El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, cree que su defendido podrá volver a Catalunya en un “periodo razonable de tiempo” a pesar de que el Tribunal Supremo insiste en no aplicar la ley de Amnistía al delito de malversación que le imputa al dirigente de Junts y a otros líderes del procés y al aviso que el Alto Tribunal dejó ayer para el Tribunal Constitucional en el sentido de que si en algún momento este último decidiera amnistiar la malversación recurriría a la justicia europea.
“Hemos resuelto que la pretendida extinción de la responsabilidad criminal de los hechos que declaramos probados en nuestra sentencia 459/2019, 14 de octubre, no se deriva de la aplicación de la Ley de Amnistía”, señalaba ayer la Sala Penal del TS en su auto en el que rechazaba los rescursos de los condenados, de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado en contra de la no aplicación de la amnistía al delito de malversación a los líderes del procés. Y advertía: “La conclusión contraria, de haber sido adoptada o si se derivara de una interpretación que estimara que el delito de malversación es amnistiable, nos habría obligado -o nos obligaría en el futuro- a suscitar la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.
A Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa (no todavía a Puigdemont hasta que la misma Sala avale el fallo de Pablo Llarena) se les abre ahora la vía del recurso de amparo al Tribunal Constitucional para ver aplicada la amnistía si así lo estima, algo que en cualquier caso no se producirá antes de medio año. Periodo que se alargaría todavía más para hacerse efectiva la amnistía si hubiera que esperar a la resolución de unas cuestiones prejudiciales por parte del TJUE.
“No parece que se den cuenta de que ya existen unas prejudiciales respecto al tema de la malversación presentadas por el Tribunal de Cuentas, por tanto, el reloj ya corre“, ha recordado en este sentido Gonzalo Boye en declaraciones a RAC1 en alusión a las ocho cuestiones prejudiciales que el Tribunal de Cuentas presentó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a finales de julio que supuso la paralización de la causa contra una treintena de ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos el propio Puigdemont, por los gastos del referéndum del 1-O así como de la acción exterior de la Generalitat.
”Deberían tener la visión completa y ellos (los jueces de la Sala Penal del Supremo) solo tenían la de impedir la aplicación de una ley aprobada en el Parlamento”, ha señalado Boye que ha tildado la actitud del Alto Tribunal de “desafío total” que “se enroca en el incumplimiento de la ley”.
Para el letrado el orden con el que está actuando el Tribunal Supremo revela sus intenciones. El orden correcto habría sido ir primero al TJUE, según Boye, y con lo que dijera, si había algún indicio de inconstitucionalidad, plantearlo al Tribunal Constitucional. Sin embargo, “si el TJUE decía que la amnsitía se ajustaba al derecho de la Unión, no tenía sentido ir al TC”, ha alegado el abogado. “Ellos lo que dicen es, voy al TC y después no me valdrá lo que diga el TC y me iré al TJUE. Y me imagino que cuando lo del TJUE tampoco les valga querrán ir al Tribunal de la Rota o a un tribunal eclesiástico para ver si ellos le dan la bendición”, ha ironizado Boye.
A pesar de todo, el letrado no ha querido calificar la actitud del Alto Tribunal como prevaricadora como sí hacen muchos dirigentes políticos de Junts. “Si considerase que están prevaricando, habría presentado una querella. Pero, de momento, no me planteo esto, sino que es evidente que existe un poder del Estado que no tiene ningún contrapeso”, ha lamentado Boye.
