La Comisión Europea se ha pronunciado por primera vez sobre la Ley de Amnistía desde que esta se aprobó en el Congreso de los Diputados, aunque no entra en el fondo. Según el informe del Estado de Derecho publicado hoy por el Ejecutivo comunitario cuestiona la forma en cómo se aprobó y apunta a que la ley “salió adelante con un procedimiento de urgencia, permitiendo solo una consulta limitada con la ciudadanía”.
“En España, la Ley Orgánica de la Ley de de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña fue objeto de controversia e incluso llevó a una opinión de la Comisión de Venecia, que apuntó a algunas cuestiones relaciones con el estado de derecho, en que salió adelante con un procedimiento de urgencia, permitiendo solo una consulta limitada con la ciudadanía”, apunta el informe del Ejecutivo. La opinión del Ejecutivo sobre la Ley de Amnistía era muy esperada desde hace tiempo, aunque no se trata de un análisis pormenorizado.
Por otra parte, admite preocupación de que en Estados como España, existe “presión indebida” en los jueces “por parte de los políticos o a nivel ejecutivo, hay también evidencias de presiones provenientes de terceros países. El riesgo de declaraciones públicas por parte de los gobiernos y los políticos puede afectar a la confianza de la independencia judicial”, advierte el informe.
Así, se hace eco de las declaraciones que se han hecho en contra de los jueces por parte de políticos españoles, especialmente de miembros y socios del Gobierno, que llegó a su punto álgido antes de finalizar la campaña de las elecciones europeas, aunque también con dudas a la imparcialidad.
“El CGPJ y la cuatro principales asociaciones de jueces han alertado repetidamente contra estas declaraciones”, expresa el Ejecutivo. Aunque Bruselas asume que es necesario “un equilibrio adecuado entre la libertad de expresión y asegurar la protección de la independencia judicial”. También cree que esto puede provocar “daños” en la confianza del sistema judicial, algo “particularmente relevante” si las declaraciones se producen por parte de miembros del legislativo y el ejecutivo. “Todos los poderes del Estado deben reforzar y proteger la confianza de la población en las instituciones constitucionales, incluido el judicial”, argumenta la Comisión.
El análisis también añade otras recomendaciones. Valora “progresos” en reforzar el estatuto del fiscal general, pero subraya que aun no se ha producido una “separación” en los tiempos de los mandatos del Fiscal General del Estado con el del Gobierno, “siguiendo los estándares europeos para la independencia y autonomía del fiscal”, apunta la Comisión. Es una cuestión en la que se había insistido tanto en los informes de 2022, como en 2023.
En 2023, también también subrayó que pese a los cambios en la Fiscalía, se seguía sin separar estos mandatos. El Estatuto fiscal actualmente recoge que el fiscal general del Estado sea nombrado por el Gobierno al inicio de la legislatura y se acabe su mandato cuando el Gobierno lo haga, y que la Comisión solicita que se cambie, para que no coincida, y así asegurar su autonomía e independencia.
Después de años en que la reforma del Consejo General del Poder Judicial estuvo en el foco del informe del Estado de Derecho, ahora valora los frutos del “diálogo estructurado” entre el PP y el PSOE a instancias de la Comisión Europea, en que “se llegó a un acuerdo para la renovación del CGPJ, e inmediatamente después nombrar a los jueces, según los estándares europeos”.
No obstante, insta a España a finalizar la renovación del CGPJ, “en base al acuerdo llegado el 25 de junio de 2024”. La Comisión lamenta que “la falta de renovación del consejo judicial haya tenido un impacto negativo en el trabajo del Tribunal Supremo y el sistema judicial en su objetivo”, aunque espera que, tras el acuerdo alcanzado en junio, “mejore la situación”.