisos públicos en propiedad, “con el fin de llegar a un mayor número de beneficiarios”.
Nueva legislación. Derogación de la actual ley de Vivienda y nueva ley del Suelo.
La propuesta del PSOE
Empresa Pública. Se propone transferir vivienda y suelo a una nueva empresa pública que tendrá prioridad en la compra. Toda la vivienda construida por el Estado mantendrá indefinidamente su titularidad pública.
Alquiler asequible. Se asegurará al propietario el cobro de la renta de alquiler a precio asequible. Ayudas a las reformas para alquiler asequible.
Fiscalidad. Exención total del IRPF para propietarios que alquilen según el Índice de Precios de Referencia. Las viviendas turísticas tributarán como actividad económica. Se condicionarán las ventajas de las Socimis.
Compra por extranjeros. Se incrementará hasta el 100% el gravamen fiscal que deben pagar los no europeos que no residan en España cuando compran una casa.
Fraude. Se endurecerá la regulación que persigue el fraude en alquiler de temporada y se creará un fondo para reforzar las inspecciones.
