La expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, aspira todavía a presidir la nueva fundación de Junts, FunDem, que hasta hace unas semanas era el think tank de Demòcrates de Catalunya y tras la confluencia del partido de Antoni Castellà con JxCat es ahora el órgano de pensamiento y formación de los posconvergentes. A pesar de que su situación judicial levanta serias dudas sobre la legalidad de su elección, la expresidenta de la organización política se revolvió este lunes a última hora contra el Govern de Salvador Illa, que en un informe reciente, en el que no se le mentaba puesto que ella no ha sido nombrada aún, dejaba claro que las personas inhabilitadas no pueden estar en el patronato de una fundación y que hay que cumplir la ley. El argumento de Borràs es que su condena por la causa de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) no es firme.
“La ley es clara: Una persona sin sentencia firme condenatoria puede formar parte de un patronato y presidirlo”, apuntó ayer Borràs en la red social X, antes Twitter. “Por tanto, desde que el expresident Carles Puigdemont anunció que presidiría la fundación del partido en el congreso extraordinario de Junts –el pasado mes de octubre– eso es perfectamente posible a pesar de todos los informes preventivos del Govern, las noticias aparecidas y las maledicencias varias”, prosiguió la dirigente soberanista, que espera que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de casación de su condena y añadió que en Junts son “gente de palabra”.
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Con todo, fuentes consultadas del ámbito jurídico apuntaban a este medio hace unas semanas que la ley no especifica qué sucede con las personas que no tienen una sentencia firme y añadían que además la expresidenta de la Cámara catalana tiene una condena por un delito de falsedad, otro de los hechos que se recogen en el marco legal vigente como impedimento para estar en el patronato de una fundación. Para ser presidente de una fundación es preciso ser patrono. Teniendo en cuenta todas esas circunstancias, las fuentes consultadas cuestionaban que Borràs pueda presidir la fundación de JxCat. En cualquier caso, si llega a ser nombrada para formar parte del patronato de FunDem, el Govern de la Generalitat podría denegarle su inscripción en el registro del protectorado de las fundaciones y dejar el nombramiento en papel mojado.
El informe que elaboró del Ejecutivo de Salvador Illa –avanzado por este diario– como respuesta a la situación del exconseller Raül Romeva, que presidía la fundación de Esquerra pese a estar inhabilitado desde enero hasta hace apenas unos días, advertía que las fundaciones deben cumplir con lo que estipula la ley y hacía especial hincapié en lo que dispone el Código Civil catalán en su libro tercero: Las personas inhabilitadas para el ejercicio de cargos públicos o bien condenadas por delitos de falsedad no pueden formar parte del patronato de una fundación.
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Junts celebró su congreso a finales de octubre y desde entonces el único paso que se ha dado en relación con este asunto en el ámbito formal es registrar una modificación mínima de los estatutos para vincular el think tank al partido de Puigdemont y desvincularlo de Demòcrates de Catalunya.
Por otra parte, según los estatutos de JxCat, a la fundación le corresponden dos puestos en la dirección posconvergente, pero de momento solo se ha escogido a un dirigente y es la exdiputada del Parlament y concejal del Ayuntamiento de Barcelona Titon Lailla, tal y como avanzó La Vanguardia hace unos días. Así lo decidió el patronato de FunDem y en la reunión de la ejecutiva de Junts de la semana pasada la también presidenta del distrito de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona ya participó como tal. Mientras se celebraba el cónclave de los posconvergentes se daba por hecho que esa sería la puerta de entrada de Borràs a la dirección de JxCat en esta nueva etapa.
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En el libro tercero Código Civil catalán se marcan los requisitos para formar parte del patronato de una fundación: tener capacidad plena, no estar inhabilitado para ejercer cargos públicos o para administrar bienes y no haber sido condenado por delitos contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico o por delitos de falsedad. Borràs tiene una condena por falsedad y además está inhabilitada para el desempeño de cargos públicos, si bien en la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya se remarcaba que puede ejercer de profesora universitaria con su plaza de funcionaria del Estado pese a la inhabilitación. Una circunstancia que no se da, por ejemplo, en el caso de Oriol Junqueras, inhabilitado por el procés.
“Las fundaciones vinculadas a partidos políticos, en tanto que personas jurídicas privadas, si ejercen sus funciones mayoritariamente en Catalunya se someten al libro tercero del Código Civil de Catalunya, sin que se contemple en este Código ningún régimen especial regulador por el hecho de estar vinculadas a un partido político”, subrayaba el informe que elaboró el Departament de Justícia. Aunque hacía referencia a Romeva, hay quien interpretaba que era también un aviso a Junts y a la expresidenta del Parlament, que en estas semanas ha recalcado que su condena no es firme y que su inhabilitación no es total.
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El secretario general de Junts, Jordi Turull, en una entrevista con este diario posterior al congreso de la formación posconvergente, apuntó que Borràs “tendrá un papel fundamental y de acuerdo a la legalidad vigente en la fundación” y opinaba que “no hay nada que le impida tener ese papel fundamental”.
Así las cosas, una de las opciones es que la dirigente soberanista desempeñe un rol distinto al que tenía previsto en un primer momento en la fundación. Ese ha sido el camino elegido por Romeva, que ya no es presidente y mientras no entre en vigor la amnistía y no pueda serlo ocupa el cargo de portavoz, para lo cual no es necesario estar en el patronato.
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