La Generalitat quiere que la reforma de la ley de Extranjería, que empezará a debatirse la próxima semana en el Congreso, reconozca como zonas donde la incidencia de la inmigración es superior a la media no sólo a Canarias o Ceuta y Melilla sino también a otras comunidades y en particular a Catalunya.
La acogida de los niños y adolescentes inmigrados provocó al semana pasada una tormenta política, ni más ni menos que la ruptura entre los dos partidos de la derecha en España. Pero lo cierto es que, tras la tempestad, los problemas de acogida persisten y se agravan día a día.
En los últimos quince días la Generalitat a acogido a ciento catorce menores, ninguno venía de Canarias
Nada se ha resuelto en Canarias tras esta crisis política pero tampoco en otros lugares. El caso de Catalunya es palmario: “En apenas quince días hemos recibido más de cien [exactamente son 114] menores” explica el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano. Ninguno de ellos procedía del reparto acordado en Canarias la semana pasada.
Este dato es clave para entender la posición catalana, la única comunidad que no votó a favor de aquella redistribución voluntaria.
La reforma de la ley de Extranjería que impulsan los grupos del Gobierno –socialistas y Sumar– con el apoyo del Coalición Canaria pretende determinar una mecanismo estable y de obligado cumplimiento para el reparto entre comunidades de los menores no acompañados que llegan a territorio español.
La Generalitat ya ha avanzado su posición al Gobierno central sobre esta iniciativa. Más allá de que la ley reconozca que no sólo Canarias tiene problemas de exceso, la propuesta que defiende Campuzano pretende fijar unos estándares comunes. Para empezar, sobre las plazas de acogida disponibles: “Proponemos que todas las comunidades destinen un 25% de sus plazas para acogida de menores a los niños y adolescentes inmigrantes”. Esto garantizaría una oferta mínima de plazas. Pero, a la vez, cuando el numero de menores supere en un 175% el número de plazas disponibles, la comunidad quedaría fuera del sistema de reparto obligatorio que pretende establecer la ley.
Este ya es el caso de Catalunya, donde en los seis primeros meses de 2024 se han atendido a 1.569 niños y adolescentes según un documento de la Secretaria d’Infància, Adolescència i Juventut de la Generalitat.
Catalunya no es solo un territorio de paso, sino zona de destino. Barcelona es clave ahí.
Las cifras son sorprendentes pero tienen su razón de ser. En primer lugar porque Catalunya no es solo un territorio de paso, sino una zona de destino de muchos migrantes. También los jóvenes. El nombre de Barcelona es clave ahí.
En segundo lugar, es una de las comunidades –junto a Madrid, Valencia y Canarias– que tiene un programa específico para prolongar la atención más allá de la mayoría de edad. A día de hoy la Generalitat tutela a 2.300 niños y adolescentes, sí, pero ayuda a otros 4.300 mayores de edad, hasta los 23 años, con programas de inserción y de formación.
Sin embargo, el Gobierno central solo reconoce que Catalunya acoge a 1.417 menores. La discrepancia numérica es otra de las prioridades de la Generalitat en la discusión de la reforma de le ley de Extranjeria. Esto es importante precisamente para definir los límites de la acogida obligatoria pero también la aportación de recursos al sistema.
La Generalitat pide transparencia en la asignación de recurso para los menores
La propuesta que ha trasladado Drets Socials al Gobierno central obliga al Ejecutivo de Pedro Sánchez a ampliar el presupuesto para cubrir los gastos generados por la acogida obligatoria procedente de otras comunidades. Sin más dinero, con mayor transparencia sobre las asignaciones y una cuantificación real de las cifras, el sistema no es viable.
Pero en la estimación real de las cifras incide otro factor: el reconocimiento legal de quien es menor de edad –y debe ser tutelado por ley– y quien no lo es. Ocurre que muchos menores, cuando llegan a Canarias o a Ceuta y Melilla, se declaran mayores de edad. Lo hacen para no quedar varados en el sistema de acogida en las islas y poder llegar a la Península, donde a menudo acaban reconociendo su edad real.
La Generalitat reclama un sistema más eficiente y también respetuoso para determinar quién es realmente un menor –un procedimiento en el que interviene la Fiscalía– y que este trámite se realice en el lugar de primera llegada del menor.
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