La gestión de la inmigración ha abierto una grieta entre el Gobierno central y el Ejecutivo vasco, que empieza a apremiar a Pedro Sánchez para que mueva ficha en torno a esta cuestión. El lehendakari, Imanol Pradales, llevó a la Moncloa sus demandas en esta materia la semana pasada y, desde entonces, las instituciones vascas se han mostrado insistentes al respecto. Sobre la mesa, el reparto de menores extranjeros, la petición de traspaso de las competencias en materia de inserción sociolaboral o la consideración de Euskadi como “frontera norte en el tránsito a Europa”, cuestiones que el PNV, uno de los socios clave de la legislatura, identifica ya como prioritarias
Como se está viendo en toda Europa, la cuestión de la inmigración puede resultar altamente inflamable, y el Gobierno vasco quiere adelantarse a un escenario en el que los discursos antiinmigración puedan ganar terreno. Los estudios demoscópicos que se vienen publicando en el País Vasco no muestran, de momento, posturas generalizadas de rechazo al fenómeno migratorio, aunque sí una incipiente preocupación.
El lehendakari Pradales reclama el traspaso de las autorizaciones iniciales de trabajo
En el último Sociómetro del Gobierno vasco, hecho público el mes pasado, la inmigración había escalado hasta convertirse en la quinta preocupación citada de forma espontánea por los encuestados, tras los problemas asociados al mercado laboral, la vivienda, la Sanidad Pública y la delincuencia.
Un estudio sobre la juventud vasca hecho público esta semana refleja que el 26% de los jóvenes vascos cree que hay “demasiados inmigrantes”, porcentaje que se ha triplicado en cuatro años, al tiempo que el 43% es partidario de “facilitar la entrada solo a quienes tengan un contrato de trabajo”.
En el CIS de septiembre, además, la inmigración aparecía como el “primer problema que existe actualmente en España” en opinión de los votantes del PNV, un dato a tener en cuenta, pese a que la muestra de este estudio recogida en el País Vasco fuese limitada. En este contexto se entiende que el lehendakari otorgase absoluta relevancia a esta cuestión en su última reunión con Sánchez o la contundencia con que Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso de los diputados, se ha expresado en los últimos días en torno a la negativa de algunas comunidades de asumir un reparto de los menores no acompañados.
Esta cuestión es, precisamente, una de las que más preocupa en las instituciones vascas. Bizkaia es el territorio peninsular que mayor ratio de menores acoge en relación con su población, y Euskadi la primera comunidad, de manera que sólo le superan Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
La capacidad de atracción que genera la tradicional apuesta vasca por destinar recursos considerables e itinerarios sociolaborales para la acogida de estos menores se ha visto desbordada. Y las instituciones vascas han dado un golpe encima de la mesa. “Atendemos a más de 900 menores cuando otras comunidades del entorno acogen a apenas 10”, denuncian.
En este sentido, el Gobierno vasco reclama un “reparto justo y equilibrado”, y denuncia que en la reunión sectorial de esta semana “no se quiso entrar de verdad en esta cuestión”. Aitor Esteban ha sido más contundente, y en las últimas horas ha acusado al Estado de “incumplir algunas de sus obligaciones” en cuanto a la acogida de menores, al tiempo que ha tachado de “lamentable” la actitud del PP y, especialmente, de algunas comunidades gobernadas por los populares que “desvían tráficos” de menores como si fuesen “mercancía”.
Pradales reclama la transferencia sobre autorizaciones iniciales de trabajo
El Ejecutivo vasco también demanda un Plan estratégico de migración, que recoja una planificación y una previsión sobre diferentes escenarios, o una modificación de la Ley de Extranjería que permita dotar a las comunidades de mayores competencias en la inserción sociolaboral. En particular, prioriza la transferencia sobre autorizaciones iniciales de trabajo. “Hay más de 5.000 personas extranjeras en Lanbide (Servicio Vasco de Empleo) a las que damos formación, pero no pueden firmar contrato y están condenadas a trabajar en la economía sumergida”, ha señalado el lehendakari.
Las instituciones vascas, asimismo, demandan mayores dotaciones económicas “para atender a las personas en tránsito hacia Europa”, desde la perspectiva de que el País Vasco es “frontera norte”, y, finalmente, proponen “canales de coordinación con la Fiscalía “para agilizar la identificación de personas sin referentes familiares y conocer así si son o no menores de edad”.
Es decir, en lo sustancial, el Gobierno de Pradales se posiciona ante esta espinosa cuestión con un discurso que pretende ligarla estrechamente al plano sociolaboral, al tiempo que trata de hacer pedagogía de cara a la sociedad aludiendo a la “necesidad de atraer inmigrantes” ante las necesidades de mano de obra en determinados sectores.
En la medida en que la cuestión inquieta también en la sociedad vasca, la gestión de la inmigración gana terreno entre las prioridades del Ejecutivo vasco y, en particular, entre las demandas del PNV, uno de los pilares que soporta el peso de la legislatura.
Los jeltzales continúan siendo un fiel socio del Gobierno de coalición y ya han adelantado su disposición a facilitar la aprobación de los presupuestos, pero no tienen un margen político ilimitado y necesitan que Sánchez sea sensible a sus demandas, Ahí, asoma ya como prioritaria la gestión de los flujos migratorios.
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