Crónica de una renovación bloqueada del Poder Judicial

El 4 de diciembre del 2018, medio año después de que el PP perdiera el gobierno a consecuencia de la primera moción de censura exitosa de la historia de España y en plena respuesta judicial al procés , expiró el mandato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), nombrado en el 2013. Ya han pasado 2.000 días (casi cinco años y medio) sin que el PSOE y el PP hayan sido capaces de renovar el órgano de gobierno de los jueces, ni siquiera con la mediación de la Comisión Europea, institución que en diversos informes ha urgido a esta renovación.

Los dos partidos, cuyos escaños tanto en el Congreso como en el Senado son necesarios para alcanzar la mayoría de tres quintos prescrita por la ley para acometer el remplazo del CGPJ, se acusan mutuamente de la situación. El Gobierno atribuye toda la responsabilidad al PP, al que acusa de romper siempre las negociaciones en momentos clave, ya fuera en la época de Pablo Casado como en la de Alberto Núñez Feijóo, con las excusas más diversas.

Fuentes judiciales explican que el bloqueo tiene un coste anual de 12,5 millones de euros

De hecho, tres semanas antes de que el CGPJ entrara en funciones, ambas formaciones dieron a conocer un acuerdo de renovación, con once vocales progresistas y nueve conservadores, bajo la presidencia de Manuel Marchena. Pero el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, envió un watsap a todos los miembros de su grupo en el que les aseguraba que, gracias al pacto, iban a “controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) por detrás”. Marchena, que ya había sido designado para juzgar el procés , anunció su renuncia, lo que propició la ruptura.

Desde entonces, los ataques a la monarquía por parte de Podemos, integrado en el primer gobierno de Pedro Sánchez, la misma presencia de los morados en las negociaciones, los vetos a sus candidatos al órgano de los jueces, los indultos a los líderes indepen­den­tistas, los sucesivos procesos electorales, la desconfianza hacia el jefe del Ejecutivo, la necesidad de cambiar el sistema de nombramientos para que los jueces elijan a los jueces y de despolitizar la justicia, la derogación del delito de sedición, la renovación forzada por el gobierno del Tribunal Constitucional –tildada de “golpe al TC”–, los pactos con los independentistas o la tramitación de la ley de Amnistía han sido los argumentos esgrimidos tanto por el PP de Casado como el de Feijóo para mantener el bloqueo.

El Gobierno acusa al PP de romper en momentos clave y con excusas muy diversas las negociaciones

Un bloqueo con graves consecuencias en todo el sistema judicial y que ha dejado al propio órgano en vías de desintegración por las luchas internas entre el bloque conservador mayoritario y el progresista, e incluso dentro de ellos. Su actual presidente en funciones, Vicente Guilarte, cifró recientemente en 122 los nombramientos pendientes al tener limitada esta función con el mandato caducado en virtud de una reforma en este sentido promovida por el gobierno de Sánchez en el 2021 para tratar, en vano, de impulsar las negociaciones. Fuentes judiciales además calculan que el bloqueo supone un coste anual de 12,5 millones de euros para las arcas públicas y que el 30% de las plazas de magistrado en el Supremo permanecen desiertas.

Precisamente, Guilarte, quien llegó al cargo en julio tras la jubilación de Rafael Mozo y previamente después de la dimisión de Carlos Lesmes, anunció en abril que dejaría la presidencia en verano ante su falta de expectativas, una vez que las negociaciones con mediación de la Comisión Europea, exigida por Feijóo y aceptada por Sánchez, no hayan dado resultados.

Hasta otoño para la mediación de Bruselas

El comisario de Justicia, Didier Reynders, fue el encargado de mediar entre el PSOE y el PP para renovar el CGPJ y mantuvo tres reuniones, pero cogió una excedencia en abril para centrarse en la carrera para ser secretario general del Consejo de Europa. La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario, Vera Jourova, asumió sus funciones y ha mostrado su disposición para mantener la mediación aunque después de las elecciones al Parlamento Europeo su cargo entre en funciones hasta que no se renueve la Comisión a finales de otoño.

El PP sostiene que la renovación se debe acometer a la vez que se modifica la ley para reformar el sistema de elección de los vocales y permitir que los jueces elijan a sus pares, mientras que el Ejecutivo defiende que la renovación debe realizarse de forma inmediata previamente a cualquier otra consideración, acorde con los sucesivos informe sobre el Estado de derecho, que a su vez también insisten en la necesidad de una reforma del sistema para garantizar la independencia judicial.

Ante esta situación, el Gobierno amaga con la posibilidad de aprobar un cambio de mayorías necesarias para los nombramientos de los vocales para acabar con el “secuestro” del Poder Judicial por parte del PP, en palabras del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Una reforma en este sentido ya fue retirada en el 2021 ante el rechazo que suscitó en Bruselas.

Cronología

De “la puerta de atrás” a la mediación de Reynders

2 de noviembre del 2018 Se da a conocer un acuerdo de renovación entre el PSOE y el PP bajo la presidencia de Manuel Marchena. Casado está al frente de los populares.

19 de noviembre del 2018 Se rompe el acuerdo después de la renuncia de Marchena tras conocerse el mensaje del senador del PP Ignacio Cosidó en el que aseguraba que gracias al pacto el PP iba a “controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo por detrás”.

4 de diciembre del 2018 Caduca el mandato del CGPJ, que pasa a estar en funciones.

Primavera del 2021 El Congreso aprueba que el CGPJ no pueda hacer nombramientos estando en funciones. Se retira otra proposición de ley para rebajar las mayorías para elegir a los vocales.

10 de octubre del 2022 Dimite Carlos Lesmes como presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo ante el estancamiento de las negociaciones ya con Feijóo al frente del PP.

27 de octubre del 2022 Feijóo rompe las negociaciones por la intención del gobierno de derogar el delito de sedición.

9 de enero del 2023 El Gobierno logra renovar el TC, que pasa a tener una mayoría progresista después de que el propio tribunal, en una decisión inédita y con mayoría conservadora, paralizara la tramitación de una ley en el Senado para acelerar su renovación.

22 de diciembre del 2023 Sánchez y Feijóo acuerdan, a petición del líder del PP, dar a la Comisión Europea un rol de mediación para lograr la renovación.

8 de abril del 2024 El presidente en funciones del CGPJ, Vicente Guilarte, anuncia que dejará el cargo en verano por las pocas expectativas de renovación después de tres reuniones infructuosas entre Félix Bolaños, Esteban González Pons y el comisario Didier Reynders.